Plataforma Argentina contra la Impunidad
Derechos Humanos

Declaraciones de Adriana Calvo, dirigente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos

Sábado 8 de octubre de 2005.

Hace dos años, el Congreso anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esto dio impulso a las investigaciones sobre los crímenes del terrorismo de Estado y generó la reapertura nuevas causas.

"Hay que tomar medidas jurídicas y políticas para acelerar las causas" Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, plantea los problemas de las investigaciones sobre derechos humanos. Un infructuoso reclamo de audiencia al Presidente. Sin embargo, muchos de esos expedientes no avanzan al ritmo que los organismos de derechos humanos quisieran. Los motivos pueden ir desde la falta de presupuesto a la falta de decisión. Para plantearle esta situación al Presidente, varias agrupaciones pidieron una entrevista con Néstor Kirchner, pero recibieron una respuesta negativa.

"El director general de audiencias nos contestó por escrito que el Presidente tenía una actividad muy intensa y que nos dirigiéramos a la secretaría de Derechos Humanos para pedir asesoramiento. Me parece una falta de respeto. Nosotros somos querellantes, conocemos las causas, no queríamos asesoramiento", señaló a Página/12 Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que, junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, HIJOS y el Movimiento Ecuménico por los derechos del Hombre, entre otras agrupaciones, reclamó la entrevista.

 ¿Qué es lo que le quieren plantear a Kirchner?

 Los problemas que existen. La dilación que hay en muchas causas, la falta de presupuesto de los juzgados que tienen a su cargo estos casos y la necesidad de tomar medidas jurídicas y políticas para acelerar las investigaciones.

 Muchos reclamos tienen que ver con el Poder Judicial. ¿Hay algún reclamo específico para el Ejecutivo?

 Los lugares de detención de los militares: ésa es una atribución del Poder Ejecutivo. El Presidente podría prohibir que los militares de menos de setenta años vayan a instituciones militares. También pedimos la nulidad de los indultos. Pero además, queremos un pronunciamiento y un impulso político. Por la nulidad de las leyes él fue muy clarito. La Corte se enojó, pero él lo dijo.

 Y fue criticado por inmiscuirse en el Poder Judicial.

 No queremos que interfiera. Pero aún así puede pedir que se aceleren los procesos judiciales y que no se demoren a propósito. No me parece que un poder deba abstenerse de decirle a otro que cumpla con su deber. Además, si la Secretaría de Derechos Humanos se presenta como parte en varios juicios, también debería hacer un seguimiento, poner abogados. Y para eso se necesita infraestructura. El juez (Arnaldo) Corazza (de La Plata) nos dijo en una reunión que con los recursos actuales recién en el año 2040 se podría empezar a resolver estos juicios. Y no queremos que la falta de recursos se convierta en una excusa.

 ¿Cuál es su balance sobre el estado de los juicios?

 La nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue muy buena, pero las causas no avanzan al ritmo que esperábamos ni al ritmo que la mayoría de la gente piensa que avanzan. Hay una infinidad de inconvenientes.

 ¿Cuáles son?

 Un problema grave es la Cámara de Casación, que es el principal tribunal penal de todo el país. A pesar del fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad, sigue cajoneando las causas. Con el agravante que ahí está un recurso que es el que interpone (Raúl Enrique) Scheller en la causa ESMA, que tiene que ver con los diez represores que fueron apresados en septiembre de 2003: ya se cumplieron dos años y empezaron a pedir las excarcelaciones, aunque les dieron un año más. Casación es un tribunal proclive a la impunidad de los genocidas. Casi lo han dicho explícitamente. Uno de los jueces es (Alfredo) Bisordi, que nos acusó en un escrito. Casación es un gran problema porque todas las causas tarde o temprano van a terminar ahí. La causa de Campo de Mayo está ahí paralizada y, además, la Cámara de San Martín liberó a los cuatro represores que estaban detenidas en esa causa y anuló la anulación del indulto de Santiago Omar Riveros. La causa ESMA está paralizada en parte, la parte que podría ir a juicio. También hay problemas con algunos jueces o fiscales, aunque no se dan en todas las causas. Hay jueces que directamente no hacen nada, como el juez (Manuel) Blanco, en La Plata, que tiene causas presentadas por varios campos de concentración desde antes de la anulación de las leyes. No las movió mientras no se anularon las leyes, pero tampoco hizo nada en estos dos años. No ordenó una sola detención. Y están los casos como el del enfermero Juan Jeringa Barrionuevo, en la ESMA, a quien dejaron en libertad porque dicen que no se prueba que él haya puesto el Pentotal.

 ¿Hay una dificultad para conseguir pruebas?

 Cachito Fukman (un sobreviviente de la ESMA) le dijo al juez: "Nosotros no le podemos traer a los compañeros muertos". Había solo tres enfermeros en la ESMA. Jeringa era uno, y todos los testigos dicen que los enfermeros eran los que ponían las inyecciones, pero nadie lo vio en el momento. Es absurdo tratar esta causa de esta manera. Y no es una dificultad para juntar pruebas porque, por ejemplo, (el juez Daniel) Rafecas acusó a Rolón de la privación ilegal de la libertad de todos los que estaban en el campo, aunque no haya secuestrado a todos directamente. Es un criterio político y jurídico. Lo explicó el fiscal Félix Crous en una presentación que hizo en La Plata. La persona que todos los días renovaba su compromiso, aunque sea abriendo la puerta de la sala de torturas o llevando prisioneros, tiene que ser castigado. El grado de responsabilidad y si le ponen más o men

DIPUTADOS CERCA DE ANULAR LOS DECRETOS DE PERDON

Que tiemblen los indultos La Comisión de Justicia de Diputados apoyó la nulidad parlamentaria de los indultos a autores de delitos de lesa humanidad. El tema está en la agenda de la próxima sesión ordinaria, pero no es seguro que se vote. Por Adriana Meyer

Gerardo Conte Grand, peronista, y Patricia Walsh, de Izquierda Unida, impulsan el proyecto.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para declarar la nulidad de los indultos a los autores de delitos de lesa humanidad. Es una iniciativa que ya pasó por las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales y que tiene preferencia para ser tratada en la próxima sesión ordinaria. Sin embargo, nadie se anima a asegurar que efectivamente se vote antes de las elecciones del 23.

La propuesta sintetiza los proyectos de los diputados Patricia Walsh, Gerardo Conte Grand, Margarita Stolbizer y Araceli Méndez de Ferreyra. Es un dictamen de consenso que establece que los delitos de lesa humanidad "no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga".

Los diputados no pretenden regular la facultad presidencial de indultar sino utilizar la competencia que tiene el Congreso como cuerpo legislativo sobre los tratados de derechos humanos suscriptos por la Argentina e incorporados a la Constitución. En el primer artículo los legisladores aclararon que los indultos serán nulos "aunque hayan sido dictados con fecha anterior a la promulgación de esta ley". Respecto de esta retroactividad de la norma hubo acuerdo casi total.

Del segundo artículo se desprende que los legisladores apuntan a dejar en manos de la Justicia la última palabra. "La nulidad de dichos actos debe ser resuelta en sede judicial, de modo indeclinable, de oficio o a petición de parte". La intención es dejar el menor espacio posible para la discrecionalidad judicial pero, a la vez, preservar la separación de poderes.

El presidente de la Cámara baja Eduardo Camaño había asegurado a este diario que el proyecto podría obtener media sanción antes de fin de año. Y el justicialista Juan Manuel Urtubey, que preside la Comisión de Asuntos Institucionales e integra la conducción del bloque oficialista, mantuvo conversaciones con el Poder Ejecutivo de modo que cuando el asunto llegue al recinto pueda ser aprobado con facilidad.

El justicialista independiente Conte Grand hizo una breve intervención de cinco minutos y luego se llegó al acuerdo. En los fundamentos, el diputado recordó que el jefe del Ejército Roberto Bendini se había pronunciado a favor de la nulidad de los indultos apenas la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. El argumento consiste en que se generó un desequilibrio al interior de las Fuerzas Armadas en tanto pueden ser juzgados los cuadros bajos y medios, pero persiste el perdón a los altos jefes militares de la dictadura, dictado por el ex presidente Carlos Menem. Con los tres decretos de indulto de 1990 fueron beneficiados 46 represores de alto rango, 38 con los dos primeros y 8 con el último en el cual aparecen los nombres de los condenados durante el Juicio a las Juntas. El diputado macrista Jorge Vanossi mantuvo su disidencia, junto al demoprogresista Alberto Natale.

Conte Grand hizo una proyección optimista sobre la futura votación. "Creo que sale con un 90 por ciento a favor, el kirchnerismo no puede estar en contra y el duhaldismo lo viene apoyando", especuló consultado por Página/12. Walsh, por su lado, comentó que en la reunión de labor parlamentaria de ayer, el radicalismo expresó el apoyo del bloque a la iniciativa.


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