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Entre testigos amenazados, un represor cerca de la libertad

Miércoles 11 de octubre de 2006.

Será el próximo en ser juzgado en Capital. Fue beneficiado con la excarcelación. Varios testigos denunciaron intimidaciones.

Por Victoria Ginzberg

María Eugenia y las Abuelas de Plaza de Mayo cuando denunciaron las amenazas. María Eugenia Sampallo todavía no sabe dónde nació. Cree que pudo haber sido en el Hospital Militar, donde habrían llevado a su mamá desde alguno de los centros clandestinos en los que estuvo detenida. María Eugenia recuperó su identidad hace cuatro años y está previsto que el juicio contra sus apropiadores y el militar que la entregó, Enrique Berthier, sea el próximo en llevarse a cabo en Capital Federal. A pesar de que el proceso está cerca, el Tribunal Oral número 5 resolvió excarcelar a Berthier. La medida alarmó a la joven y a su abogado, ya que varios testigos denunciaron haber sido amenazados y presionados por Berthier. La decisión de concederle la libertad al represor fue tomada antes de la desaparición de Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave en el juicio contra Miguel Etchecolatz. Pero para María Eugenia, que será la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en querellar personalmente a sus apropiadores en un juicio oral, “es una prueba” de que la Justicia “minimiza” estos hechos.

En 2002, mientras Berthier estaba prófugo, las Abuelas de Plaza de Mayo hicieron una conferencia de prensa para denunciar las amenazas que varios testigos del caso estaban padeciendo. En ese momento, María Eugenia tenía miedo. No era la única. Otros testigos, incluso ex compañeros de armas del represor, comentaron a lo largo del expediente las intimidaciones que habían sufrido por declarar ante la jueza María Servini de Cubría.

“Tomé conocimiento por dos canales diferentes de que Enrique José Berthier había manifestado que tenía problemas en una causa por sustracción de bebés por una denuncia que había efectuado yo y otro camarada del Ejército. Saqué como conclusión que los dichos de Berthier suponían una amenaza para la integridad física de mi familia y la mía propia. Todo basado en el conocimiento que tengo de la forma en que él se maneja”, aseguró el mayor del Ejército retirado Ramón Alberto Varela.

El hombre relató que Berthier poseía varias propiedades en Pilar que “están habitadas por empleados que responden a él, que ostentan armas y hacen un control de toda la zona. Además, en dos oportunidades, Berthier se dirigió a mí personalmente diciéndome que me mataba cuando quería. Yo no le di trascendencia en ese momento, pero dado el tenor de sus antecedentes respecto a hechos similares y la gravedad de la causa decidí presentarme ante el tribunal”, afirmó Varela. El mayor retirado le dijo a la jueza que suponía que, si le pasaba algo, lo iban a atribuir a “la inseguridad”.

Ahora, la desaparición del testigo clave en el juicio contra Etchecolatz y la campaña de amenazas modificaron el contexto. Y Berthier podría salir en libertad, a pesar de la oposición de María Eugenia y su abogado, Tomás Ojea Quintana. La medida no se hizo efectiva porque fue apelada por el fiscal Raúl Perotti y está siendo analizada por la Sala II de la Cámara de Casación.

El tribunal que juzgará a Berthier es el mismo que condenó a Julio Simón (a) El Turco Julián. La decisión de excarcelar al represor fue tomada por mayoría. Los magistrados Guillermo Gordo y Ricardo Farías consideraron que Berthier estuvo preso demasiado tiempo sin condena -cuatro años- y que se pueden tomar medidas para que el acusado no se acerque a los testigos que fueron amenazados. Luis Di Renzi se opuso a liberarlo porque entendió que los antecedentes de intimidación hacían suponer que “había indicios suficientes para inferir que Berthier intentaría entorpecer o eludir el accionar de la Justicia”.

A pesar de que hoy las amenazas son moneda corriente, María Eugenia ya no tiene miedo, pero tampoco le pasan desapercibidas las intimidaciones que desde hace semanas llegan a despachos judiciales, funcionarios, sobrevivientes y miembros de organismos de derechos humanos. “Lo que está pasando nos inquieta a todos. Despierta las vivencias y el miedo a repetir experiencias. Si bien yo personalmente no tengo miedo, me parece peligroso que los jueces minimicen esta situación. Pone en evidencia el poco criterio que tiene la Justicia para evaluar estas situaciones”, dijo a Página/12.


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