Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

Juicios a los militares en Uruguay

Jueves 1ro de diciembre de 2005.

Defensores de derechos humanos presentan derecho de petición ante la Suprema Corte de Justicia, por presunto prejuzgamiento de uno de sus miembros respecto a la inconstitucionalidad de la proyectada "ley interpretativa de la Ley de Caducidad".

El grupo de abogados defensores de los derechos humanos presentó ayer, martes 29 de noviembre, un escrito ante la Suprema Corte de Justicia, solicitando que ésta se expida sobre la veracidad de la información publicada por el diario El Observador, respecto a la opinión emitida por uno de sus miembros en relación a la futura ley.

El miércoles 16 de noviembre de 2005 el diario "El Observador" de Montevideo, en su página 3, publica el siguiente texto: " Si bien los magistrados consultados por El Observador prefirieron no identificarse, un Ministro de la Suprema Corte de Justicia precisó que será ese organismo el que decida si continúan las investigaciones de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cerrados por anteriores gobiernos. Dijo que si el caso que involucra a un militar fue incluido en la ley de Caducidad y ahora se lo excluye y se lo llama a declarar, es muy factible que ese uniformado plantee un recurso de inconstitucionalidad de la ley interpretativa. El integrante de la Corte prevé que a la Justicia llegarán varios casos de ese tipo y, por lo tanto, los argumentos se van a reproducir en diferentes sentencias. El Ministro recordó que en 1998, la propia Corte por mayoría consideró que la ley de Caducidad es una ley de amnistía "y si es así extingue el delito", por lo que no es posible reabrir el caso".

Los peticionantes entienden que más allá del comunicado que oportunamente emitió el Departamento de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia, ésta debe pronunciarse públicamente, ya sea desmintiendo lo informado, o bien dando a conocer el nombre del Ministro que realizara tales afirmaciones.

El escrito afirma que “ a juicio de los comparecientes, actuar de otra forma significaría o bien avalar una información inexacta o bien coparticipar en el eventual prejuzgamiento en el que podría haber incurrido uno de sus magistrados y, de esta forma, extender las causales de recusación al órgano en su conjunto”.

Los peticionantes solicitan a la Corte, que “en caso afirmativo, indique la identidad del Ministro que se expresara en esos términos”.

El documento lleva la firma de los abogados: Pablo Chargoñia, Walter De León, María del Pilar Elhordoy Arregui, Juan Errandonea, José Luis González, Oscar López Goldaracena, Hebe Martínez Burlé, Javier Miranda, Graciela Romero y Ruben Waisrub.


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