Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

Bignone, a juicio oral por delitos de lesa humanidad

El juez federal Daniel Rafecas determinó procesar al dictador por el secuestro de médicos y profesionales de la salud del Hospital Posadas
Sábado 31 de enero de 2009.

El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa que involucra al dictador Reynaldo Bignone, procesado por el secuestro de médicos y profesionales de la salud del Hospital Posadas, de Haedo, durante la última dictadura militar.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el magistrado remitió al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) el legajo en el que Bignone, el coronel médico Agatino Di Benedetto, el brigadier general Hipólito Mariani y los represores Luis Muiña y Argentino Ríos, están procesados por delitos de "lesa humanidad".

En el expediente que tramita Rafecas se investiga el secuestro, en 1976, de 36 profesionales, en su mayoría médicos y enfermeras del Posadas, de los cuales Jacobo Chester, Jorge Roitman y Julio César Quiroga continúan desaparecidos.

El magistrado acreditó, además, la existencia de un centro clandestino de detención y torturas en el mismo predio del hospital que funcionaba en la residencia del director, en un ámbito conocido como "El Chalet" el que fue reconocido por las víctimas.

De las constancias del expediente se desprende que Bignone, por entonces general de división, comandó personalmente la "toma" del centro de salud dos días después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

A fines de 2007 Rafecas dictó el procesamiento del dictador al encontrarlo responsable de la privación ilegal de la libertad de quince personas ocurridas entre el 28 y el 29 de marzo en el marco de un "inaudito operativo militar".

El "copamiento" del Hospital Posadas se enmarcó en un procedimiento del que participaron tanques y camiones del Ejército con soldados con armas largas que anticiparon la llegada de Bignone a bordo de un helicóptero.

El desmedido procedimiento fue ordenado en base a "rumores" que señalaban que, ese hospital era un "centro de atención de supuestos subversivos" algo que "los mismos representantes de la dictadura, empezando por Bignone terminaron reconociendo que era falso e infundado", explicó a Télam una fuente allegada a la investigación.

Los procesamientos dictados por Rafecas fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Federal al igual que el embargo de un millón de pesos que decretó el magistrado sobre los bienes de Bignone quien en su indagatoria reconoció que las detenciones fueron "breves y sólo para identificar al personal".

Al ratificar lo resuelto por el magistrado, sus superiores destacaron la "paradoja" de que en "una institución al servicio de la salud funcionó un centro clandestino de detención, en el cual lejos de velarse por la vida se sometió a los cautivos a un régimen de terror".

Esta nueva elevación a juicio oral es la octava que ordena Rafecas quien ya puso a disposición del TOF5 todos los elementos para el juzgamiento de los delitos de "lesa humanidad" cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como "Club Atlético", "el Banco", "El Olimpo", y "Automotores Orletti", entre otros.

En esos expedientes se procesaron a decenas de represores y se juzgaron hechos que damnificaron a alrededor de 800 víctimas de delitos de "lesa humanidad" cometidos en esos centros clandestinos a los que Rafecas parangonó con los "campos de concentración" del nazismo.

La causa Posadas a juicio

Por Diego Martínez

Inmediatamente después del golpe de 1976, el hospital de Haedo fue ocupado por una patota que hasta armó un centro de torturas interno. El juez Rafecas elevó a juicio el caso, pero pueden pasar años antes de las audiencias.

El juez federal Daniel Rafecas elevó ayer a juicio oral y público la causa por secuestros y torturas a médicos, enfermeros y empleados del Hospital Posadas durante los días posteriores al golpe de Estado de 1976. La elevación abarca a cinco imputados, incluido el dictador Reynaldo Bignone, en tanto otros seis estuvieron en la mira de la Justicia por su participación en los mismos delitos pero murieron a tiempo de no rendir cuentas. Por conexidad con otros expedientes vinculados con el Primer Cuerpo de Ejército, la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que acumula juicios por crímenes de lesa humanidad para no menos de un lustro, dato no menor si se considera que tres imputados tienen más de 80 años.

El 28 de marzo de 1976 el policlínico Posadas, en Haedo, fue ocupado por una patota al mando del general Bignone, delegado de la junta militar en el área de Bienestar Social, que designó como interventor al coronel médico Agatino Di Benedetto. En los días posteriores fueron detenidas cuarenta personas, distribuidas luego en comisarías, cárceles y la Superintendencia de Seguridad Federal. Seis fueron trasladadas a El Chalet, centro clandestino ubicado en la residencia del flamante director, dentro del predio del hospital, donde fueron interrogadas bajo tortura. El médico Jorge Roitman y el empleado Julio Quiroga nunca reaparecieron. A mediados de abril de 1976 se instaló en el hospital un grupo de tareas que los empleados llamaban “Swat”, con la misión de proteger el lugar de “resentidos, disociadores y subversivos”. La banda, integrada por varios civiles, ostentaba sus armas en los pasillos y participaba de operativos en la calle y en domicilios particulares.

Los imputados que llegan a juicio, además de Bignone y Di Benedetto, son el brigadier Hipólito Rafael Mariani, que como jefe de la Brigada Aérea de El Palomar tenía bajo su jurisdicción El Chalet, y dos civiles miembros del grupo “Swat” que varias víctimas reconocieron durante sus secuestros: Luis Muiña y Argentino Ríos. Según el procesamiento de Rafecas de diciembre de 2007, los seis integrantes del grupo de tareas que murieron antes de ser citados por la Justicia son el coronel Julio Ricardo Esteves, el subcomisario Ricardo Antonio Nicastro y los miembros del grupo de tareas José Faraci, Oscar Raúl Teves, José Meza y Carlos Domingo Ricci.

De los cinco imputados que pueden llegar a ser juzgados, Di Benedetto tiene 85 años, Bignone 81 y el brigadier Comes, condenado a 25 años de prisión (domiciliaria) como responsable de Mansión Seré, festejó ayer sus 82. Los tres gozan de arresto domiciliario. Ríos, de 64, y Muiña, de apenas 54, pasan sus días en el penal de Marcos Paz.

La edad de los represores sería un dato menor si los tribunales orales federales no estuvieran colapsados. Pero no es el caso. El TOF-5 comenzará a juzgar el 10 de febrero al ex comandante de la subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, y a cuatro ex jefes de áreas militares. Hacia fin de año sería el turno del primer juicio a los marinos de la ESMA, con 22 imputados y centenares de testigos. En qué orden y cuándo llegarán a juicio el resto de las causas acumuladas sigue siendo un misterio. Antes que la causa del hospital Posadas ingresaron elevaciones por delitos cometidos en los centros clandestinos El Atlético, El Banco, El Olimpo, El Vesubio y también en la provincia de La Pampa, que formaba parte del Primer Cuerpo de Ejército. En diciembre la Corte Suprema de Justicia admitió que la congestión en los tribunales federales porteños impide reasignar las causas abarrotadas en el TOF-5 y recordó que el 15 de julio pasado solicitó al Poder Ejecutivo la creación de dos nuevos tribunales orales. Aún no se conoce la respuesta.

Fuente: El ortiba


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