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Los 1500 legajos desaparecidos de la tenebrosa Unidad 9

Sábado 13 de mayo de 2006.

La documentación aporta datos precisos sobre los presos políticos en la dictadura en La Plata. Entre ellos figuran el canciller Taiana y el secretario Legal y Técnico, Zannini.

Más de mil quinientos legajos completos correspondientes a presos políticos de la última dictadura fueron hallados en la Unidad 9 de La Plata. Se trata de documentación que contiene datos precisos de las víctimas y permite reconstruir el circuito que unía los centros de detención clandestinos con las cárceles. Además, aporta los nombres de quienes realizaban las “sanciones” a los detenidos. El material dará un impulso importante a la causa en la que el juez federal de La Plata Manuel Blanco investiga la participación de miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense en delitos de lesa humanidad. En los expedientes hay datos de, entre otros, el canciller Jorge Taiana y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

Los documentos fueron hallados en un cuarto de la Unidad 9 por miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el responsable de población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, Juan Scatolini, que estuvo cuatro años detenido en ese penal. No encontraron el legajo personal del funcionario, pero sí otros miles correspondientes a los años del terrorismo de Estado. Entre ellos, más de mil quinientos son de presos políticos.

El descubrimiento se realizó mientras se buscaba material para la investigación que la semana pasada llevó a la cárcel a más de diez miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y demuestra que al menos en relación con los presos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo nacional, la dictadura dejó minuciosos archivos.

Entre la información que figura en los documentos encontrados -que el gobierno provincial dará a conocer hoy- hay cartas de los presos que nunca fueron entregadas a sus familiares y a la vez, correspondencia para los presos que éstos nunca recibieron. Hasta hoy.

Además, en muchos de los legajos se menciona la “procedencia” de los detenidos, es decir, los centros clandestinos en los que habían estado desaparecidos antes de ser “blanqueados” en las cárceles. También figura la historia clínica de los presos, las “sanciones” y quiénes las infligieron.

El expediente de Alberto Pinto es uno de los que serán más útiles para la investigación. Pinto murió en un hospital de La Plata a causa de los golpes que había recibido en el calabozo. El documento revela quiénes lo sacaron del penal. En otros legajos se pueden leer las causas alegadas para repartir las “sanciones”, a veces insólitas, otras veces caprichosas, pero a la vez sistemáticas. Por ejemplo, un preso fue castigado por “hacer un minuto de silencio” y otro por “tener bombones”.

En la Unidad 9 funcionaron dos pabellones de la muerte, uno para miembros de Montoneros y otros para los del ERP. De allí sacaban a detenidos para asesinarlos como advertencia o represalia ante una acción de esas organizaciones.

El juez Blanco ya cuenta con 226 fichas (dos de ellas ilustran esta nota) que habían sido entregadas a la Cámara Federal platense por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Edgardo Binstock, cuando declaró como testigo ante ese tribunal el 28 de marzo. Pero el nuevo material contiene una información mucho más completa y precisa.

Entre las víctimas cuyos legajos aparecen entre la documentación hallada hay varios funcionarios que estuvieron presos durante la última dictadura: además de Taiana y Zannini, figura el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Félix Schuster.

La semana pasada, Blanco ordenó en esta causa la detención de 14 miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense que trabajaban en la Unidad 9 entre 1976 y 1980: Abel Dupuy, jefe de la Unidad 9 desde diciembre de 1976 hasta junio de 1980, Isabelino Vega, segundo jefe desde diciembre de 1976 hasta abril de 1979, Víctor Ríos, Raúl Rebaneyra, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi, Luis Domingo Favole, Carlos Alarcón, Roberto José Antonio Alvarez, Jorge Luis García, Elbio Omar Cosso y Germán Vázquez.

El juez, además de las fichas de los detenidos y testimonios de las víctimas, también recibió una investigación de la Secretaría de Derechos Humanos provincial en la que se analizaron cientos de legajos de miembros del Servicio Penitenciario. A partir de ese trabajo -que se realizó también en base a información aportada en forma anónima por algunos ex penitenciarios- se detectaron relaciones funcionales con las Fuerzas Armadas así como la participación en cursos de formación e inteligencia dictados por otras fuerzas de seguridad. Además, se encontraron registros de felicitaciones del Ejército y de la Marina dirigidas a integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por su desempeño en la represión ilegal.

La Secretaría de Derechos Humanos comenzó ese trabajo luego de que Página/12 revelara, en marzo de 2004, que el jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense era Ramón Fernández, alias “El Manchado”, un torturador de la U9. Para ese entonces, el fiscal Félix Crous ya había presentado una denuncia penal por los crímenes cometidos en la Unidad 9 durante la última dictadura. Luego, la Secretaría de Derechos Humanos provincial detectó que Fernández no era el único alto funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense que había sido miembro de la patota de la Unidad. Como consecuencia de esos hallazgos se intervino el organismo y pasaron a disponibilidad 25 penitenciarios de jerarquía.

Los legajos de Sierra Chica

Se trata de 800 expedientes. También se hallaron 300 nuevas carpetas de la U9, que se suman a las recuperadas la semana pasada.

El legajo de Juan Carlos Dante Gullo, detenido en abril de 1975

La Unidad 9 de La Plata no fue la única cárcel en la que se conservaron los legajos de los presos políticos de la última dictadura. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el hallazgo de, al menos, 800 documentos en el penal de Sierra Chica. Entre los expedientes están los del ex legislador porteño Eduardo Jozami, el presidente de Astilleros Río Santiago, Julio César Urien; el dirigente kirchnerista Juan Carlos Dante Gullo y el hermano del Che, Juan Martín Guevara de la Serna. Además, se recuperaron 300 nuevas carpetas de Unidad 9, en este caso, correspondientes a personas que fueron detenidas antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Los legajos estaban en una de las oficinas de archivo del penal y fueron recuperados por integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Justicia, a cargo de Eduardo Di Rocco.

A partir del hallazgo de más de 1800 expedientes de la Unidad 9 -que Página/12 publicó el lunes- el gobernador Felipe Solá ordenó profundizar la búsqueda en ámbitos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Así, según informó el gobierno provincial, se preservaron lugares en los que se guardaba antigua documentación dentro de las unidades de Sierra Chica, San Nicolás, Bahía Blanca, Mercedes y Azul. Ayer se dio a conocer la recuperación de los expedientes de Sierra Chica.

Juan Carlos Dante Gullo, ex líder de la JP, fue detenido en abril de 1975 y estuvo preso hasta octubre de 1983. Fue del primer grupo de presos políticos en ser “alojado” en la cárcel de Sierra Chica. “Era una cárcel dura, muy rara, donde el preso político era un rehén”, relató a este diario.

El sociólogo Ernesto Villanueva también pasó por Sierra Chica, en su caso, después de estar en la Unidad 9 de La Plata. “Me llevaron a fines de 1978, después del Mundial. Empezaron a desmontar la Unidad 9 y nos sacaron de los pabellones de la muerte a raíz de las numerosas denuncias. En Sierra Chica te pegaban, pero no te mataban como en La Plata”, contó.

“Para la gente que no estuvo presa, Sierra Chica asusta porque está hecha antes de que existiera la electricidad. Para que no se limen los barrotes, hay unos chapones por fuera de las ventanas y, cuando los movían, se producía un ruido como de campana”, recordó el sociólogo, integrante de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

“Los espacios inspeccionados contienen una gran cantidad de documentación. En la Unidad 9 hay legajos de detenidos desde la década del 60, libros de todo tipo y hasta hojas sueltas, por lo que llevará un tiempo examinar, registrar y clasificar el material”, señaló el secretario de Derechos Humanos Edgardo Binstock.

Estos nuevos documentos serán entregados a la Justicia, al igual que los legajos de la Unidad 9, que servirán para acrecentar las pruebas que está recopilando el juez Manuel Blanco, quien investiga la participación de miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense en delitos de lesa humanidad. En la Unidad 9 funcionaron dos pabellones de la Muerte, uno para miembros de Montoneros y otros para los del ERP. De allí sacaban a detenidos para asesinarlos como advertencia o represalia ante una acción de esas organizaciones.

Blanco ya ordenó en esa causa la detención de 14 miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense que trabajaron en el penal platense entre 1976 y 1980: Abel Dupuy, jefe de la Unidad 9 desde diciembre de 1976 hasta junio de 1980; Isabelino Vega, segundo jefe desde diciembre de 1976 hasta abril de 1979; Víctor Ríos, Raúl Rebaneyra, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi, Luis Domingo Favole, Carlos Alarcón, Roberto José Antonio Alvarez, Jorge Luis García, Elbio Omar Cosso y Germán Vázquez.


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