Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

Impunidad en La Pampa

Miércoles 9 de agosto de 2006.

Selección de diversas noticias que se publicaron en la prensa argentina durante 2005/2006 que dan cuenta de la represión de la dictadura militar en La Pampa.

Diario "La Arena", de Santa Rosa, 5 de julio del 2004

La última dictadura militar desató una terrible represión ilegal contra todos las personas y agrupaciones que consideró “subversivas” y para ello no sólo contó con la terrible maquinaria del terrorismo de Estado sino también con una justicia adicta y puesta al servicio del denominado Proceso. Para conformarla, no sólo se dejó cesantes a jueces que habían estado en funciones hasta el 24 de marzo de 1976, también se detuvo a magistrados y funcionarios judiciales tanto del fuero ordinario como federal. En La Pampa, la Subzona 14 ya tenía sus objetivos señalados y al menos dos jueces fueron víctimas.

Para las Fuerzas Armadas, la lucha antisubversiva que cayó en sus manos octubre de 1975 con los decretos del gobierno de la presidenta Isabel Perón y se desató con toda sus furia con el golpe militar al año siguiente tenía un obstáculo dentro del orden democrático que les impedía avanzar más allá de lo constitucional: los jueces demasiados “permisivos” que pedían garantías y pruebas ante cada detenido sospechoso de estar vinculado a organizaciones armadas o para avanzar sobre determinados grupos políticos.

En La Pampa, apenas asumido el gobierno de facto el 24 de marzo de 1976, la dictadura militar cambió a todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia y nombró a otros magistrados que juraron por los estatutos del denominado Proceso. El 21 de mayo asumieron Julio César Noya, Cármen Elena Inchaurraga -que ya había estado durante el gobierno de Onganía- y Jorge Peri -que renunció en octubre y lo reemplazó Edgardo Sicouly-.

EN LA JUSTICIA FEDERAL

El lugar más sensible para los hombres de la Subzona 14 para tener de su lado a un juez procesista fue en la justicia federal. Desde mediados de 1975 ocupaba el cargo en Santa Rosa el abogado Juan de Dios Uncal, venido de la provincia de Buenos Aires. El juez no fue de la simpatía de los militares y policías. Fue uno de los “permisivos” que ante cada caso que se le presentó aplicó la ley y dejó en libertad a los detenidos cuando no había pruebas consistentes. Cabe señalar que los detenidos a disposición del PEN en noviembre y diciembre de 1975 no estaban bajo su responsabilidad.

En una de sus salidas, que le restó puntos con los procesistas, Uncal se enfrentó públicamente a fines de noviembre de 1975 a través del diario La Reforma con el fiscal federal José Páez de la Torre quién aseguró que en la provincia había “extremistas” y mencionó varios casos sin pruebas o que podían ser delitos comunes pidiendo “mano dura”. En otra carta pública, Uncal reprendió al fiscal. Este juez fue detenido horas después del golpe por un delito común y permaneció por varios años presos. Se lo acusó -ver expediente 253/78 del Juzgado Federal- por cohecho, ya que, según quienes instruyeron la causa, había intercedido a favor de un detenido en 1975.

No fue el único que cayó: en la redada al Juzgado Federal fue aprehendido el fiscal Osvaldo Néstor Vega, quién sufrió apremios ilegales y estuvo varias semanas detenido, y algunos otros empleados.

El 31 de marzo de 1976 comenzó a subrogar a Uncal el abogado Walter Lema, secretario de ese tribunal y hombre que había reprimido con la mayor severidad cualquier caso que se pudiera confundir con “subversión” en La Pampa. El 21 de mayo, Lema fue electo juez federal titular y quedó en el cargo hasta finalizado el denominado Proceso. Todas las causas de violación a la ley antisubversiva 20.840 pasaron por sus manos y las del funcionario Pedro Perotti.

EL JUEZ DE ACHA

Otro de los jueces que fueron detenidos en forma ilegal y sometidos a tormentos fue José Juan Osvaldo Brouwer de Koning, un abogado cordobés descendiente de holandeses. Había llegado a la provincia en 1964 y su ingreso a la justicia fue como fiscal hasta 1968 que perdió su puesto cuando el Poder Judicial fue intervenido. Nuevamente instalado en Córdoba, fue convocado por el gobernador Aquiles José Regazzoli en 1973 para ocupar el cargo de juez de Primera Instancia en General Acha. Había nacido en 1937 y tenía un hermano menor que era médico en Jacinto Arauz desde el ’73. En el ’76, su hermano Gustavo también fuedetenido cuando la Subzona 14 ocupó esa localidad y perdió su puesto como profesor del colegio José Ingenieros.

Brouwer de Koning fue arrestado el 28 de marzo de 1976 y permaneció en la Unidad Penal 4 hasta el 4 de mayo que recuperó su libertad y se trasladó definitivamente a Córdoba. El ex juez relató que “nunca me dijeron por qué me detuvieron, tal vez por mis vinculaciones con el reformismo católico. También me largaron sin darme explicaciones”. “No hubo para mí torturas físicas, pero si psicológicas: sufrí varios simulacros de fusilamientos. Eran fuera de la cárcel (mientras estaba en la Seccional Primera), no sabíamos donde”, aseguró. A pesar de sus vinculaciones con la iglesia, era considerado un “comunista” por sus captores.

JUSTICIA ORDINARIA

En 1977 hubo otro caso donde se detuvo a tres funcionarios judiciales que fueron arrestados por la Subzona 14 y estuvieron al menos 41 días detenidos en forma ilegal. Eran secretarios de los Juzgados de Instrucción y Correccionales -eran dos en ese momento-, y según uno de los presos, motivó que en octubre de ese año renunciara el titular del número 2, Ademar Durigón, dato que no pudo ser confirmado por los autores de esta nota si bien el alejamiento existió.

Los presos fueron Alvarez, Nevares y Villanueva y de acuerdo a fuentes judiciales que actuaban en el momento, la causa habría sido porque “impedían” la labor de la Subzona 14 con “burocratismos”. De estos tres, Villanueva hacía varios meses que había trasladado de la justicia penal a otro sector y fue detenido por error, por lo que, tras su captura, los represores de la Subzona 14 “no sabían que hacer con él”, indicó una fuente.

Sobre la justicia procesista se pueden aportar más datos. Los informantes han hablado con los autores de un fiscal que pidió ingresar a las sesiones de torturas y las presenció. También hay que mencionar a un ex miembro del STJ que había renunciado en octubre de 1974, Alejandro Alejandro Eduardo Marco Ghigliani. Nombrado por el gobernador Regazzoli, tuvo que alejarse como presidente de la Corte pampeana por presiones de la rama gremial y continuó su carrera como investigador en la UNLPam. En noviembre de 1975 fue detenido por la Subzona 14 y trasladado en avión el 28 de ese mes a Devoto donde permaneció por meses preso.

Norberto G. Asquini Juan Carlos Pumilla

El doble papel de algunos de los colaboradores de la dictadura en La Pampa - por Marcelino Acosta

En la provincia de La Pampa al igual que en el resto del país muchos colaboradores de la dictadura cumplieron una diversidad de “tareas”, a tal punto que no pocos de ellos aparecen mencionados repetidamente unas veces como simples testigos y otras como victimarios.

También hay que destacar y evaluar el aporte que esos personajes hicieron en sus declaraciones testimoniales denunciando con nombre y apellido y cargos y funciones que desempeñaron aquellos responsables del Terrorismo de Estado y la sucia tarea que éstos últimos cumplieron.

Una de esas facetas la da el testigo—represor José María Leppez, quien desde el año 1976 se desempeñó como empleado en Santa Rosa. En su declaración testimonial del 27 de enero de 1984 en fojas 10 a 12 del expediente 3208/85 (por el cual se investigó parcialmente la represión en la provincia de La Pampa) Leppez dice: “...que conoce en forma directa y personal que en la planta alta del edificio de la Seccional Primera de Policía de esta ciudad en donde funcionaba en los años 1976 y siguiente el Comando de la Subzona 14, se realizaban secciones de interrogatorios y torturas físicas con aplicación de la llamada ’picana eléctrica’ a los detenidos ...”

Y agrega: “...que en esa época recuerda, sin precisar fecha, que se llevaron personas detenidas a las cuales se las denomina “zurdos”, tal la forma en la que los oficiales que estaban en la Unidad Regional los llamaban...”. Sin entrar a detallar la siguiente y particular tortura a la que fueron sometidas las víctimas del terrorismo de Estado es suficientemente elocuente el testimonio de Leppez cuando dice: “...y directamente pasaban horas y hasta días encerrados en el baño de la Unidad que se halla inmediatamente después del pasillo que queda entre la escalera de acceso a las oficinas de la Unidad, es decir, el baño que originalmente se destina para el personal de ’tropa’...”.

Y menciona como testigos a los siguientes policías: Rubén René “Chaleco” Giménez, Domingo Guanchul y Luis Dionisio “El Verdugo” Gualpas. A las siguientes víctimas: un tal Taja; Nery Martínez; Montes de Oca y Sanders Nery Greta. Y los siguientes victimarios: Roberto E. Constantino; Juan J. “Lobo” Amarante; Orlando Pérez; Roberto O. Fiorucci; Omar Aguilera; Juan D. Gatica; Néstor B. Cenizo; Athos Reta; Luis E. Baraldini, Juan H. Savioli; Máximo Pérez Onetto; Carlos Reinhardt, Luis “El Verdugo” Gualpas y el doctor Pedro Perotti.

Aquí hay que tener en cuenta la dualidad de la tarea que realizaba “El Verdugo” Gualpas. Por un lado Leppez lo da como testigo y por otro como victimario cuando dice: “...quien actuaba siempre con los oficiales era el sargento Gualpas y permanecía en la habitación en la que realizaban las secciones de interrogatorios y torturas...”. Y más adelante Leppez dice: “...que desea agregar que sabía presenciar también estas sesiones de interrogatorios el doctor Perotti, que hacía en esa época las veces de secretario del Juez Federal de esta ciudad.”

También como víctima Pozo Grados menciona al doctor Perotti según testimonio del mismo obrante en fojas 114 y 117 y en relación a ello dice: “..que durante su detención en un momento dado tomó conocimiento por intermedio del secretario del juzgado Federal que había sido juzgado por violación a la Ley 20.840 relativa a la Seguridad Nacional...”

Y más adelante la víctima Pozo Grados dice: “...que en dicha causa se les dijo que nombraran abogado o aceptaran el abogado que el Tribunal designase, aceptando esto último, que resultó ser el doctor Perotti, que a su vez quedó reemplazando al juez Lema siendo en esa condición la única vez que fueron entrevistados por un letrado y que fue en 1977 en el mes de enero...”.

¡Qué paradoja! Por los testimonios de los protagonistas se llega a la conclusión de que el doctor Perotti tenía tres tareas: era victimario porque asistía a las torturas; era juez porque ’administraba justicia’ y era defensor de su propia víctima.

Otra prueba de la participación del doctor Pedro Perotti en las torturas, la da el victimario Athos Reta, quien con fecha 10 de enero de 1985 a fojas 2426/27 eleva su defensa y propone como testigos a favor al genocida Ramón J Camps; coroneles Pablo Iriart y Modesto Rosselert; tenientes coroneles Néstor Omar Greppi y Luis Enrique Baraldini; mayor Juan José Amarante y doctor Pedro Perotti.

En relación a este último, Reta, en su testimonio dice: “...el doctor Pedro Perotti, se desempeña en la actualidad en la Justicia Federal siendo su asiento en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires”. Y en el punto 5 del cuestionario que le eleva al genocida Camps, Reta dice: “...sí, el doctor Pedro Perotti, ex funcionario del Juzgado federal con asiento en la capital provincial de La Pampa, estuvo afectado de alguna manera a tareas inherentes a la subzona militar 14....” A un año (entonces) del advenimiento de la democracia conquistada por el pueblo, este victimario que en la dictadura militar ’administró justicia’, continuaba integrando la Justicia Federal.

Otros testigos policiales que fueron conocedores de las atrocidades del Terrorismo de Estado mencionan a Leppez como protagonista en su doble condición como testigo y colaborador. Como testigo es mencionado en fojas 4 y 5 por el policía Carlos Sotelo y a fojas 586/587 por el policía Héctor Ovidio Strack cuando dice: “...quienes también participaban en los interrogatorios de los detenidos, era el sargento Dionisio Gualpas, en tanto una de las personas que trasladaba a los detenidos era el agente Leppez...”.

En fojas 22/23 la agente de policía Nilda Ester Stork dice: “....y como Jefe de la Unidad y de dicha subzona se hallaba el comisario Constantino, otro que sabía estar siempre con ellos era el oficial Lopez, Oscar, a quienes secundaban también los agentes Orlando Pérez, Leppez y el sargento Gualpas, quien era el que más trabajaba con los oficiales ya que hasta presenciaba los interrogatorios a que eran sometidos los detenidos...”.

A fojas 252/254 el victimario Rubén Renee Giménez (Chaleco) entre otras cosas en su testimonio, al respecto dice: “...los ordenanzas José María Leppez y Orlando Osmar Pérez trasladaban a los detenidos antes y después de los interrogatorios...”. Si a la propia Justicia de la dictadura militar le asignó mediante sus “funcionarios” roles tan opuestos a la misma, hay que imaginar con qué nivel de impunidad se manejaron los demás organismos oficiales de la República.

A más de veinte años de la recuperación de las instituciones de la república, los argentinos seguimos esperando la hora de la Verdad para que de una vez por todas se haga Justicia. Porque un país sin Justicia es un país sin futuro.

************************************** LO ACUSAN DE PRESENCIAR INTERROGATORIOS BAJO TORTURA El pesado pasado de Perotti

El actual fiscal del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, Raúl Perotti, fue acusado en 1984 de presenciar interrogatorios bajo tortura en una comisaría de La Pampa. Asegura que lo confunden.

Por Diego Martínez

Un ex empleado de la comisaría 1ª de Santa Rosa declaró que "iba a conversar" con los represores "con posterioridad" a los interrogatorios. Otro, que "sabía presenciar" las sesiones, que incluían torturas con picana eléctrica. Un ex profesor de secundario que padeció años de cárcel dijo que, lejos de defenderlo, "interrogó a alumnos de 13 años presionándolos a que declararan contra mí bajo la amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios". Los tres testimonios constan en la causa del Primer Cuerpo de Ejército que instruye el juez Daniel Rafecas y se refieren a Raúl Pedro Perotti, designado en septiembre de 1976 como defensor de pobres, ausentes e incapaces ante el juzgado federal de La Pampa y actual fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata. Consultado por Página/12, Perotti sugirió una probable confusión de apellidos, afirmó que nunca pisó una comisaría de Santa Rosa y que consiguió liberar a todos los procesados por razones políticas. Días después el semanario pampeano Lumbre despejó cualquier duda: reveló que en 1985 un ex represor, actualmente procesado por secuestros y torturas, incluyó al "doctor Pedro Perotti" entre los testigos que podían dar fe sobre su actuación. El listado lo encabezaba el genocida Ramón Camps y lo integraban los principales responsables de la Subzona 14.

En 1984 el ex empleado de la seccional 1ª de Santa Rosa Héctor Ovidio Strack declaró ante la gobernación pampeana que en la planta alta de ese edificio se realizaban interrogatorios bajo tortura. "Con posterioridad a los interrogatorios, a la planta alta iba a conversar con los oficiales el fiscal del juzgado federal Dr. Perotti", contó. En realidad no era fiscal sino defensor. Ese mismo año, el ex ordenanza de la unidad regional José María Leppez relató que en la seccional 1ª funcionó durante la dictadura el Comando de la Subzona 14, donde "se realizaban sesiones de interrogatorios y torturas físicas con aplicación de la llamada ‘picana eléctrica’ a los detenidos". Un día entró a servir café y vio a un hombre con el torso desnudo mientras le aplicaban picana en el cuello y la cintura. Entre los torturadores reconoció a los comisarios de la policía pampeana Carlos Reinhart, Roberto Constantino y Roberto Fiorucci, procesados en diciembre pasado por decenas de secuestros y torturas. Agregó que "sabía presenciar también estas sesiones de interrogatorio el doctor Perotti, que hacía en esa época las veces de secretario (sic) del juez federal", a quien conocía por haberlo visto "en compañía de Constantino". Lo describió como una persona "más bien alta y de contextura física mediana" y recordó que "allí le llamaban ‘el Loco Perotti’, lo que le hace pensar que tenía una gran amistad o confianza con los oficiales mencionados".

El profesor Carlos Samprón, entonces rector del instituto José Ingenieros de Jacinto Aráoz, relató que en julio de 1976 fue detenido y llevado junto a otros profesores a la comisaría local y luego al destacamento de la policía caminera, donde fueron brutalmente torturados. Tras ocho meses en el penal de Santa Rosa fue citado a declarar ante el juez federal Walter Lema, quien "luego de un interrogatorio franco y abierto" dictó su prisión preventiva en base a la ley 20.840. "Me acusaba de ser el responsable de la subversión ideológica en el sudeste de la provincia", relató. Ante los riesgos que corrían los abogados de presos políticos nombró al defensor oficial Perotti, "quien con su prepotencia, su falta de sensibilidad y su inacción fue cómplice de la situación. Incluso mientras era mi defensor actuó en una ocasión como juez subrogante e interrogó a alumnos de ¡13 años! de la escuela por mí dirigida, presionándolos a que declararan contra mí bajo la amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios". Ante la consulta Perotti negó haber interrogado a menores, dijo que sólo subrogó al juez "en causas tontas" y que logró el sobreseimiento de los profesores detenidos.

Luego de sugerir la posible confusión de apellidos Perotti negó haber sido apodado "el Loco". Minutos después llamó a este cronista para agregar que "seguramente se refieren al defensor que me reemplazó: le decían el Loco (sic) y tenía un apellido similar". Mientras la búsqueda en guías judiciales de la época lo refutaba, en el último número de Lumbre el ex dirigente de ATE Marcelino Acosta, quien durante años investigó el terrorismo de Estado en La Pampa, agregó otro dato contundente: el 10 de enero de 1985, al redactar su defensa para presentar ante la Justicia, el ex represor Athos Reta incluyó a Perotti en una lista de testigos que podían declarar en su favor. "Sí, el doctor Pedro Perotti, ex funcionario del juzgado federal con asiento en la capital provincial de La Pampa, estuvo afectado de alguna manera a tareas inherentes a la subzona militar 14", escribió Reta, quien además aclaró que en esos días Perotti se desempeñaba en la Justicia federal en Morón. "No tengo idea quién es", dijo Perotti a este diario. Reta es un policía retirado de La Pampa, preso desde diciembre por su participación en doce casos de privación ilegal de la libertad y cinco casos de tormento. El listado de hombres honorables que podían dar fe de su inocencia lo encabezaba el genocida Ramón Camps y todos los testigos que ofreció están hoy procesados y presos por su actuación en la subzona 14. Excepto uno: el Loco Perotti, reciclado como fiscal federal, quien ahora deberá darle explicaciones al procurador general de la Nación.

Un fiscal de bajo perfil

Raúl Pedro Perotti nació en Comodoro Rivadavia hace 58 años. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, estudió abogacía en la Universidad Católica de Santa Fe e ingresó como defensor ante el juzgado federal de La Pampa el 6 de septiembre de 1976. Fue fiscal federal en San Martín y en Morón. Desde que se crearon los tribunales orales porteños en 1993 es fiscal de juicio oral. En 1999 pidió tres años de prisión para el diputado Eduardo Varela Cid por exacciones ilegales. En junio de ese año pidió la nulidad de la causa Coppola, la absolución de los cuatro acusados, y requirió al Consejo de la Magistratura que destituyera e investigara al juez Hernán Bernasconi. Igual que el ex juez Guillermo Madueño, quien renunció cuando se conoció su historia de complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, Perotti actuó en dos causas de alta repercusión pública por delitos cometidos durante las dictaduras de los años ’70: pidió reclusión perpetua para el ex agente pinochetista Enrique Arancibia Clavel por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en 1974, y en el 2001 pidió siete años y siete meses de prisión para Ceferino Landa por la apropiación de Claudia Poblete.

La abogada de Abuelas de Plaza de Mayo había pedido 20 años y el Tribunal Oral Federal Nº 5 lo condenó a nueve años y medio de prisión. Como atenuantes, el fiscal consideró “la avanzada edad del matrimonio, su carencia de antecedentes penales y el deterioro de la salud de Landa”. Según el perfil publicado por el diario La Nación tras la absolución de Coppola, Perotti “es un hombre elegante, alto y de buen vestir. En las audiencias habla con voz firme, casi a los gritos. Pero prefiere el perfil bajo”. Es entendible.

********************************************** Perotti fue funcionario en La Pampa durante la dictadura DE SOSPECHADO, A FISCAL EN UNA CAUSA DE DERECHOS HUMANOS

El funcionario actúa en el primer juicio que se desarrolla en Buenos Aires contra un represor. Fue señalado por haber colaborado con la represión ilegal en La Pampa. Una investigación no halló indicios.

El fiscal del juicio oral y público que se realiza con tra el represor Julio "el Turco Julián" Simón, Raúl Perotti, estuvo sospechado de haber colaborado durane la dictadura miliatr con el grupo de tareas que funcionó en La Pampa. Una investigación de la Procuración General que se inició en 2005 y llegó hasta Santa Rosa no halló elementos en su contra.

Perotti fue funcionario judicial en Santa Rosa durane la época del Proceso militar y en el sumario administrativo levantado en 1984 contra los policías represores pampeanos fue acusado por un testigo de presenciar interrogatorios bajo tortura en la Seccional Primera.

El fiscal, que actuó hace algunos años en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata, fue también mencionado en septiembre de 2005 por el diario porteño página 12 como protagomista de estos hechos. Según el informe, Perotti habría sido visto mientras conversaba con los oficiales luego de los interrogatorios y habría presenciado torturas con picana. Además, actó en algunas causas relacionadas con la "lucha contra la subversión" como la de los detenidos en Jacinto Arauz, en julio de 1976.

A fines de marzo pasado, dos comisionados de la Procuración General de la Nación estuvieron en Santa Rosa en misión secreta, en la que tomaron algunas declaraciones y se llevaron expedientes del Juzgado Federal. La investigación apuntaba a dilucidar la veracidad de las acusaciones contra Perotti en relación con la represión ilegal durante los años en que estuvo en La Pampa. Hace algunos días, Página 12 informó en un recuadro que ese trámite administrativo había desechado cualquier responsabilidad.

EL INFORME

En el informe de Página 12 publicado en 2005 se mencionaron tres testimonios que también constan en la causa del Primer Cuerpo de Ejército que instruye el juez federal Daniel Rafecas. En su momento, consultado por el matutino, Pedotti sugirió una probable confudión de apellidos, afirmó que nuca pisó una comisaría de Santa Rosa y que consiguió liberar a todos los procesados por razones políticas.

Entre quienes lo señalaban estaban un ex docente de Jacinto Arauz, detenido en julio de 1976 y dos ex policías. En otra página de la causa administrativa de los ’80, consta que en 1985 el represor Athos Reta, procesado por violaciones a los derechos humanos, al presentar su defensa incluyó a Perotti en una lista de testigos que podían declarar a su favor. Y aclaró que el funcionario "estuvo afectado de alguna manera a tareas inherentes a la Subzona militar 14".

EL JUICIO

Docenas de testigos, sobrevivientes del centro clandestino de detención "El Olimpo", donde fueron torturados y sometidos a todo tipo de vejaciones, están convocados para el juicio oral y público que se realiza en el tribunal Oral en lo Federal 5 y del que participa Perotti. Ahí se juzga al ex policía Julio Simón. Es el primero realizado en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El proceso se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py y finalizará la próxima semana. Simón es juzgado por la aplicación de tormentos y desaparición forzada de una pareja y la apropiación de la hija de los desaparecidos.

Cabe recordar que en el centro clandestino de detención "El Olimpo" estuvo cautiva la santarroseña Lucía Tartaglia y Simón fue uno de sus secuestradores. Según algunos testigos...

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EL CASO POBLETE

El viernes se conocerá el veredicto contra el represor Julio Simón, alias “Turco Julián”. Será la primera sentencia de un tribunal oral por torturas y desapariciones luego de dos décadas de impunidad.

Por Diego Martínez Veinte años, siete meses y 25 días después del fallo que condenó a los máximos responsables del genocidio argentino, el viernes la Justicia volverá a dictar sentencia por desapariciones y torturas cometidos al amparo del Estado terrorista. Se pronunciará en el caso de los secuestros de José Poblete, Gertrudis Hlaczik y la sustracción de su hija Claudia Victoria. Es la causa en la cual el Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y en la que se pronunciaron los primeros fallos en ese sentido: primero el juez Gabriel Cavallo, luego la Cámara Federal porteña y finalmente la Corte Suprema. Lejos de los altos mandos juzgados en 1985, el Tribunal Oral integrado por Luis Di Renzi, Guillermo Gordo y Ricardo Farías fallará sobre la conducta del policía Julio Simón, alias “Turco Julián”, símbolo de los torturadores autóctonos no sólo por su perversidad sino por ufanarse en televisión de su trabajo sucio en los centros clandestinos Club Atlético, El Banco y El Olimpo.

“El criterio general era matar a todos”, explicó Simón en 2000 en Canal 13. Seis años después, ante un tribunal con plenas garantías prefirió no hablar, pero no pudo evitar escucharse. “Participé en frenar la guerra asesina que nos traían del exterior”, dijo. “Supongo que se nos eligió por aptitudes”, se vanaglorió. Se diferenció de los burócratas “de las oficinas donde supuestamente (sic) tomaban las decisiones”. Ellos “no convivían con los detenidos, leían carpetas pero no interpretaban. Vedarle la libertad o darle muerte a una persona es algo muy cruel. Nadie quería estar con el detenido porque no había capacidad de excluirlo del destino final. Hacían lo más fácil: ponían ‘DF’. Todos se lavaban las manos”, explicó. Los sobrevivientes que declararon ante la Justicia demostraron que no fue su caso. “Julián era el encargado de la bienvenida”, recordó Enrique Ghezán. “Me golpeó con los puños, cadenas, rebenque y después me tiraron agua con sal”, contó Susana Caride. “Era capaz de pegarle a una persona y al rato tomar mate. ‘Sos una montonera hija de puta’, decía, y al rato ‘tomá un puchito, ¿por qué estás mal?’”, relató Graciela Tro- tta. Cuando Mónica Brull, ciega, llegó al Olimpo, un represor le advirtió a Simón que estaba embarazada. “Fulana estaba de siete meses y no le pasó nada”, le respondió. A Mario Villani le aclaró: “Esta es mi casa”. Jorge Taglioni lo vio dormir “en la parrilla donde nos picaneaba”. Se paseaba “con una bandera nazi en el brazo”, contó Taglioni. Julio Lareu recordó “las marchas nazis para amedrentar a los judíos”. A Tita Sacolasky la obligó a cantar el himno durante toda una noche. No se salvó ni el perro de una pareja, “al que pasaba, lo pateaba y decía ‘perro judío’”. Tampoco faltaron relatos sobre asesinatos. Villani recordó a “un muchacho maestro, judío y comunista”. Lo vio atado a unamesa y a Simón con un cable de 220 voltios en la mano y un palo de escoba en el ano de su presa. Cuando le ordenaron liberarlo dijo “menos mal que se murió el judío de mierda, si no tenía que soltarlo”. Isabel Fernández Blanco recordó el caso de Mario Romero, a quien “tirado en el piso el Turco le pega de una forma brutal. Lo escuchan todos. Al otro día nos enteramos de que había muerto”. El ex gendarme Omar Torres, guardia de El Olimpo, recordó que “muchos no aguantaban la picana. Los dejábamos bien y los sacábamos destruidos o muertos”. Quien “siempre venía por las noches era el Turco Julián. Lo acompañaba un perro policía y la botella de whisky. Parece que necesitaba tomar coraje para torturar”.

Simón no ocultaba su capacidad para decidir la muerte ajena. Tres testigos recordaron que antes de ser liberados les ordenó que se levantaran la venda y lo miraran. “Soy el Turco Julián -arrancó-. Estamos cerca de Navidad, del nacimiento de Dios. Acá nosotros somos Dios, decidimos la vida y la muerte, y en función de la Navidad les vamos a perdonar la vida a ustedes, que son perejiles, para que sean testimonio del horror que pueden pasar los que atenten contra nuestra forma de vida. Los liberamos pero son boletas caminando. Y de los que no están acá, olvídense”. A Elsa Lombardo le advirtió “perdonamos la vida una sola vez”.

Adriana Trillo recibió la última visita días antes de la asunción de Alfonsín. “Viene la democracia pero no se olviden: vamos a estar siempre”. Cuando Tita Sacolasky lo vio en un bar y le preguntó: “¿Te acordás de la judía de mierda?” Simón retrucó: “¿Quién creés que te dio la libertad?”. A pesar de los 28 años transcurridos ninguna de estas atrocidades será condenada aún.

¿Qué se juzga?

José Poblete y Gertrudis Hlaczik, militantes de Cristianos para la Liberación, fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1978. José era chileno. Había perdido las piernas a los 16 años cuando lo atropelló un tren. Antes de viajar a rehabilitarse creó la Escuelita para el Niño Trabajador, donde enseñó a leer y escribir. Aquí impulsó el Frente de Lisiados Peronistas, que en 1974 consiguió una ley que obligó a los patrones a emplear un cinco por ciento de discapacitados. Trabajando en Alpargatas conoció a Gertrudis, estudiante de psicología dos años menor.

En El Olimpo lo bautizaron Cortito y le sacaron la silla de ruedas para que caminara con los muñones. Simón lo obligaba a pelear a puño limpio. “Sentía especial felicidad en fomentar ese circo romano”, recordó Trotta. Un día los hicieron formar “una pirámide de hombres desnudos y arriba el Cortito, parado con las manos cual piedra movediza mientras ellos aplaudían”, contó Taglioni. “Se aprovechaba toda debilidad y ser lisiado lo era”, explicó Villani. Para peor “Gertrudis era muy bonita, con el estereotipo alemán, y no podían entender que un lisiado pudiera ser su pareja”, dijo Ghezán. Jorge Robasto vio por la mirilla cuando “arrastraban a Gertrudis desnuda, de los pelos, a la sala de torturas”. Isabel Cerrutti recordó que “a Gertrudis la hicieron boxear con otra chica. Si no se pegaban lo suficiente (nunca era suficiente) las golpeaban los represores”.

Trotta cuidó durante un día a Claudia Victoria en la enfermería de El Olimpo. “Colores y el Turco me dieron la bebé”, declaró. Luego prometieron llevársela a los padres de Gertrudis, quien escribió una carta con consejos que nunca llegó a destino. Varios escucharon a Julián confirmándoles la entrega. La noche de Navidad Gertrudis pudo llamar a su casa. “Simón la llevó al teléfono”, afirmó Cerrutti. Cuando preguntó por la nena le cortó. “Hay cuestiones que es mejor no preguntar”, le dijo. Gertrudis se desesperó. “Tal vez me equivoqué de casa pero quédense tranquilos que la vamos a rescatar”, prometió Simón. A fines de enero de 1979 se los vio por última vez. Claudia Victoria recuperó su identidad en el 2000.

Las querellantes Carolina Varsky por el CELS y Alcira Ríos por la familia Poblete calificaron los hechos como delitos de lesa humanidad y pidieron 50 años de prisión, pena máxima según el ordenamiento penal vigente. El fiscal Raúl Perotti (aún con sumario abierto en la Procuración por presenciar torturas en La Pampa en sus tiempos de defensor oficial e insuperable a la hora de confundir personas, rebautizar organizaciones, formular preguntas incomprensibles o ya respondidas) pidió 24 años y medio, seis meses menos de la pena máxima vigente en 1978. Invocó como atenuante en favor de Simón su “carencia de antecedentes”.

La segunda incógnita que se develará el viernes, además de la pena, será si el represor hablará antes del fallo. A sus víctimas solía decirles: “Levántense los tabiques, no tengo problema que me miren porque cuando se dé vuelta la historia no voy a tener problema en mirarlos”, recordó Cerrutti. Tres décadas después hubo que interrumpir dos veces la lectura de la acusación para que fuera al baño y tras la tercera audiencia prefirió no seguir escuchando los padecimientos de sus víctimas.

************************************************** Página 12, 31 de Julio de 2006

La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos exigió el inmediato relevo del fiscal Raúl Pedro Perotti -encargado de sostener la acusación penal en el juicio oral contra el represor Juan Simón, alias “Turco Julián”- sobre quien pesan denuncias de haber participado de torturas en la Seccional 1ª de Santa Rosa, La Pampa, durante la última dictadura militar. La Asociación, junto con las demás organizaciones que integran el espacio “Justicia YA”, está recopilando toda la información sobre la actuación de Perotti durante la dictadura y reclamará al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, la separación inmediata de Perotti de su cargo y el inicio del sumario correspondiente. Perotti pidió para Simón sólo 24 años de cárcel por considerar que el torturador -reconocido por decenas de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención Azopardo, Club Atlético, El Banco y Olimpo- merecía atenuantes debido “a su edad, a que carece de antecedentes penales y a que es padre de tres hijos”.

Diario La Arena, Santa Rosa, La Pampa, 1/08/2006 EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS ACUSAN A FISCAL POR TORTURAS EN LA PAMPA

Reclaman que aparten a Perotti de juicios La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos reclamó a la Procuración General que separe al fiscal Raúl Perotti, que interviene en los juicios contra represores de la dictadura, por su actuación durante el Proceso en La Pampa.

REDACCION

La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) exigió al Poder Judicial el inmediato relevo como fiscal de Raúl Pedro Perotti, sobre quien pesan denuncias de haber colaborado en las torturas cometidas durante la dictadura militar en la Seccional Primera de Santa Rosa.

A través del boletín electrónico de la entidad que agrupa a personas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos de detención durante el Proceso, la AEDD indicó que “los testimonios que lo acusan obran, según fue publicado en Página 12 en septiembre de 2005, en la causa del Primer Cuerpo a cargo del Juez Daniel Rafecas”.

Actualmente, Perotti es el fiscal del juicio que se lleva adelante contra Julio Simón, apodado “El Turco Julián”, un represor que actuó en jurisdicción de la Capital Federal. El viernes le será dictado el veredicto por el secuestro de un matrimonio y su desaparición y la apropiación de su beba. Torturas.

El fiscal, que podría actuar en otras causas similares ocurridas en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, fue funcionario judicial en La Pampa en tiempos de la dictadura militar y durante la investigación que se realizó en 1984 sobre la responsabilidad de los oficiales de policías que intervinieron en la represión ilegal en la Subzona 14 fue mencionado al menos dos veces como participando de las torturas que se realizaron a presos políticos en la comisaría santarroseña.

La AEDD precisó que a pesar de que estas denuncias “fueron públicas, así como otras similares que se hicieron en el diario LA ARENA de Santa Rosa, la Procuración General de la Nación no sólo no lo ha relevado de su cargo sino que ha permitido que Perotti actúe como fiscal en el juicio oral y público contra Julio Simón, alias el ‘Turco Julián’, en el que pidió solo 24 años de cárcel por considerar que el torturador -reconocido por decenas de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención Azopardo, Club Atlético, El Banco y El Olimpo- merecía atenuantes debido a su edad, a que carece de antecedentes penales y a que es padre de tres hijos!”.

Investigado.

En 2005 la Procuración General inició un sumario contra Perotti, pero en marzo no se continuaron las investigaciones porque no se habrían encontrado elementos contra el funcionario judicial. La Asociación informó que junto con otras organizaciones que integran el espacio Justicia YA, están recopilando toda la información sobre la actuación de Perotti durante la dictadura y reclamarán al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, la separación inmediata de su cargo del fiscal y el inicio del sumario correspondiente.

Perotti, de continuar como fiscal, podría ser la parte acusadora en el juicio contra los doce represores pampeanos, con quienes habría colaborado en la represión clandestina en los ’70.

Acusan a Funcionario de chantaje

El actual fiscal federal porteño Raúl Perotti está mencionado por varios testigos del sumario administrativo levantado en 1984 contra los militares y policías que integraron la Subzona 14 como una de las personas que colaboraron con la represión clandestina. Estos testimonios están incluidos en la Causa del Primer Cuerpo del Ejército que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas y que fueron tomados por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos para pedir que sea apartado de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso.

No son los únicos testimonios que apuntan contra la actuación de Perotti en La Pampa, donde también fue defensor en el Juzgado Federal de Santa Rosa y llegó a ser juez subrogante.

Aunque nunca trascendió públicamente, también fue mencionado por el familiar de una víctima pampeana del terrorismo de Estado en un caso de supuesto pedido de coimas o chantaje.

El testigo, que no quiso hacer la denuncia ante la justicia pero confió el caso a los autores durante una entrevista, indicó que durante la dictadura militar un pariente suyo fue muerto por el Ejército durante un enfrentamiento ocurrido fuera de la provincia. Poco después ellos pudieron recuperar el cuerpo que fue inhumado en La Pampa.

Durante los trámites administrativos realizados por la familia para que los restos del joven pudieran ser rescatados y trasladados a la provincia, una secretaria de Perotti le hizo llegar la proposición al testigo de que debía pagar determinada suma de dinero para acelerar o concretar la tramitación para la entrega del cuerpo. La familia accedió a los restos del joven muerto por el Ejército, aunque no le pagó al funcionario. **********************************************

Extracto de la Memoria 2005 del CELS, completo en

memoria.cels.org.ar/wp-content/uploads/2006/06/Informe2005_capitulo1_memoria.pdf -

3.4.3 La denuncia contra el Fiscal Perotti Otro funcionario denunciado fue Raúl Pedro Perotti, fiscal titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente cumple funciones como Fiscal General Subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. En la causa judicial en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del I Cuerpo del Ejército el periodista Diego Martínez encontró información sobre la supuesta participación de Perotti en la trama de complicidad política y judicial que hizo posible el accionar del terrorismo de Estado en la Provincia de La Pampa.

En declaraciones testimoniales de diversas personas se vincula al entonces defensor oficial ante el juzgado federal de la Provincia de La Pampa, doctor Perotti, con las sesiones de tortura que se llevaban a cabo en el primer piso de la Seccional Primera de la policía provincial, donde funcionaba el Comando de la Subzona 1.4. Así, un radiooperador de la Seccional primera de la ciudad de Santa Rosa declaró que Perotti iba a conversar con los represores con posterioridad a los interrogatorios.

Otro, funcionario afirmó que Perotti presenció sesiones de torturas en el mismo lugar.

Por su parte, Carlos Samprón, rector del Instituto Secundario “José Ingenieros” del pueblo de Jacinto Aráuz, relató que fue detenido en julio de 1976 y llevado al destacamento de la policía caminera, donde fue torturado. Tras ocho meses en el penal de Santa Rosa fue citado a declarar ante el juez federal Walter Lema y, debido a los riesgos que corrían los abogados de presos políticos, decidió nombrar al defensor oficial Perotti para representarlo en el proceso en su contra. En su declaración el profesor afirmó que Perotti, lejos de defenderlo, interrogó a sus alumnos de trece años presionándolos para que declararan contra él, bajo la amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios.

Ante esta información el CELS presentó una carta ante la Procuración General de la Nación en la que se solicitó la apertura del sumario y, en caso de comprobarse la veracidad de la información, se proceda a su remoción del Ministerio Público Fiscal. Pocos días después la prensa también informó que Athos Reta, quien actualmente se encuentra procesado en el marco de la causa del I Cuerpo del Ejército, el 10 de enero de 1985 al redactar su defensa había incluido a Perotti en una lista de testigos que podían declarar en su favor.

Actualmente la Procuración se encuentra investigando los hechos denunciados.

51 Página/12, “El pesado pasado de Perotti”, 12/9/5.


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