Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

Fallo Judicial histórico sobre la represión en Santa Fe

Procesamiento conocido como "la causa Garzón" en la provincia de Santa Fe
Martes 15 de marzo de 2005.

Tuvieron que pasar treinta años para que un juez de la Nación decida procesar a siete represores de la dictadura, entre ellos a su propio antecesor en el cargo, por "asociación ilícita".

El grupo de tareas que operaba en la provincia de Santa fe en los años de la dictadura se hacía llamar "La Patota". Después de treinta años, el juez de la Nación, Reynaldo Rodríguez decidió procesar a siete represores, entre ellos a su propio antecesor, Víctor Brusa, por "asociación ilícita". "Un pacto criminal que trasciende la comisión de un hecho delictivo", afirmó en el fallo: el primero de este tenor en la provincia y el primero en el país que imputa a un ex juez federal como "participe necesario" de una banda represiva.

Los otros procesados son el suboficial retirado del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa; el ex jefe de un centro clandestino de detención y hoy presidente comunal de San José del Rincón, Mario Facino; dos ex oficiales de Inteligencia de la Policía de Santa Fe: Héctor "Pollo" Colombini; Eduardo Ramos, ex servicio de inteligencia, y dos ex carceleros de Guardia de Infantería Reforzada: Juan Calixto Perizotti y María Eva Aebi. El juez Rodríguez les imputó también otros supuestos delitos: privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormento; decretó la prisión preventiva para todos ellos y les trabó un embargo sobre sus bienes por 5 millones 600 mil pesos, a razón de 800 mil pesos por cabeza (280 mil euros, aproximadamente).

La causa se inició en 2002 por una denuncia del ex fiscal federal y hoy camarista Eduardo Freiler, poco después que Fernando de la Rua rechazara el pedido de extradición de Brusa y compañía a España, donde están acusados por "terrorismo", genocidio y torturas ante el juez Nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Cuando l expediente llegó a la provincia de Santa Fe, Rodríguez fue uno de los primeros jueces del país en declarar la "inconstitucionalidad, invalidez y nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final" y la "imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad". A lo largo de dos años, acumuló pruebas hasta que a principios de febrero ordenó la detención e indagatorias de los sietes imputados.


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