Plataforma Argentina contra la Impunidad
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Alfonsín volvió a justificar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

Jueves 31 de agosto de 2006.

El ex presidente, convocado por la defensa del represor, declaró ayer y volvió a repetir su tradicional defensa de las leyes de impunidad de 1987. Adujo que “la situación militar estaba complicada” y que “no podíamos llevar a mil militares en actividad a proceso”.

En tanto, el Tribunal y las partes realizarán una inspección ocular en el edificio en donde funcionó el “Pozo de Quilmes”, otro de los centros clandestinos bajo el mando del genocida Etchecolatz.

Por Vanina Wiman (para Justicia Ya en La Plata)

LA PLATA (30-08-06) - En una de las jornadas más cortas de este juicio oral, el ex presidente Raúl Alfonsín declaró como testigo de la defensa del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, y volvió a defender las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que sancionó en 1987: dijo que “no podíamos llevar a mil militares en actividad a proceso” porque “la situación militar durante mi gestión estaba complicada”. Así, justificó las leyes de impunidad gracias a las cuales Etchecolatz y otros cientos de represores permanecieron en libertad durante casi 30 años.

La declaración de Alfonsín no tuvo grandes sorpresas: ante las preguntas de Luis Boffi Carri Pérez -abogado defensor de Etchecolatz-, insitió en que tuvo que promulgar esas dos normas como la única salida para las “presiones militares” de la época: “Los militares me hacían conocer la situación de las fuerzas que comandaban y eso me hacía suponer que era necesaria una solución”.

El ex presidente -que fue el único testigo de la defensa que quedó en pie, puesto que María Isabel Martínez de Perón e Ítalo Luder no pudieron comparecer- fue el responsable de la sanción de la ley de Punto Final, que a fines de 1986 puso un límite temporal a la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los delitos perpetrados por la dictadura; y luego, en 1987, completó la tarea con la ley de Obediencia Debida, que impidió el juzgamiento del accionar de cientos de represores, amparándolos bajo la cadena de mandos a la que pertenecían, por considerar que sólo cumplían órdenes de sus superiores. Esta situación -convalidada y complementada luego por los indultos de Carlos Menem- se prolongó hasta 2005, con la anulación definitiva de ambas normas por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, Alfonsín quiso relativizar una vez más el efecto que estas leyes tuvieron sobre la posibilidad de hacer justicia por los crímenes del terrorismo de Estado -“nos atuvimos a la Constitución Nacional”, dijo-, pero calificó a los delitos que quedaron excluidos de esas leyes (la apropiación de niños y el robo de bienes, entre otros) como meros “excesos” represivos.

Cuando Guadalupe Godoy, abogada de la querella, le preguntó si realmente mantenía el concepto de “exceso” en relación a crímenes de lesa humanidad, el ex gobernante salió por la tangente: “Yo adhiero a que en este momento se realicen los juicios que en esa época era imposible realizar”. “Esto de la ‘posibilidad’ es una apreciación del testigo”, asentó en respuesta la abogada.

El testigo también pareció incomodarse cuando la Fiscalía lo interrogó sobre el origen de las leyes de impunidad. “Yo no soy el imputado acá, ¿no?”, ironizó Alfonsín, aunque no logró arrancar risas entre el público.

El ex presidente tuvo además su cuota de escrache: al ingresar a la sala de audiencias, varios familiares, sobrevivientes e integrantes de organismos de derechos humanos se pusieron de pie y le dieron la espalda. Y cuando se retiró, protegido por un corredor de paneles de madera y custodiado por la Policía Federal, lo hizo bajo el sonido de un cantito coreado por varios integrantes del público: “Alfonsín, no seas caradura, vos sos la impunidad de la puta dictadura”.

Hoy, inspección ocular en el “Pozo de Quilmes”

Una vez más, sobrevivientes de centros clandestinos del “circuito Camps” volverán a revivir el horror del cautiverio, cuando a partir de las 9 se realice una inspección ocular en la ex Brigada de Investigaciones de Quilmes, en la que funcionó el campo de concentración conocido como “Pozo de Quilmes”.

Las ex detenidas-desaparecidas Nilda Eloy (por cuyo caso está siendo juzgado Etchecolatz) y María Cristina Gioglio guiarán a jueces, fiscales y querellantes en la recorrida del edificio. Allí, la dictadura mantuvo secuestrados a más de 200 detenidos ilegales a lo largo de un período que comenzó en 1975, antes del golpe de Estado, y que se prolongó al menos hasta fines de 1979.

Uno de los comisarios que actuó como jefe de ese centro clandestino, Lucas Gumersindo Belich, declaró en 2004 en el Juicio por la Verdad de La Plata que recibió órdenes directas de Etchecolatz, por entonces Director de Investigaciones de la Policía provincial, de mantener el funcionamiento de esa dependencia policial como campo de concentración para prisioneros de la represión ilegal.

JUSTICIA YA EN LA PLATA está integrado por: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata; Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos Prov. de Bs. As.; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Familiares de Desaparecidos (La Plata); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata); Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo (La Plata); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).


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