Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

Para terminar con las detenciones de privilegio de los represores

Por Victoria Ginzberg para Pagina 12
Sábado 20 de agosto de 2005.

La Fiscalía de Política Criminal de la Procuración opinó que no hay "fundamento legal alguno" para que los miembros de las Fuerzas Armadas estén presos en bases militares.

"La detención en bases militares de procesados que pertenecen o pertenecieron a las Fuerzas Armadas, hoy sometidos a proceso penal en los tribunales federales por crímenes contra la humanidad, no encuentra fundamento legal alguno." Esta es la conclusión a la que llegó la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación luego de evaluar la situación de los represores que están detenidos en los cuarteles en vez de en cárceles comunes. El informe se enviará a todos los fiscales del país que intervienen en causas sobre violaciones a los derechos humanos.

El dictamen de la Fiscalía de Política Criminal se realizó a pedido del fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón, quien había reclamado que el ex marino Alfredo Astiz estuviera detenido en una cárcel común y no en una unidad de la Marina. Luego de que su pedido no prosperara, Cañón solicitó la opinión técnica de la Fiscalía de Política Criminal.

Esa dependencia analizó el tema y sostuvo que "a las Fuerzas Armadas les está vedado ejercer funciones de custodia y seguridad de los presos a disposición de tribunales ordinarios", ya que se trata de una atribución del ámbito de la seguridad interior y que para cumplir esa tarea existe un organismo especialmente creado a tal fin: el Servicio Penitenciario Federal".

"Es claro que en una base militar no pueden garantizarse las mismas condiciones de seguridad, registro de visitas y control del ingreso de objetos y alimentos, pues su personal no ha sido capacitado para atender a detenidos sin condena en el marco de procesos de naturaleza no militar", se señaló en el escrito.

"Es la primera vez que desde un organismo del Estado se afirma que no se puede aplicar la ley militar. Espero que los fiscales se hagan eco y que planteen lo que tienen que plantear en las causas", aseguró a Página/12 Rodolfo Yanzón, uno de los abogados que en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos reclamó en las causas ESMA y Primer Cuerpo del Ejército que se pusiera fin al beneficio a los represores presos.

Yanzón señaló que la presencia de los detenidos en las bases militares "también es responsabilidad del Poder Ejecutivo, que permite, a través de la utilización de las unidades de las Fuerzas Armadas, la aplicación de la jurisdicción militar y el arresto sin tratamiento penitenciario que implica considerar que estas personas no tienen por qué ser resocializadas".

La Fiscalía de Política Criminal recordó que la jurisdicción militar debe restringirse exclusivamente a hechos que afecten la disciplina de los miembros de las Fuerzas Armadas y que la irregular situación que se da actualmente en las causas sobre violaciones a los derechos humanos sólo se entiende como un resabio de normas antiguas que entendían que los tribunales castrenses podían intervenir en crímenes comunes cometidos por integrantes del Ejército, Marina o Aeronáutica. Por otro lado, los tratados internacionales excluyen específicamente la intervención de la Justicia militar en casos de desapariciones forzadas de personas.

A todos estos argumentos se suma, en el caso de Astiz, que se trata de una persona que ya no pertenece a la Armada, ya que fue destituido por "provocar una actitud inconsulta e irresponsable" después de que se publicara un reportaje en el que afirmaba que era "el hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista".

El juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, mantuvo hasta ahora al ex marino en la base naval de Zárate, porque consideró que era "el lugar adecuado para garantizar su seguridad física y psíquica". Sin embargo, ante el pedido de organismos de derechos humanos, abrió un incidente para analizar los controles de los arrestos domiciliarios y las condiciones de las detenciones en unidades militares que aún no está terminado. Daniel Rafecas, que lleva la investigación sobre el Primer Cuerpo de Ejército, tiene un reclamo similar que en su momento no fue respondido por su antecesor en el caso, Rodolfo Canicoba Corral.

Las cárceles para militares tienen pocos barrotes

Los militares con prisión domiciliaria son autorizados a ir al Círculo Militar. Organismos de derechos humanos reclaman para ellos el mismo trato que para el resto de los detenidos. En el juzgado están revisando la situación.

En menos de veinte días, doce represores detenidos por los crímenes cometidos durante la última dictadura en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército salieron en total, 31 veces de sus lugares de arresto, es decir, de sus domicilios particulares. Entre las escapadas autorizadas por la Justicia hay salidas para ir al médico, pero también figuran muchas visitas al Círculo Militar. Funcionarios judiciales aseguran que se trata de medidas ordenadas por cuestiones de salud y que el juez que se hizo cargo de la causa hace dos meses, está evaluando caso por caso la necesidad de las mismas. "La verdad es que tienen condiciones de privilegio. No es sólo que salen al médico, salen a hacer gimnasia, cuando la podrían hacer en su casa, como mucha gente. Es un carnaval de salidas", afirmó Graciela Daleo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

En la lista a la que accedió Página/12 figuran las salidas realizadas en el mes de noviembre -hasta el día 19- de doce represores que tienen prisión domiciliaria en la causa del Primer Cuerpo de Ejército. El documento está firmado por el coronel auditor Ricardo Gilberto Ferrario, del departamento de Asuntos Humanitarios del Ejército. De acuerdo con esa nómina, por ejemplo, el coronel retirado Ataliva Félix Fernando Devoto, ex jefe del área de la Capital Federal, tuvo permiso para ausentarse de su hogar durante el lapso mencionado en cuatro oportunidades. Una de ellas fue para ir al Círculo Militar del Palacio Retiro, frente a la Plaza San Martín. Las otras tres para ir a la sede de Olivos del Círculo Militar.

Este último sitio es uno de los preferidos por los represores del Ejército. Tal vez por la pileta olímpica, por las nueve canchas de tenis, por la de básquet, las dos de padle o la pista de patinaje. Por lo que sea, el coronel retirado Fabio Carlos Iriart -que fue el jefe de la represión en La Pampa- fue allí cuatro veces en los primeros veinte días de noviembre. El general retirado Héctor Humberto Gamen lo visitó dos veces. Sus otras dos salidas fueron al Sanatorio San Angelus y al Hospital Militar Central.

"Esta es la situación que encontró el juez (Daniel Rafecas) cuando se hizo cargo de la causa. Todas las salidas son ordenadas por los médicos y actualmente estamos convocando a los médicos forenses para que justifiquen personalmente la necesidad de las mismas, cosa que ya habían hecho por escrito, señaló uno de los investigadores del caso. Otros funcionarios que trabajan en el expediente aseguraron que si los médicos argumentan que es indispensable que los acusados salgan a hacer ejercicio, el juez no debe negarse. Agregaron, además, que fueron rechazados reclamos de los militares para asistir a reuniones sociales como el casamiento de un familiar.

Ante esta situación, varios organismos de derechos humanos se quejan de que los militares tienen privilegios que les son negados a otros presos y se preguntan cuánto difiere la vida de estos señores de la que tendrían si no estuvieran detenidos. "Nosotros no pretendemos que sean sometidos ni a la décima parte de las condiciones en las que estuvimos nosotros. No queremos para ellos la horrenda cárcel de Mendoza. Queremos que las cárceles sean dignas para todos los presos y que las condiciones de los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad sean tan estrictas como para el resto de los presos, que cometieron delitos menos graves", señaló Daleo a este diario. La mujer, que estuvo detenida en la ESMA, agregó que "los represores pueden hacer gimnasia dentro de su domicilio, como hace mucha gente" y que con este escenario los militares no están teniendo tratamiento penitenciario. "Lo que tienen es un chofer que los lleva y los trae al Círculo Militar", agregó.

"Más allá de lo tolerable"

Para los organismos de derechos humanos las salidas de los represores de más de setenta años no es el único problema relacionado con las condiciones de detención de los militares. Los que tienen menos de esa edad y por lo tanto no cuentan con la posibilidad de estar arrestados en sus casas, están alojados en regimientos de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Hace un mes y medio la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Jorge Watts -como querellante en la causa del Primer Cuerpo- y siete abogados dejaron una carta en la Casa Rosada en la que se quejaban por esa situación y pedían que los represores fueran llevados a unidades carcelarias.

En el escrito se informó que en "diversas ocasiones tanto el Ejército Argentino, como la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional informaron a los jueces de ejecución y al procurador penitenciario de la Nación que no cuentan con lugares adecuados para alojar a imputados en causas criminales (los informes se produjeron en causas comunes), ya que carecen de los medios necesarios para llevar a cabo imprescindibles y mínimas medidas de seguridad, no cuentan con personal idóneo para ejercer la custodia ni para controlar el ingreso de visitas, alimentos u otros objetos".

Aunque algunos magistrados argumentan que los represores no pueden estar en cárceles comunes por cuestiones de seguridad, algunos de ellos están en prisiones sin mayores problemas. Juan Antonio Del Cerro (alias Colores) está en el Hospital Penitenciario de Devoto. El juez Jorge Ballestero rechazó un pedido para llevarlo a un sanatorio extramuros. Su compañero, Julio Simón (El Turco Julián) está en la cárcel de Marcos Paz.

En La Plata, el juez Arnaldo Corazza ordenó un exhaustivo examen médico y psicológico para el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. Las conclusiones de los expertos fueron que el represor condenado por la apropiación de una menor estaba en "condiciones de cumplir la pena impuesta en una unidad carcelaria que cuente con hospital penitenciario a los fines de su control clínico y bajo condición de que se le suministre la medicación que se le ha indicado para sus diversas patologías".

En el escrito con el que negó a Etchecolatz el beneficio de cumplir la condena en su casa, Corazza señaló que la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años no es una prerrogativa automática sino que su otorgamiento debe ser evaluado por el juez.

"Estamos frente a un individuo que ha cometido los más aberrantes crímenes, ha demostrado un evidente desprecio hacia gran parte de la sociedad, intentando hoy al amparo de su estado de salud acceder al beneficio solicitado”, señaló Corazza en su resolución. El magistrado concluyó: “Va más allá de lo tolerable que Etchecolatz purgue una condena dentro de la comodidad de un hogar. Esto constituiría un evidente e insoportable privilegio respecto de otros condenados de unos pocos años menos de edad, que habiendo cometidos delitos de menor gravedad y padeciendo una salud quebrantada sin llegar a un estado terminal, se ven impedidos de acceder al beneficio".


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