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Justicia

LOS PRESOS DEL ‘4-F’. De los nueve acusados, tres han permanecido dos años presos

Martes 29 de enero de 2008.

Los forenses arruinan la versión oficial del 4-F Jueves 24 de enero de 2008.

Periódico Diagonal

Por Edu Bayer

Tras dos años de espera y cinco sesiones maratonianas de juicio, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona emitirá un veredicto en las próximas semanas sobre los ‘hechos del 4-F’, por los que se piden penas de hasta 11 años de cárcel.

Sin pruebas concluyentes, basado únicamente en informes policiales y con un rotundo desmentido de las tesis de las acusaciones por parte de prestigiosos forenses, el juicio finalizó tal como empezó. Con Fiscalía, Guardia Urbana y Ayuntamiento de Barcelona solicitando penas de hasta 11 años de cárcel por considerar que todos los jóvenes juzgados -los tres encarcelados y seis detenidos más- constituyeron “un grupo que atacó a la policía”. Y con todas las defensas demandando al tribunal la libre absolucióny una resolución ajustada a Derecho basada en la ausencia de pruebas inculpatorias. En la madrugada del 4 de febrero de 2006, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona resultó herido de gravedad tras recibir el impacto de un objeto frente a una casa abandonada donde se realizaba una fiesta. Posteriormente, nueve personas fueron detenidas en el exterior y las calles colindantes y maltratadas durante su traslado y custodia. Tres de ellas han permanecido encarceladas desde entonces, reivindicando su inocencia y las irregularidades que acumulaba el proceso judicial. Sintomáticamente, el 22 de enero -tan sólo cuatro días después de finalizar el juicio-, el tribunal decretó la libertad de dos de ellos, aunque para el tercero y único que permanece en la cárcel pospuso la decisión sobre su situación hasta el 31 de enero. A través de los numerosos testimonios -vecinos, transeúntes golpeados, videos, agentes, enfermeros y detenidos- el juicio ha constatado una realidad: el 4 de febrero fue una noche de caos, nerviosismo e improvisación policial. Parámetros que se reprodujeron durante la instrucción posterior: nula investigación, graves deficiencias en los informes forenses, limpieza inmediata del lugar del suceso e impulso político y policial para un castigo rápido y ejemplarizante contra tres de los detenidos.

Informes viciados

A ello cabe sumar otras irregularidades que se han dado durante el juicio. A destacar, la escandalosa relación y comunicación entre todos los testigos policiales -hasta 17- antes y después de declarar ante el tribunal, que motivó la queja de todas las defensas. Con todo, sólo un agente policial imputó la agresión a uno de los encarcelados, tras un insólito “reconoce a la persona de en medio” indicado por la fiscal. Ese policía afirmó identificar en Rodrigo a la persona que lanzó una piedra cuyo impactó en la frente del municipal le hizo desplomarse, dejándole gravemente herido.

Este testimonio clave fue rotundamente desmentido por las más reconocidas instancias de la medicina legal y forense catalana, que negaron toda base científica a la posibilidad de que las graves lesiones sufridas por el agente hubiesen podido ser producidas por el lanzamiento de una piedra con impacto frontal -el nudo gordiano de toda la versión oficial- el objeto tuvo que ser necesariamente lanzado desde pisos superiores. Fueron esas mismas voces quienes hicieron añicos un informe forense oficial viciado, evidenciando que se realizó únicamente en base a los informes policiales y sin explorar en ningún momento al herido. Quien contra pronóstico se volvió a sumar al desmentido de la versión oficial fue el actual ministro de Industria, Joan Clos, y alcalde de Barcelona cuando se produjeron los hechos.

El mismo día que arrancaba el juicio, en una entrevista televisada, recordó que la primera información que le facilitaron fue que un policía había sido herido por el impacto de una maceta lanzada desde arriba. A reforzar ese desarrollo exculpatorio de los hechos han contribuido sobremanera la cinta de un videoaficionado, donde se visualiza el lanzamiento de material desde balcones; un informe de los Mossos d’Esquadra que constata tejas arrancadas y arrojadas desde los tejados; y los testimonios de numerosos vecinos que vieron lo sucedido.

El juicio ha levantado una amplia expectación mediática, diplomática y social. El embajador de Chile en el Estado, los cónsules chileno y argentino en Barcelona; las Madres de Plaza de Mayo, Justicia i Pau, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, entre otras tantas entidades, se han personado como observadores. Los incidentes del 4 de febrero se produjeron frente a una casa ocupada que -cabe recordarlo- está desvinculada del movimiento social de okupaciones, y su responsable ubicado en el ámbito de la confidencia policial y ‘el trapicheo’, factor sobre el que los investigadores han pasado de puntillas. Un agente municipal resultó gravemente herido y con secuelas cerebrales y ahora la amenaza de la venganza corporativa se cierne sobre los acusados. Entre la cautela y la incógnita, familiares y amigos esperan la resolución judicial.

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