Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

Las detenciones de 295 represores de la ESMA se hacen esperar

Por Victoria Ginzberg para Página 12
Martes 1ro de noviembre de 2005.

Un tercio de los acusados sólo figura con su alias. El fiscal reclamó los legajos de los represores y que se realice una inspección ocular a la ESMA. No habrá detenciones inmediatas.

El fiscal Eduardo Taiano reclamó que se impulse la investigación por 614 víctimas de la ESMA.

El fiscal federal Eduardo Taiano concretó ayer el pedido para que se detenga a 295 represores que actuaron en la ESMA durante la última dictadura y solicitó medidas de prueba para identificar a quienes aparecen en los testimonios de los sobrevivientes a través del alias que usaban en el centro clandestino de detención. “Deberá investigarse si los nombrados organizaron, planearon o ejecutaron las privaciones ilegales de la libertad, las torturas, el sometimiento a condiciones inhumanas de vida, la muerte, el robo, la apropiación extorsiva o fraudulenta de bienes, la apropiación de niños y si intervinieron en la decisión de los ‘traslados’ -es decir, la desaparición de los secuestrados-”, señaló el funcionario.

Tal como anticipó ayer Página/12, la solicitud del fiscal involucra a 256 oficiales de la Armada, 11 del Ejército, 17 miembros de la Policía Federal, seis de la Prefectura y cinco del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, un tercio de ellos no figura en la lista con nombre y apellido sino con el apodo con el que fue identificado por los sobrevivientes de la ESMA. El fiscal pidió que “se diligencien todas las medidas necesarias para conocer la identidad de las personas mencionadas por sus alias o sosías”. Y reclamó otras 44 medidas, entre ellas:

- Que la Armada, la Policía Federal, la Prefectura, el Ejército y el Servicio Penitenciario envíen los legajos de servicios, con fotos incluidas, de los represores identificados y de todo el personal que haya prestado servicios entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 en la ESMA. También pidió un informe detallado sobre todos los efectivos que fueron condecorados en ese período y las razones de la distinción.

- Las fichas personales de los conscriptos que estuvieron destinados en ese sitio durante la dictadura y de los alumnos de la ESMA.

- Las copias certificadas de los libros de entradas, de actas o de guardias en los cuales se haya dejado constancia de los movimientos -ingresos y egresos-, que hayan sido realizados por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas y de seguridad y por civiles. Además, solicitó que se especifiquen los nombres de todas aquellas personas que poseían pases de ingreso o permisos para moverse con libertad dentro del lugar.

- Una inspección ocular en todas las instalaciones del predio y particularmente en el casino de oficiales y en el campo de deportes con la participación de sobrevivientes. Según consta en el escrito, algunos testimonios señalan que en este último lugar podrían haberse incinerado cuerpos de personas secuestradas.

- Que los cementerios de Chacarita, Recoleta, San José de Flores y Vicente López remitan copias de las licencias de inhumaciones y cremaciones de todas las personas que figuren o hayan figurado como NN practicadas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Entre los represores reclamados por Taiano por 614 casos de personas que fueron secuestradas o desaparecidas en la ESMA figuran varios que ya están en prisión, como Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Jorge Radice y Juan Carlos Rolón y muchos otros que siguen libres, como el ex legislador fueguino y enfermero Juan “Jeringa” Barrionuevo y el capitán de navío Miguel Enrique Clements, que fue jefe del Servicio de Hidrografía Naval hasta que fue denunciado por ex detenidos como uno de los integrantes del grupo de tareas que operaba en la ESMA. En ese momento la Armada lo relevó del puesto pero no le dio la baja. El Ministerio de Defensa informó que Clements pasó a retiro hace unos días, a raíz de cambios que hubo en la Marina.

El fiscal también acusó a Ricardo Miguel Cavallo, que está en España a la espera de un juicio oral, y al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que es defensor de varios imputados y que ya había sido denunciado ante el juez Baltasar Garzón por su paso por la ESMA. El pedido de Taiano será ahora evaluado por el juez Sergio Torres, quien debe decidir si hace lugar a las medidas solicitadas por el fiscal, incluidos los arrestos. Desde el juzgado descartaron que se produzcan detenciones masivas inmediatamente.


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