Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

El Supremo argentino anula la amnistía a militares de la dictadura

Podrían reabrirse decenas de investigaciones
Miércoles 15 de junio de 2005.

El Tribunal Supremo argentino declaró inconstitucionales el martes dos leyes de perdón promulgadas en los años 80 que habían dejado fuera del alcance de la justicia a cientos de militares acusados de cometer crímenes atroces durante la última dictadura en el país (1976-1983).

El fallo permitirá reabrir decenas de investigaciones en Argentina y, según los organismos de los derechos humanos, podría llevar a la detención de 300 a 400 militares y agentes de policía, en su gran mayoría retirados.

Un funcionario de la corte, que pidió no ser nombrado, confirmó a Reuters que la decisión se tomó con siete votos a favor, una abstención y un voto en contra.

Así Argentina podría cerrar el círculo que inició en 1985 cuando se juzgó a la cúpula de la dictadura, en un proceso inédito en América del Sur.

Pero tras ese juicio, entre 1986 y 1987, el Congreso aprobó las dos leyes del perdón que eximieron de culpas a los oficiales de menor rango. A esto se sumaron los indultos para la cúpula del gobierno militar que decretó en los 90 el ex presidente Carlos Menem.

"Es un decisión que completa un círculo", dijo sobre el fallo del Supremo el ex ministro de justicia y ex juez Ricardo Gil Lavedra.

"Es una decisión histórica y es de avanzada. Es la primera vez que se han tornado de aplicación directa reglas de derecho internacional. Tiene un valor simbólico muy fuerte", agregó.

Durante la dictadura desaparecieron entre 9.000 y 30.000 personas, entre opositores al régimen y jóvenes sin ninguna actividad política, que fueron torturados y muchos de ellos sedados y arrojados al mar.

"Este fallo es histórico, por fin se ha hecho justicia" dijo con su pañuelo en la cabeza Taty Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo, mientras festejaba la sentencia en las puertas del tribunal.

LEYES

Las leyes de perdón fueron promulgadas en 1986 y 1987 en medio de presiones de las Fuerzas Armadas sobre el entonces presidente, Raúl Alfonsín, pero dejaron en buena parte de la sociedad una sensación de impunidad.

El actual fallo del Supremo se produce después de que en el 2003 el Congreso, con el impulso del actual presidente, Néstor Kirchner, anuló esas normas, permitiendo a jueces federales reanudar algunas causas por represión durante la dictadura que habían quedado congeladas.

Ahora esos procesos reabiertos, en los que ya fueron detenidos desde el 2003 unos 150 militares y oficiales de policía, tienen luz verde para seguir adelante.

Según los cálculos del Centro de Estudios Legales y Sociales entre 300 y 400 hombres más podrían ser detenidos a partir de las nuevas causas que se abran.


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