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El Gobierno desactiva el proyecto de indemnización por exilio

Viernes 20 de octubre de 2006.

Después de calcular costos políticos y económicos, el kirchnerismo desactivará la polémica propuesta de indemnizar a los exiliados de la última dictadura. El proyecto solo necesitaría el voto de los diputados para ser ley. Pero el mayoritario bloque oficialista no piensa respaldarlo y perdería estado parlamentario el 30 de noviembre, al finalizar las sesiones ordinarias.

Altas fuentes kirchneristas le aseguraron a Clarín que la iniciativa -aprobada por el Senado en marzo de 2005- va camino de volver a fojas cero por la resistencia de la ministra de Economía, Felisa Miceli, y las diferencias entre sus legisladores sobre la razonabilidad de otorgar una reparación monetaria a los que se fue ron y no a los que soportaron el régimen militar en el país. "¿Qué hacemos con los que durante el gobierno militar se quedaron guardados en un garage?", graficó un influyente diputado K.

Además, entre los fundamentos del oficialismo se coló por primera vez el temor a quedar arrinconado por los argumentos de la oposición. "El pago a los exiliados no cae bien en la sociedad y si abrimos el debate corremos el riesgo de que el ARI y el radicalismo saquen provecho en vísperas de un año electoral", confesó otro kirchnerista de peso.

Miceli le ratificó a varias diputadas K su negativa a endeudar al país por esa indemnización. Se basó en un aspecto técnico: la cantidad indefinida de beneficiarios y del monto a desembolsar. Se estima que se necesitarían entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en bonos del Tesoro.

El proyecto contempla un beneficio de 107 pesos por día de exilio entre el 6 de noviembre de 1974 (cuando el gobierno de Isabel Perón decretó el estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983. Igual a lo percibido por los presos políticos. Calificarían para el beneficio sumarían entre siete y diez mil personas, para lo cual deberían ser reconocidas como refugiadas en otro país.

La Comisión de Derechos Humanos, encabezada por Remo Carlotto, aprobó el dictamen con el voto kirchnerista. Pero el proyecto quedó cajoneado en la de Presupuesto. Pesaron las contradicciones que sembró en el oficialismo la argumentación de las opositoras Marcela Rodríguez, del ARI, y Alicia Tate, de la UCR, al proponer una alternativa: que la Justicia evalúe los perjuicios materiales en cada caso.

Con todo, la Corte Suprema ya dictó cinco fallos que equiparan el exilio forzado con el encarcelamiento ilegal. Es la bandera que enarbola la Comisión de ex Exiliados de la República Argentina para reclamar una ley general.

"El Estado debe reparar a los que nos fuimos para salvar la vida, porque no nos dio la debida protección, y dictar otra ley para el exilio interior", le dijeron a Clarín Susana Gabbanelli y Miguel Schclarek, de la comisión.

Como telón de fondo del tironeo sobrevuela una discusión que los legisladores solo se atreven a dar en voz baja: de aprobarse, el beneficio alcanzaría a los comandantes de Montoneros y el ERP, organizaciones guerrilleras que realizaron acciones armada aún antes del golpe de 1976, en pleno gobierno peronista.

Por ahora, los exiliados no parecen formar parte de la activa política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner __._,_.___


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