Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

Procesan a genocidas de la ESMA

Miércoles 12 de julio de 2006.

Dieciocho represores, encabezados por los ex capitanes Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, fueron procesados ayer por las torturas y secuestros en perjuicio de 175 personas que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar. La mayoría de las víctimas sigue desaparecida desde entonces.

Los procesamientos alcanzan además a un civil, Néstor Savio; a un coronel retirado del Ejército, Roque Martello; y a un ex integrante de la Policía Federal, Ernesto Frimón Weber. El resto, todos marinos retirados, son Oscar Montes, Pedro Santamaría, Luis María Mendía, Manuel García, Jorge González, Francisco Rioja, Guillermo Corbetta, Jorge Perrén, Antonio Pernías, Alberto González, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón y Víctor Cardo.

Actuaron con total impunidad

La medida incluye a Astiz, Acosta y Pernías. Se dictaron embargos que alcanzan los 175 millones de pesos. Todos están presos.

Los hechos ilícitos investigados en esta causa no resultaron producto de una decisión solitaria, sino que son consecuencia de un modo de acción que los comandantes resolvieron y fueron ejecutados confluyendo una compleja gama de factores que involucró a personal militar y a toda la estructura y logística de la Armada”, señaló el juez federal Sergio Torres al procesar a los represores Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta y otros 16 miembros del grupo de tareas de la ESMA. El magistrado analizó 175 casos de víctimas de la dictadura y embargó a los acusados con sumas que llegan a los 175 millones de pesos.

Además de Acosta y Astiz, los represores que fueron procesados son: Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García, Antonio Pernías, Alberto Eduardo González, Jorge Raúl González, Jorge Perren, Jorge Radice, Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco Cardo, Roque Martello, Ernesto Frimon Weber, Luis María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta. Todos están detenidos.

Los acusados formaron parte del grupo de tareas 3.3/2 que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura y que, según fue ratificado en la investigación judicial, detuvieron ilegalmente, torturaron e hicieron desaparecer a miles de personas que pasaron por allí. “Se encuentra debidamente probado que una vez producido el secuestro y conducida la persona a la ESMA se la sometía sistemáticamente a un interrogatorio acompañado de tormentos (pasaje de corriente eléctrica, golpes, simulacros de fusilamiento, etc)”, señaló Torres.

El juez utilizó como pruebas los legajos de las víctimas de la Conadep y todos los antecedentes que hay de ellas en la Justicia militar o cualquier fuero civil. Además, interrogó a sobrevivientes, familiares y amigos de los desaparecidos e incluyó, entre otros informes y documentos, la causa que instruyó en España su colega Baltasar Garzón.

Martín Gras, sobreviviente de la ESMA, explicó en su declaración que la creación del grupo de tareas 3.3/2 fue apoyada decididamente por el dictador Emilio Eduardo Massera para obtener su propia cuota de poder: “Desde el punto de vista jerárquico organizativo, el GT es el brazo ejecutor del SIN (Servicio de Inteligencia Naval), pero en la práctica realiza sus propias tareas de inteligencia, convirtiéndose paulatinamente en un sector de dependencia directa de Massera, agudizándose las contradicciones políticas con el SIN, cuya jefatura no era considerada ‘masserista’”.

Otros ex detenidos de la ESMA, como Andrés Castillo y Graciela Daleo, aportaron datos sobre la estructura de la patota armada por Massera. Relataron que se establecieron tres sectores: inteligencia, operaciones y logística. Los integrantes del primer grupo eran los encargados de interrogar y torturar a los secuestrados. Los de operaciones, planificaban y ejecutaban las detenciones, robos de autos, saqueos de viviendas y otras maniobras. Los miembros de logística eran los que se ocupaban del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del grupo de tareas.

Durante la investigación, Torres pudo probar más de ciento cincuenta casos de personas que fueron privadas de su libertad, trasladadas a la ESMA y sometidas a tormentos para posteriormente ser liberadas o eliminadas físicamente. “Los responsables de estas actividades actuaron con total libertad e impunidad en cualquier hora del día y en cualquier lugar”, señaló el magistrado.


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