Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

Presentación judicial por la desaparición de 12 ciudadanos gallegos

Miércoles 12 de julio de 2006.

Con apoyo en España, llega a la Justicia la presentación ante el Juez Rafecas la denuncia por la desaparición de 12 ciudadanos gallegos durante la última dictadura militar argentina.

El ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, podría ser investigado por la desaparición de un ex funcionario, el español Juan Carlos Casariego de Bel. Su caso, revelado por Clarín, aún no fue esclarecido, pero su familia sospecha que ex el ministro pudo haber tenido participación o complicidad en su secuestro.

El martes 18 de julio, el caso Casariego de Bel junto al de otros once desaparecidos de origen gallego será presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, en la causa en la que se investigan violaciones a los derechos humanos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

La presentación será durante una audiencia con el juez, donde se entregará un escrito encabezado por Francisco Lores y Manuel Campos Janeiro, presidente y vice de la Federación de Asociaciones Gallegas de la Argentina. Allí pedirán ser tenidos como querellantes, se darán detalles de los 12 casos de ciudadanos de Galicia o descendientes de gallegos que desaparecieron en el área controlada por el Primer Cuerpo, y se solicitará la detención inmediata de los acusados.

Luis Fernández Ageitos, de la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina, explicó a Clarín que “debe haber unos 90 casos registrados de desaparecidos de origen gallego en nuestro país, de un total de 600 españoles, pero sólo estos 12 casos pertenecen a la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército”.

Además de Casariego de Bel, figuran en la presentación: Ernesto Fernández Vidal, Ramón García Ulloa, Dolores del Pilar Iglesias, Manuel Souto Leston, Urbano López Fernández, Manuel Gómez Aguirre, Jaime Emilio Lozano Nieto, Inés Olleros, Miguel Angel Castiglioni Cornes, Alberto Horacio García López, y Alicia Raquel D’ambra Villares.

El caso de Casariego de Bel involucra al ex ministro Martínez de Hoz, actualmente imputado en una causa por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim. En esta causa el Gobierno pidió la nulidad del indulto contra Martínez de Hoz.

María Casariego de Gainza, hija del funcionario desaparecido en junio de 1977, también planea sumar el caso de su padre a esta causa, para que la Justicia investigue la posible participación o complicidad del ex ministro y del secretario, Guillermo Walter Klein. “Si bien no tenemos una prueba directa sobre la participación de Martínez de Hoz -dice-, hay elementos de peso en favor de esta hipótesis: uno es la negativa del ministerio a intervenir ante la desaparición de uno de sus principales funcionarios; la otra es que al mes se nombró a un director interino, que firmó negociados que mi padre rechazaba, como el caso Italo”.

La presentación que se realizará el 18 en el juzgado de Rafecas fue anunciada el viernes en Vigo, España, en una conferencia en la sede de la Confederación Intersindical Gallega (CIG). Participaron Francisco Lores, presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la Argentina; Fermín Paz, secretario de la CIG; Luis Pérez Leira, del departamento de Migracion de la CIG, y Gustavo García, abogado de la CIG en el juicio de Madrid contra los delitos de genocidio cometidos en la Argentina.

Estas entidades solicitan también que el Parlamento gallego constituya una comisión de investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina contra ciudadanos gallegos y sus familiares. También se solicitó a la Junta de Galicia que, a través de su presidente, presente una querella institucional y dé asistencia jurídica a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.

Por último, pidieron que Galicia solicite a la Argentina amplia información sobre las circunstancias de las desapariciones y asesinatos de los ciudadanos gallegos y sus familiares.

La comunidad autónoma de Galicia está gobernada ahora por el Partido Socialista, que el año pasado logró desplazar al gobierno conservador de Manuel Fraga Iribarne.

Desde Argentina, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) participó en la elaboración de la querella. Adriana Calvo, de la AEDD, explicó que desde la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos se impulsó en Buenos Aires y La Plata un espacio que se llama “Justicia Ya” “que reúne a organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, sociales y políticas, interesadas en participar en las causas”. “Todas las organizaciones tienen el derecho y el deber de reclamar por sus desaparecidos”, señaló.


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