Plataforma Argentina contra la Impunidad
Derechos Humanos

Los derechos humanos en la gestión Kirchner

Informe de CORREPI
Miércoles 16 de agosto de 2006.

Argentina: Informe de situación 2003-2006 Los Derechos Humanos en la gestión Kirchner (Parte II) Por: CORREPI (Fecha publicación:15/08/2006)

Detenciones arbitrarias

Uno de los permanentes reclamos antirrepresivos es el cese de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Este tipo de arrestos, que afectan a centenares de miles de personas por año en todo el país, es una de las herramientas de control social más efectivas, pues instala y naturaliza en la población más vulnerable -aquella que debe ser disciplinada- la idea de que cualquiera puede ser detenido sin motivo alguno en cualquier momento, por la pura discrecionalidad policial.

Los códigos de faltas y contravenciones y la facultad policial de detener personas “para identificar” o en “averiguación de antecedentes” existen en forma uniforme en todo el territorio nacional, dando a las policías federal y provinciales, y en menor pero creciente medida, a la gendarmería y prefectura, la posibilidad real de realizar detenciones que luego son “blanqueadas” por la vía contravencional o la identificatoria. No es exagerado afirmar que mientras estas facultades subsistan, todos los habitantes de la nación, pero en especial los que integran el segmento de “los sospechosos de siempre”, estamos en situación de libertad vigilada.

El sistema contravencional y la “doble A” son absolutamente incompatibles con un estado de derecho ya que atentan contra las mínimas libertades ciudadanas. Así lo afirmó la Corte Interamericana de DDHH en la sentencia del Caso Bulacio el 18 de septiembre de 2003, y por ello ordenó, en el más importante punto dispositivo de la condena al Estado Argentino, la revisión de todo el sistema de detenciones policiales y su adecuación a los principios consagrados en la Convención Americana que nuestro país se ha comprometido a respetar.

El actual gobierno, pese a sus recurrentes afirmaciones de defensa de los DDHH, viene incumpliendo sistemáticamente la sentencia de la Corte IDH, reconocida como órgano jurisdiccional superior, incluso, a nuestra propia Corte Suprema. Primero instruyó a los ministros de la “renovada” Corte Suprema para que, al filo de la aplicación de sanciones por el incumplimiento, en diciembre de 2004, sacaran un fallo lavado e inconsistente, puramente formal, que reconoce -porque la Constitución no les deja resquicio en ese punto- que la sentencia debe ser acatada. En ese pronunciamiento, encabezado por el voto del “progresista” Eugenio Raúl Zaffaroni, se admite que la causa no ha prescripto, pero dejan los ministros -y Zaffaroni en particular- sentado su desacuerdo con el punto esencial del fallo internacional: no admiten que todo crimen policial (o de cualquier fuerza de seguridad) es imprescriptible, porque al ser el estado el autor, es una violación a los derechos humanos. Se niegan a reconocerlo y cometen desobediencia a su superior, la Corte IDH, porque si lo hicieran, todos los delitos policiales y de los demás miembros de agencias represivas del estado deberían ser inmediatamente incluidos en la categoría de imprescriptibles, perdiendo los jueces una de las herramientas habituales para garantizar la impunidad de los sicarios del sistema: la prescripción de las causas penales. En el mismo fallo los cortesanos nacionales se alzaron contra la Corte IDH al no reponer a la familia como querellante, lo que explícitamente ordena la sentencia internacional.

En segundo lugar, el Consejo de la Magistratura recibió hace más de dos años los antecedentes del caso para cumplir otro punto de la sentencia internacional: la sanción a los jueces y camaristas nacionales que la Corte IDH consideró “responsables de esta gravísima situación de impunidad”, por haber dilatado 15 años el trámite de la causa penal sin llegar a una sentencia. No sabemos que se haya iniciado un expediente todavía.

Finalmente, en lo que hace al sistema de detenciones arbitrarias, una y otra vez ha instado la Corte IDH a la Argentina a cumplir lo ordenado. Lejos de revisar los mecanismos que permiten a policías y otras fuerzas de seguridad realizar arrestos ilegales, esas facultades se han incrementado a nivel nacional y local. Los códigos de faltas y contravenciones son constantemente reformados para endurecerlos, mientras jueces y legisladores permanentemente amplían el menú de justificaciones para que se detengan personas fuera de las únicas hipótesis contempladas por la Constitución Nacional y la Convención Americana de DDHH, esto es, la flagrancia o la orden judicial preexistente.

Estas facultades, que tienen por objeto aplicar el control social, recaudar para la “caja” policial y simular un nivel de eficiencia en la “guerra contra la inseguridad” totalmente desvinculado de la prevención de hecho delictivo alguno, generan a su vez las condiciones materiales para hechos de muchísima gravedad, pues el detenido en esas circunstancias es la víctima habitual de torturas, que llegan en no pocos casos a producir la muerte.

No hay otra explicación para la deliberada omisión del gobierno de Néstor Kirchner en cumplir con la sentencia del Caso Bulacio que concluir que, como sus antecesores de todas las épocas, NO ESTA DISPUESTO A QUE SUS FUERZAS DE SEGURIDAD PIERDAN SU MAS VALIOSA Y EFICAZ HERRAMIENTA DISCIPLINADORA.

Amenazas, aprietes, hostigamientos

En el curso de los pasados tres años han arreciado los episodios de persecución, hostigamiento y amenazas a militantes, activistas y defensores de derechos humanos protagonizados por el gobierno nacional o sus aliados provinciales. Esta es una enumeración, seguramente incompleta, de los principales acontecimientos represivos de esta índole desde el 25 de mayo de 2003:

Año 2003

El 9 de junio de 2003 personal de infantería de la Cria. 8ª que custodiaba los negocios del empresario Brukman, lesionó al periodista Alejandro Goldin. En julio, compañeros del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos fueron amenazados en la localidad de Eduardo Castex por un ex represor de la dictadura. En julio, integrantes de la Asamblea Popular de Villa Crespo sufrieron persecución y amenazas por parte de la Cría. 25ª de la PFA.

En agosto se sucedió una escalada de amenazas y atentados en Rosario. Eduardo Toniolli de HIJOS-Rosario sufrió un atentado en el que arrojaron una granada que no detonó rompiendo la vidriera de su negocio. Aparecieron pintadas contra el profesor Gustavo Brufman, víctima hace unos años de un atentado explosivo junto a Mariana Hernández Larguía, y denunciante en una causa contra un represor. A tres años de estos hechos no se conoce que hayan descubierto ningún responsable.

En octubre de 2003 el abogado peruano Ricardo Guzmán Cevallos sufrió un atentado xenófobo y racista por parte de integrantes de la Policía Federal en el barrio de Abasto. En ese mes, un grupo de derecha capitaneado por la diputada electa por el menemismo bonaerense Mirta Pérez intentó atacar al compañero Daniel A. Stragá a la salida de un programa televisivo donde polemizó con aquella. Por otro lado, una patota del PJ y de transas locales llevó adelante un violento desalojo de un comedor popular del MTD Aníbal Verón en José C. Paz.

Año 2004

Este fue probablemente el año con mayor persecución ideológica de la gestión K. y el año con mayor cantidad de presos políticos desde Alfonsín. También fue el año de la avanzada del “manodurismo” impulsado por el Juan Carlos Blumberg, instrumento de la derecha que se pronunció públicamente acusando a los organismos de derechos humanos de defender delincuentes, con el doble propósito de desprestigiar la lucha contra la violencia institucional y relegitimar a las fuerzas de seguridad. En ambos sentidos, su estrategia fue coincidente con la del gobierno, que hizo propias e impulsó legislativamente las medidas reaccionarias propuestas por el ingeniero.

Comenzó el año con la prédica del secretario general del Sindicato de Peones de Taxis Omar Viviani, que llamó a “matar a todos los piqueteros” en coincidencia con la decisión oficial de coartar aún más el derecho a manifestarse en la vía pública.

En mayo se conocieron los términos de la querella promovida contra el compañero Daniel A. Stragá de CORREPI por la diputada oficialista Mirta Pérez, causa que sigue abierta y camino al juicio oral.

A mediados de ese mismo mes, Juan López, trabajador del frigorífico Tango Meat, recibió un disparo de Ithaka efectuado por personal policial convocado por la patronal en el marco del conflicto gremial de la empresa.

En junio los fiscales platenses Romero y Heredia instruyeron a la policía bonaerense para fotografiar, identificar y detener a todos los piqueteros que cortaran calles utilizando capuchas y palos.

El 9 de julio, la agrupación oficialista Patria Libre y su brazo de desocupados apalearon a manifestantes que intentaban una protesta contra el presidente en la ciudad de Tucumán.

En julio se conocieron denuncias de organizaciones barriales de Moreno por las amenazas y provocaciones sufridas a manos de patotas del intendente Mariano West.

El 26 de agosto se sucedieron varias amenazas contra el movimiento de derechos humanos. Blumberg acusó a los organismos de ser defensores de delincuentes y se manifestó partidario de la pena de muerte.

En el mes de noviembre y en el marco del juicio contra los policías bonaerenses Hugo Alberto Cáceres y Anselmo Puyó, jefe y lugarteniente del Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato, la familia Ríos fue amenazada por otros integrantes de la agencia Tres Ases, empresa de seguridad privada del primero.

En diciembre, mientras CORREPI y otras organizaciones sociales y políticas acampaban en Plaza de Mayo reclamando una “Navidad sin Presos Políticos”, varios de los manifestantes sufrieron amenazas de parte de la P.F.A.

Año 2005

Próximos a cumplirse 29 años del Golpe Militar, hubo una serie de amenazas y acciones intimidatorias contra militantes populares en la provincia del Neuquén, a las que no fueron ajenos ni el gobierno nacional ni el provincial de Sobich.

La esposa de un ceramista de la fábrica ex Zanón -hoy FaSinPat (Fábrica Sin Patrón)-, primero fue secuestrada en un Falcón verde, le cortaron la cara con un bisturí y en una segunda oportunidad fue golpeada y la quisieron asfixiar. En esos días, el gremio judicial recibió una esquela reivindicando a la dictadura del 76, enviando amenazas de muerte “si no se dejaban de joder con el gobierno neuquino”. El 14 de marzo volvieron a recibir amenazas la Defensora de Niños y Adolescentes, Dra. Nara Oses y la defensora adjunta Dra. Edith Galarza, ambas ligadas a la RED POR LA IDENTIDAD PATAGONICA (Neuquén-Cipolletti-General Roca-Lagos del Sur-Río Grande).

El sábado 28 de marzo, al abordar un colectivo en Villa Fiorito, Andrés Amado, militante de CORREPI, fue atacado por dos hombres que lo golpearon, le gatillaron en la cabeza y lo amenazaron diciendo que la próxima vez el arma estaría cargada. Otros integrantes de CORREPI sufrieron amenazas telefónicas e incursiones en sus domicilios en esa semana.

En los primeros días del mes de mayo la abogada salteña Mara Puntano fue amenazada por un jefe de la Gendarmería de apellido De la Colina. El 6 de junio el compañero Sergio Smietniansky de CORREPI encontró en la puerta de su estudio jurídico pintadas que decían “Zurdos = Judíos” y la consabida cruz svástica, atribuibles a grupos de neonazis ligados al PNOSP.

En el Barrio La Fe, Leonardo Santillán, hermano de Darío, fue agredido y amenazado por numerarios de la Cría. 6ª de Monte Chingolo.

El 20 de junio, en el acto en Rosario donde hablaría Kirchner, una manifestación que intentaba ir al lugar fue reprimida por la patota de Patria Libre y Barrios de Pie. Un periodista y un militante de la APDH de esa ciudad resultaron heridos.

Durante el mes de julio, Jorge Nicolai, sobreviviente de una de las tantas causas fraguadas por la Policía Federal de Aníbal Fernández, sufrió una serie de amenazas después de su aparición televisiva en el programa “La Liga”. Cerca de su casa en Florencio Varela fue interceptado por un automóvil, lo apuntaron y amenazaron de muerte. Para fin de ese mes recibió dos amenazas más. En las tres oportunidades los patoteros se refirieron a su denuncia contra la policía federal.

El 17 de agosto, el médico y colaborador de Liberpueblo Eduardo Marquesoni fue detenido en General Pico en ocasión de marchar contra el juez Julio Fernández. A mediados del mes de septiembre, en un barrio de la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, una patota de empleados municipales encabezados por el senador provincial Traferri y la intendenta Mónica Quintana agredió físicamente a vecinos y militantes de derechos humanos. A mediados de ese mes, la UOCRA filial Chubut amenazó a los miembros de la Asamblea Popular de Esquel.

El 26 de septiembre el intendente marplatense Daniel Katz, en declaraciones radiales amenazó con prisión a todos aquellos que perturbaran la Cumbre de presidentes del mes de noviembre. Prometió mano dura contra los que hicieran pintadas contra Bush.

El 10 de octubre, mientras militantes del SIMECA aguardaban fuera de la comisaría 2ª de la PFA conocer la situación de tres compañeros detenidos en una movilización, algunos de sus referentes recibieron amenazas en sus handies y celulares de trabajo, provenientes de los aparatos que fueron secuestrados a los que estaban detenidos. El 23 del mismo mes, un militante del MTD Aníbal Verón de Morón fue detenido y golpeado por policías de las Crias. 2ª y 6ª de Morón.

El 30 de octubre ciento veinte familias que habían ocupado un predio desocupado en el Barrio San José de Almte. Brown, Pcia. de Buenos Aires fueron apaleados por una patota del municipio.

El 1 de noviembre, luego de una justificable reacción de los usuarios del ferrocarril Sarmiento en la Estación Haedo, el ministro del interior Aníbal Fernández ya encontraba culpables y amenazaba con consecuencias penales a la agrupación Quebracho y al Partido Obrero.

Para el mes de diciembre hubo una escalada intimidatoria en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la Provincia, con ataques a los locales del SERPAJ, el PO y ATE Quilmes.

Por su parte, el Dr. Rodolfo Yanzón de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció las amenazas de muerte a él y su grupo familiar de las que fue objeto apenas comenzado el día internacional de los derechos humanos.

Para finalizar el año deben computarse las amenazas contra militantes de los derechos humanos por parte del intendente Scott de la localidad santafesina de Venado Tuerto. Este personaje afirmó, ante el anuncio de un escrache promovido por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y UADH, que iba a recibir a los manifestantes a los tiros de sus dos nuevas pistolas calibre 9mm.

Año 2006

Durante el año en curso se han incrementado las intimidaciones a militantes.

La noche del jueves 2 de febrero la compañera María del Carmen Verdú de CORREPI, en esos días abocada a la defensa del dirigente piquetero Ricardo “Chacho” Berrozpe, detenido en Mar del Plata luego de la movilización en repudio a la presencia de Bush, fue intimidada por varios individuos a bordo de un automóvil. La patente del auto resultó estar registrada en Mar del Plata. Luego de efectuada y ratificada la denuncia penal, aportando el dominio del automóvil, no hubo ninguna novedad judicial.

Pese a la cercanía casi omnipresente de la Sra. Barnes de Carlotto con el gobierno, en marzo de este año otra dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, Antonia de Zegarra, denunció que “ni en plena dictadura” las amenazaron “tanto como lo han hecho ahora”, desde que apareció Sebastián, el nieto número 82, en febrero. Zegarra dijo que las amenazas son “constantes” y “anónimas” y se reciben en domicilios y oficinas del organismo. Desde la sede de las Abuelas ubicada en pleno centro de Mar del Plata se informó que los mensajes que se dejan en los contestadores telefónicos reivindican al desconocido Comando 24 de Marzo.

En la misma época, en Córdoba, Sonia Torres de 77 años, titular de la filial local de Abuelas, fue golpeada brutalmente por tres individuos armados, en un hecho al que los dirigentes de la agrupación calificaron como “un acto intimidatorio” que se suma a amenazas recibidas en los últimos días.

En el mismo contexto, en la ciudad de Rosario un mural pintado frente a la Escuela Industrial Superior en el 30 aniversario del golpe de estado, apareció dañado con cruces svásticas y vivas a Videla.

Dentro de este marco, deben destacarse situaciones explícitamente impulsadas por el propio gobierno, como las amenazas sufridas por el compañero Osvaldo Barros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos después del 24 de marzo, que consistió en grabar en el contestador de su teléfono celular una reunión en la que había participado.

No puede olvidarse, en el marco de las presiones impuestas desde el gobierno en torno del 24 de marzo, la calificación de “izquierda siniestra” que pronunció el ministro Aníbal Fernández respecto de quienes no aceptaron compartir el palco oficial. En el mismo sentido, haciendo gala de su obsecuencia, el referente de la organización oficialista Patria Libre se dirigió amenazante a la compañera Adriana Calvo de AEDD para evitar que se leyera un documento crítico hacia el gobierno y, en un programa de radio, calificó a nuestra compañera María del Carmen Verdú como “desestabilizadora”.

En abril del año en curso, el Centro Olga Vázquez del Frente Darío Santillán fue atacado e incendiado por una organización abiertamente oficialista. El día 8 de abril, militantes del oficialista Movimiento Evita fueron atacados por policías de la Cría. 30ª en Barracas, dejando un saldo de varios heridos, entre ellos uno de gravedad.

Ese mes, la UOCRA Neuquén atacó a los maestros en lucha y la misma UOCRA, pero en San Luis, agredió violentamente una manifestación contra Rodríguez Saa. Un mes después, los obreros de la construcción reemplazaron a policías que estaban autoacuartelados y patrullaron las calles de San Luis capital y Villa Mercedes.

El 10 de mayo de 2006 el abogado Cristian Hendrickse, que representa a varias víctimas de hechos represivos policiales en Chubut, fue notificado de una denuncia en su contra radicada por un vecino y que databa de casi dos años atrás. La denuncia tenía como propósito intimidar por la manifestación que se impulsaba por el primer aniversario del asesinato bajo custodia de Gumersindo Vergara y otras acciones judiciales contra la policía chubutense patrocinadas por Hendrickse. En el mismo mes de mayo se conoció el hostigamiento judicial sufrido por la abogada de FIDELA María Fernanda Pereyra por su actuación como defensora de los presos de Haedo.

Finalmente, en Neuquén, durante la realización de una actividad político-cultural en Casa Marx en la madrugada del 9 de julio, fue golpeado y detenido el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Leopoldo Denaday mientras hacía ejercicio de su profesión.

Patotas

El actual régimen acude de manera creciente a grupos de choque paraestatales para intervenir en los conflictos que por su magnitud o perseverancia necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota.

A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner se dieron una serie de conflictos en los que sindicatos u otras organizaciones controladas por el Partido Justicialista, llevaron adelante una agresión feroz y abierta contra luchadores populares, sin el más mínimo reparo en cuidar la imagen del gobierno, pues se pretende desvinculada del mismo.

Así fue como, frente a las repetidas movilizaciones de los estudiantes en oposición al intento de la asamblea del Consejo de la Universidad de Buenos Aires de nombrar a Atilio Alterini, represor de la dictadura, como decano de la Universidad, el sindicato de no docentes APUBA atacó a los estudiantes en la Facultad de Medicina, golpeando gravemente a uno de ellos que debió ser hospitalizado.

Del mismo modo en Neuquén, ante la perseverancia de las medidas de lucha llevadas adelante por los docentes, que cortaban la ruta en el acceso a una planta de Repsol-YPF, patotas de la UOCRA los atacaron con piedras y palos hasta desalojarlos. Este hecho en particular fue acompañado por una campaña de propaganda llevada adelante por los Padres Autoconvocados Neuquinos (PAN) que distribuían volantes en la ruta con la inscripción “Queremos escuelas y rutas abiertas.” Este mismo grupo fue el que se encargó de amedrentar a los estudiantes secundarios de la misma localidad cuando llevaron adelante un mes de luchas por mejoras edilicias, viandas y la derogación del decreto 424/06 que permitía a la policía apostarse dentro de las escuelas al solo llamado del Consejo Provincial de Educación.

También se reprimen los conflictos laborales con el aporte de las agencias de seguridad privadas, quienes encarnando el rol policial, llegaron a retener dentro de los edificios a los trabajadores. Los empleados de Telefónica en Barracas se disponían a realizar una asamblea por la falta de pago de los salarios y la seguridad privada contratada por la patronal se encargó de impedir la entrada y salida de los trabajadores. En Crónica, los trabajadores en asamblea por despidos fueron atacados por ’patovicas’ contratados por la patronal, que hirieron a algunos de los trabajadores e impidieron la salida hacia un hospital y el ingreso de los médicos.

Los grupos paraestatales suelen ser los encargados de liberar las calles de manifestaciones opositoras. Como ocurrió un 9 de julio en Tucumán, en Rosario, durante una vista del presidente con el motivo de Día de la Bandera, organizaciones sociales promovieron una marcha de oposición. Barrios de Pie, organización de desocupados kirchnerista, atacó la movilización para impedir que se acercaran al lugar del acto, lesionando a varios manifestantes y a un periodista que se encontraba cubriendo la noticia.

Más recientemente, el 24 de marzo, las organizaciones oficialistas intentaron sabotear la lectura del documento que denunciaba la continuidad de la miseria, de la represión y el encarcelamiento de compañeros por enfrentar al gobierno.


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