Plataforma Argentina contra la Impunidad
Derechos Humanos

Los derechos humanos en la gestión Kirchner

Temas de debate
Miércoles 16 de agosto de 2006.

Refutando que el gobierno del presidente Néstor Kirchner pueda llamarse ’el gobierno de los DDHH’, CORREPI presentó un Informe de Situación de los DDHH en Argentina durante su gestión, que demuestra que tanto la represión de control social (gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles y comisarías) como la represión política han aumentado en estos tres años y exhiben índices superiores a los de cualquier gobierno anterior.

Argentina: Informe de situación 2003-2006 Los Derechos Humanos en la gestión Kirchner (Parte I) Por: CORREPI (Fecha publicación:14/08/2006)

Introducción

CORREPI presenta todos los años un Archivo con los casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado, que revela la continuidad de la represión posterior a 1983 más allá de algún cambio de formas. Hoy, a tres años del inicio de la actual gestión presidencial, presentamos este documento como un complemento de nuestra denuncia, con un recuento de la represión aplicada por este gobierno a los sectores pobres no organizados de la sociedad y a los sectores organizados de la política nacional desde el 25 de mayo de 2003 hasta el día de hoy.

La estrategia política del gobierno de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos es uno los ejes de su permanente búsqueda de legitimación. Un manejo hábilmente combinado de cooptación de referentes históricos del campo de los DDHH y de propaganda oficial disfrazada de información periodística intenta colocar a quienes denunciamos el carácter represor de este gobierno como peligrosos desestabilizadores provenientes de una izquierda calificada como siniestra.

Por detrás del silencio mediático y el discurso setentista, la represión no ha dejado de aumentar y profundizarse en los pasados tres años. Los casos de gatillo fácil y tortura son cotidianos y su frecuencia es superior a la de cualquier gobierno desde 1983 a la fecha, aunque en los titulares de los diarios sólo trasciendan unos pocos. Son cada vez más frecuentes las represiones en manifestaciones y movilizaciones populares, y las amenazas a militantes o a familiares de pibes asesinados que no abandonan su lucha. Ningún gobierno tuvo, desde 1983, más presos políticos y más militantes sujetos a causas judiciales que el gobierno de Kirchner.

Durante las tensas jornadas de militarización de Plaza de Mayo en el último trimestre de 2005, cuando la represión se sospechaba cercana, el Ministro del Interior Aníbal Fernández hizo alarde de “no tener muertos en represiones”. Negaba así, mientras se montaba sobre las denuncias de las masacres cometidas en otros gobiernos, como la del Puente Pueyrredón, el asesinato bajo las balas policiales de Luis Marcelo Cuéllar, militante de la CCC, durante una represión en Jujuy a cinco meses de la asunción presidencial.

A pesar de esta realidad, que se demuestra con hechos y datos, el gobierno no deja de crear consenso a su favor con el inapreciable concurso de los medios que reproducen y amplían el discurso oficial. La prensa adicta, aun la que de vez en cuando critica alguna medida de gobierno que califica de hegemonista o poco democrática, presenta a los militantes y a los pobres como delincuentes actuales o potenciales, justificando la represión en ambos casos en aras del orden y la seguridad.

El presidente Kirchner presenta su gobierno diciendo que el empleo ha aumentado; que las condiciones de vida de la población van encaminadas hacia la mejora; que nos hemos liberado del yugo imperialista pagando la deuda externa. Pero lo cierto es que los sueldos no alcanzan para nada; que la comida, los medicamentos, el gas, todo lo necesario para vivir, cada vez está más caro. Lo cierto es que Kirchner ha logrado lo que Menem no pudo, aprobar las leyes antiterroristas, expresión irrefutable de que este gobierno está incondicionalmente al servicio del imperialismo. Lo cierto es que crecen los hechos represivos en forma inversamente proporcional a su repercusión mediática.

Como una expresión natural de un pueblo que vive en condiciones miserables, se suceden las medidas de fuerza, las tomas de fábricas, los cortes de calle, las huelgas, las manifestaciones. Kirchner y sus aliados provinciales responden con represión, operativos multifuerza, saturación policial, militantes y obreros presos y procesados y tildando de ’terroristas’ a los trabajadores en huelga. En los barrios, aumenta el gatillo fácil, se acumulan las denuncias de torturas y se multiplican las detenciones arbitrarias. Cada día que pasa alguien muere en una cárcel o comisaría.

Este informe prueba que, en su gestión de gobierno, Kirchner fue empleando diferentes tácticas represivas, a fin de recuperar la legitimidad perdida de las instituciones, la centralización del poder político y los medios de comunicación.

Al comienzo de su gobierno adoptó el discurso de la “no represión”, complementado con la cooptación de sectores populares, la censura a los medios de comunicación y la deslegitimación de los movimientos u organizaciones no dispuestos a dejar su lugar de confrontación.

Continuó luego con una intensa campaña de los diferentes sectores del poder a través de voceros y aliados mediáticos que denunciaban la supuesta “inacción” del gobierno frente a la protesta social y exigían una intervención represiva.

La campaña de la inseguridad “Blumberg”, a partir de abril de 2004, se tradujo en una profundización de la política represiva tendiente a englobar y desdibujar peligrosamente las fronteras entre el delito y la protesta social.

A partir de agosto de 2004, la Subsecretaría de Seguridad Interior, hasta ese momento dependiente del Ministerio de Justicia, regresó a la órbita del Ministerio del Interior, bajo la conducción de Aníbal Fernández.

Fue creciente el agravamiento de las imputaciones hacia los manifestantes. Si en un principio la mayoría de los jueces recurría a delitos como atentado y resistencia a la autoridad, obstrucción del tránsito, daño o similares, en la actualidad, se imputa a los detenidos delitos gravísimos muchas veces no excarcelables, totalmente desvinculados de las supuestas conductas punibles y sobre la base de elementos probatorios especulativos.

El carácter de clase de la represión queda en evidencia cuando se compara la reacción estatal frente a las movilizaciones o reclamos de los sectores medios con la forma en que se responde a las demandas de los trabajadores y el pueblo. Mientras los muy justificados cortes de los vecinos ambientalistas en Gualeguaychú son calificados de legítimo ejercicio de la libertad de expresión por el gobierno en su presentación en respuesta a la demanda uruguaya, el mismo tipo de protesta, cuando es protagonizado por desocupados, es considerado delictivo.

A continuación, desarrollaremos el panorama de estos tres años en materia de represión de “control social” -gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles y comisarías, detenciones arbitrarias-; y de represión política:

Gatillo fácil, torturas y muertes en cárceles y comisarías

A pesar de los denodados esfuerzos de una buena parte de la clase política argentina, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la pena capital, y como país firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -incorporada a la cúspide de la pirámide jurídica con jerarquía constitucional-, tenemos vedado reimplantarla.

Sin embargo, las fuerzas policiales emplean cotidianamente la pena de muerte en las calles de todo el país. Denominamos ’gatillo fácil’ a las ejecuciones que configuran la aplicación por parte de la policía de la pena de muerte extra-legal. Se trata de ’pseudoenfrentamientos’ en los que se pueden distinguir dos etapas sucesivas en la perpetración del delito: el fusilamiento propiamente dicho, y el posterior encubrimiento.

El fusilamiento

Prácticamente en todos los casos el hecho es relatado por los policías intervinientes de la misma manera, justificando su ’legítimo accionar’ en la agresión previa por parte de la víctima, que siempre es referida como ’delincuente de frondoso prontuario’ y quien, indefectiblemente en los partes policiales, disparó primero. Como se ha señalado en infinidad de relevamientos estadísticos, hay datos objetivos que tornan inverosímil la repetida versión del enfrentamiento. La desproporción numérica entre los muertos civiles y policiales lleva a dos posibles conclusiones: o tenemos la policía con mejor puntería del universo, o ellos son los únicos que disparan. También es llamativo que no exista relación en la cantidad de muertos y heridos no uniformados. La casi inexistencia de sobrevivientes civiles en estos supuestos tiroteos demuestra que la policía tira a matar, sin efectuar disparos disuasivos ni a lugares no vitales del cuerpo, de modo de no tener que cargar con molestos testigos. En gran número de casos, aun los que la propia policía confiesa ’accidentes’, argumentando armas que se caen al piso, golpean contra paredes, o se disparan en un forcejeo, es notable que las balas impacten en la sien, la nuca o la espalda, volviendo imposible la tesis del enfrentamiento.

El encubrimiento

Inmediatamente después de cometido el delito, comienza la segunda etapa, destinada a garantizar la impunidad del camarada que ’puso’ a uno. Es indudable la existencia de un espíritu de cuerpo que se patentiza en los primeros informes de quienes arriban al lugar del hecho cuando las muertes ya se han consumado. Si el homicida no tiene un arma de más para ’plantársela’ al muerto, son sus colegas quienes la proveen, como se ha probado en muchos casos. A estas armas plantadas se suman a veces, por aplicación de la tesis de la ’culpabilización de la víctima’, sobres conteniendo alguna pequeña dosis de drogas, tucas, ganzúas, y hasta efectos robados. Es un clásico que en la instrucción inicial del caso, se consigne de inmediato que no se encontraron testigos del hecho, sin que conste diligencia alguna para hallarlos; así como que quienes espontáneamente se presenten para declarar sean rechazados con un elegante ’ya los van a citar’.

La medida del encubrimiento da la pauta del carácter institucional de estos hechos, en los que el sumario policial -en particular cuando instruye la policía- en lugar de investigar, propone y da por cierta la tesis del enfrentamiento. De la misma forma que se planta evidencia de lo inexistente, se destruye la que pudiera echar luz sobre el asunto. Así, es frecuente que los cuerpos sean lavados evitando toda posible prueba de deflagración de pólvora en las manos, que se limpien las armas, impidiendo saber si fueron disparadas o si tienen huellas. También hemos verificado casos de espontánea reproducción de la cantidad de proyectiles intactos en las armas policiales en el trayecto hasta la oficina pericial, o la repentina aparición de averías en armas o proyectiles recuperados inexistentes en el momento del hecho. Estos homicidios han crecido enormemente en los últimos tiempos, de la mano de las políticas resumidas en el ’hay que meter bala a los delincuentes’.

Finalmente, y ya en el marco de las causas penales, la complicidad abierta o la ineficiencia siempre oportuna de peritos y jueces permite la manipulación desembozada de las pruebas, derivando muchas veces la investigación en causas seguidas contra la víctima, cuyos antecedentes se rastrean hasta el infinito.

El gobierno de Kirchner emplea esta herramienta de control social como lo hicieron todos desde 1983. Las cifras que arroja su gestión en cuanto a personas asesinadas por las fuerzas de seguridad hablan solas, y son una demostración de que la represión para el control social sigue vigente y en ascenso.

Desde el 25 de mayo del año 2003 hasta el 28 de julio del 2006 han sido 505 las personas asesinadas por las Fuerzas de Seguridad. En su mayoría jóvenes pobres, los números en cada uno de los años de esta gestión son:

102 asesinados entre el 25/5/03 y el 31/12/03. 159 asesinados en el año 2004. 175 asesinados en el año 2005. 69 asesinados entre el 01/01/06 y el 28/07/06.

Desde la 10ª Presentación del Archivo, tomamos conocimiento de 95 nuevos casos de gatillo fácil o muertes en la tortura, en cárceles y comisarías en 10 provincias, 79 de ellos ocurridos con posterioridad al 10 de diciembre de 2005.

Las provincias de las que hemos recibido datos en relación a los primeros siete meses de 2006 son: 1. BUENOS AIRES, 20 casos. 2. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 9 casos. 3. CORDOBA, 10 casos. 4. CORRIENTES, 5 casos. 5. JUJUY, 1 caso. 6. MENDOZA, 7 casos. 7. NEUQUEN, 1 caso. 8. RIO NEGRO, 1 caso. 9. SALTA, 1 caso. 10. SANTA FE, 5 casos. 11. SANTIAGO DEL ESTERO, 3 casos. 12. TUCUMAN, 6 casos.

Respecto de las modalidades, el 53 % de los hechos registrados entre el 25/05/2003 y fin de julio de 2006 corresponden a fusilamientos por gatillo fácil, y el 45 % a muertes en cárceles y comisarías. De estos últimos, muchos corresponden a casos de tortura seguida de muerte.

Debemos destacar, respecto del relevamiento que presentamos posterior al 10/12/2005, que sólo se trata de los casos que nos fueran informados en forma directa o que se publicaran en la prensa, ya que CORREPI realiza la búsqueda activa para actualizar el Archivo a fin de año, próximo a la fecha de presentación pública.

La muerte de personas en situación de detención es la causa predominante de muertes en manos del Estado.

El personal de los distintos centros de detención suele definir las muertes como resultado de suicidios, incendios, peleas entre internos y motines. Los suicidios suelen repetirse como método de encubrimiento de la tortura seguida de muerte. Luego de que en una sesión de tortura que suele involucrar golpes, violaciones, “bolsita” (dificultación mecánica de la respiración, generalmente utilizando una bolsa de polietileno en la cabeza) y picana, si se agotan los mecanismos de defensa frente al dolor y el detenido muere por un reflejo vasovagal o similar, el personal policial suele construir una escena de ahorcamiento. Cuando los partes médicos no son falsificados, en las autopsias se pueden encontrar luego del supuesto ahorcamiento, marcas de suelas de zapatos, golpes y quemaduras en el cuerpo de la víctima. Como en el caso de Cristian Domínguez, muerto en la comisaría 1ª de Berisso, hay casos en los que el personal médico forense remueve en la autopsia las partes del cuerpo que brindan la evidencia de que la muerte que se alega como suicidio no fue tal.

Los incendios se presentan más en casos de protestas, por reclamos, demandas y autodefensa ante la represión dentro de la cárcel. Cuando algún detenido se descompone y la guardia se rehúsa a brindarle atención los compañeros a veces recurren a la quema de un colchón para generar la situación en la que el personal deba abrir la puerta. Se repite en cárceles y comisarías de todo el país la negativa de abrir las celdas, incluso con la permanencia del personal observando el cuadro. Si bien todos los informes lo certifican incendio tras incendio, el gobierno rehúsa cambiar los colchones de poliuretano que con la combustión liberan químicos que matan por intoxicación más internos que el fuego. Las peleas entre internos y los motines pueden ser tanto una forma falsa de caratular en los medios una represión que resulta en varios muertos y heridos, o un enfrentamiento interno promovido por reclusos que tiene acercamiento al personal penitenciario.

Tras los motines, donde se producen gran cantidad de muertes, se suceden los reclamos por aumento de presupuesto para el penal y de sueldo para sus empleados, con el argumento de la falta de seguridad para los mismos. Lo curioso es que en los motines generalmente sólo mueren presos, y cuando ha muerto personal penitenciario, como en el caso de Córdoba (penal San Martín), las balas resultan ser policiales. Las muertes en motines no son muertes ’que se podían evitar’. Son muertes que se fomentan.

Si los pliegos de reclamos penitenciarios posteriores a los motines se centran en pedidos de garantías para una más eficaz represión, resultan también de los motines los traslados, abriendo nuevos cupos en el penal o celdas de comisaría. Los motines permiten la remoción de un excedente de población carcelaria y juegan un papel importante en la política interna del penal, donde una cúpula directiva suele ser removida tras un hecho de estas características. No hay que olvidar que la población carcelaria es una gran fuente de ingresos para todo el círculo administrativo que la rodea. Se explota el trabajo de los internos dentro y fuera del penal con la comercialización de los productos que elaboran intramuros, con el circuito ilegal de reventa de los insumos oficiales (caso Magdalena) y salidas “laborales” de internos reclutados para robar para sus guardias (como se probó a partir del caso del Restaurant Dolly). La explotación del comercio carcelario está en manos de los guardias y sus autoridades, siendo mercancías el abrigo, la comida, la comunicación, la droga y los medicamentos, lo que agudiza las ya de por sí miserables condiciones de vida intramuros, caracterizadas por el aislamiento, la violencia, la tortura, el hacinamiento.

Esto se lee en los números: Campaña propagandística contra la inseguridad mediante, la población carcelaria aumentó de 30.000 a 63.000 personas en todo el país, lo cual no se condice con el aumento del delito en el mismo período, que fue menor a un tercio. De ese universo de personas, hay 52.000 personas alojadas en cárceles federales y provinciales que tienen capacidad sólo para 32.000, mientras 11.000 están hacinadas en comisarías u otras dependencias de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Lo acontecido en el penal de Magdalena, como en Coronda o Córdoba, por sólo nombrar los casos más recientes de impacto mediático, contiene la impronta del aniquilamiento sistemático como política de Estado.

La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 44 % de las que fue responsable el Estado durante estos 3 años de gobierno. Las muertes en las dependencias policiales en su mayor medida corresponden a casos de tortura seguida de muerte, aunque son mínimas las condenas por este delito. En la reticencia oficial de emplear las figuras penales de tortura y tortura seguida de muerte confluyen la acción del poder legislativo y la del poder judicial. El primero ha previsto en el código penal la existencia de otras figuras legales, excarcelables, cuya diferencia con el tipo de la tortura es únicamente la lenidad de la pena.

Delitos menores en términos de sanción, como los apremios ilegales o las vejaciones, son provistos por los legisladores a los jueces, que sólo en circunstancias muy especiales condenan usando la figura real de aplicación de tormentos. Es bien evidente cómo opera este mecanismo, cuyo principal objetivo, además de penar de la forma más leve posible a los guardianes del sistema, es silenciar el término “tortura”, que remite ineludiblemente a la responsabilidad institucional. Así es frecuente ver fallos judiciales que califican el tormento de la “bolsita” como apremios porque... sólo se aplicó una vez al detenido. Del mismo modo, los jueces prefieren tipificar como homicidio calificado en concurso con vejaciones, u homicidio preterintencional en concurso con apremios clarísimos casos de tortura seguida de muerte, como en los casos de Diego Gallardo y Jorge González, por tomar dos recientes, siguiendo la tradición inaugurada en el caso Rodríguez Laguens. Así evitan la palabra “tortura”, desincriminando al propio estado. La habitualidad de esta política explica que, pese a la enorme cantidad de casos de personas asesinadas en la tortura desde 1983, se cuenten en menos de una docena los fallos que condenaron por el delito específico de aplicación de tormentos seguido de muerte desde esa fecha.


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