Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

El hijo de Massera procesado por saqueo de bienes

De tal palo, el juez encontró la astilla
Miércoles 10 de agosto de 2005.

La Justicia dictó el procesamiento, embargó y confirmó la prisión de Enrique Eduardo Massera por la apropiación de los bienes de un grupo de empresarios secuestrados y asesinados por orden de su padre. Es el primer avance judicial sobre la estructura civil de la rapiña dictatorial.

Por Susana Viau para Pagina 12

El juez federal Sergio Torres denegó la eximición de prisión y procesó ayer a Enrique Eduardo Massera, hijo mayor del ex almirante homónimo, por su participación en el proceso de secuestro, desapoderamiento y muerte de los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y Horacio Palma. A los cuatro desaparecidos les fueron arrebatados -entre muchos otros bienes- valiosos terrenos ubicados en la localidad de Chacras de Coria, que luego fueron loteados y vendidos. En los sótanos de la Escuela de Mecánica de la Armada y con la esperanza de poder así salvar sus vidas, los propietarios de esas tierras, valuadas en 16 millones de dólares, fueron obligados a firmar la cesión en beneficio de un grupo de oficiales de la marina que, actuando con seudónimo, legalizaron el despojo.

En 1982, Massera traspasó esos terrenos a Misa Chico, una sociedad que integraban su hermano Carlos, su hijo, el detenido Eduardo Enrique, y Pedro Añon, presidente del Partido por la Democracia Social (PDS), fundado para sostener sus ambiciones políticas. Junto a Massera hijo fueron procesados tres marinos y tres civiles que formaron parte de esa estructura financiera habilitada para la rapiña.

El auto de procesamiento dictado por el juez Torres incluye al ex jefe de operaciones de la ESMA Jorge Perren y a los oficiales navales Eduardo García Velazco y Alberto Eduardo González Menotti, a quienes se ordenó trabar embargo a sus bienes por 1.250.000 pesos. Perren fue encartado en su condición de jefe de los grupos de tareas y, por lo tanto, responsable de la orden de secuestro de los cuatro empresarios; Velasco y González Menotti, en calidad de miembros de G.T. que los detuvo.

Resulta significativo que los procesamientos hayan abarcado, asimismo, a los contadores Susana Esther Venditto de Fiorentino y Domingo Limardo y al cuidador de caballos Aldo Maver. Venditto y Limardo participaron como síndicos y directores de Misa Chico, la sociedad armada por Massera a fines de 1981 para blanquear sus riquezas, cuando, ya fuera de la Junta y de la Comandancia en Jefe de la marina, pensó en continuar la política por otros medios y lanzarse como candidato del PDS.

Maver, un hombre del turf relativamente conocido por los asiduos a Palermo y San Isidro, tuvo en su poder y vendió algunos de los caballos de carrera que le fueron robados al abogado Conrado Gómez.

Por estos hechos habían sido procesados hace casi veinte años el abogado mendocino Manuel Andrés Campoy -a cuyo nombre se puso Will-Ri, el primer eslabón de la cadena de sociedades armada para borrar los rastros del delito- y Oscar Maglie, un teniente de fragata escribano que revistaba como tal en la Prefectura, en el Registro de Buques y protocolizó algunos de los primeros pasos del desapoderamiento. Sin embargo, esos procesamientos quedaron posteriormente sin efecto. De persistir en esa línea de investigación, Torres sería el primer juez que avanza sobre la red civil que colaboró en el enriquecimiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas, a expensas de las propiedades de sus víctimas.

La afirmación de que los militares no estaban solos en esa empresa llamada Proceso de Reorganización Nacional deja así de tener un anclaje ideológico para mostrar su base material. Al emitir su decisión, el juez Torres sostuvo que los Massera padre e hijo tenían, además de la participación accionaria, el "absoluto control" de Will-Ri y Misa Chico. Massera hijo fue considerado partícipe del delito de "privación ilegal de la libertad agravado por haber sido cometido con violencia o amenazas; extorsión y asociación ilícita". El magistrado entiende que existe un cúmulo de testimonios que prueban de manera contundente la "participación" de Eduardo Enrique Massera en los hechos que se juzgan.

Ambiciones que matan

La tragedia que se investiga en los tribunales de Comodoro Py comenzó a principios de enero de 1977 con los secuestros concatenados del abogado Conrado Gómez, en la Capital, en un piso de la avenida Santa Fe, donde también fue capturado un puñado de militantes de la estructura de finanzas de Montoneros, del contador Horacio Palma, en su casa de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, y del octogenario Victorio Cerutti y su yerno Omar Masera Pincolini, en Mendoza. Todos ellos eran propietarios de los restos de una pequeña bodega y de la sociedad Cerro Largo, dueña de los terrenos de Chacras de Coria.

Los cuatro hombres fueron conducidos a la ESMA, centro en el que fueron vistos por algunos de los sobrevivientes que testimoniaron en la causa. Allí, bajo tortura y bajo coacción moral se sometieron a las exigencias navales y fueron entregando sus bienes. Gómez, contaron algunos testigos, abría sus propiedades de a poco, para prolongar el tiempo y continuar negociando su supervivencia. Fue un intento inútil: estaba escrito que no tendrían escapatoria. Los marinos, con falsa documentación, se constituyeron entonces en los nuevos socios, accionistas y directores de las sucesivas sociedades constituidas al efecto.

Pero no todos eran fantasmas y nombres ficticios: un enjambre de escribanos, contadores, abogados prestaron sus nombres para que el almirante pudiera alcanzar sus metas: Venditto, Maglie, Ariel Sosa Moliné, Oscar Cédola y la actual jueza en lo contencioso administrativo Emilia Marta García, quien tiene congelado un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura y por sus fueros no puede ser convocada ante el tribunal. En 1983, siendo ya evidente que el sueño presidencial del ex almirante era sólo eso, un sueño, los socios de Misa Chico simulan vender nuevamente los terrenos de Chacras de Coria y utilizan para ello el "know how" aportado por Guardia de Hierro que facilita, asimismo, algunas de las sociedades comerciales de las que disponía para sus propias actividades financieras. Hace unos meses, al prestar declaración indagatoria, Eduardo Enrique Massera afirmó que habían utilizado su nombre, que al fundarse Misa Chico él era muy joven y que la acusación que se le formulaba "ofende mi inteligencia". Luego de leer su descargo, un funcionario judicial comentó: "Esto lo escuché un par de veces. Una a Vito Corleone, en El Padrino, y otra a Víctor Stinfale".


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