Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

JUICIO A JAIME SMART E IBERICO SAINT JEAN

En este juicio se juzgaría por primera vez a un civil, entre los responsables del mayor circuito represivo del país durante la dictadura militar argentina
Domingo 12 de julio de 2009.

“Reventalo hasta que hable. Tiene que hablar. Y si no que se muera”, ordenó el hombre de traje. El detenido, pálido, había atravesado varias escalas del mayor circuito represivo del país. Llevaba dos meses vendado y atado a una cama en el subsuelo de la Jefatura de Policía de La Plata, pero no tardó en reconocer al ex camarista de la anterior dictadura. El interrogador Norberto Cozzani, condenado en los ’80 por torturar al periodista Jacobo Timerman, lo ayudó a evacuar la duda:

 Sí, señor ministro -acató la orden.

El testimonio ante la Justicia pertenece a un ex diputado que por seguridad prefiere que se preserve su identidad. El trajeado no es otro que Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean y superior inmediato del jefe de policía Ramón Camps. Tanto el fiscal Sergio Franco como el abogado Alejo Ramos Padilla, que patrocina a los hermanos Héctor y Javier Timerman por el caso de su padre, le requirieron al juez Arnaldo Corazza la elevación a juicio oral y público, por 63 privaciones ilegales de la libertad y torturas, de los ex funcionarios de facto y de otros siete imputados: el coronel Rodolfo Aníbal Campos, los policías Co-zzani, Eros Amílcar Tarela, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés y el condenado Miguel Etchecolatz.

“Es absurdo que se juzgue a quienes empuñaron armas e interrogaron y no a los autores intelectuales que idearon, colaboraron y dirigieron ese plan”, escribió Ramos Padilla. Luego de desmenuzar relatos de guardias y sobrevivientes de Puesto Vasco y COT-1 Martínez sobre los tormentos contra Timerman y la saña por su condición de judío, detalló la responsabilidad de Saint Jean y Smart, firmantes de la designación de Camps y de quienes dependía orgánicamente la policía.

Las pruebas más sólidas contra los ex funcionarios las aportó el propio Camps en su libro sobre Timerman. “Un equipo del gobierno provincial colaboró aportando las bases para la consideración jurídica, de carácter económico, y para establecer cuál era el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis del contenido de La Opinión”, escribió. Camps los identificó en los agradecimientos, junto a los torturadores. La lista la encabeza Smart, que cuatro meses antes del secuestro de Timerman dijo sentir “el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos” y “la necesidad de volcar todos los recursos del Ministerio de Gobierno en la lucha contra la subversión”. “Fueron parte de un todo, tuvieron participación activa”, confirmó Cozzani desde la cárcel. “En el caso Timerman había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo por tratarse de un problema subversivo”, agregó Camps.

“El secuestro de Timerman, la intervención y clausura de La Opinión, derivaron de la acción de un grupo de personas que tenía como fin último acallar las denuncias públicas sobre violaciones a derechos humanos”, escribió Ramos Padilla. “La causa formal fue vincularlo con David Graiver”, sindicado como financista de Montoneros. “La causa real, que estaban convencidos de que era un diario ideológicamente subversivo”, agregó. Detalló notas críticas al gobierno de Saint Jean y la evaluación que, tras el estudio de los funcionarios, realizó Camps. Timerman “trató desde La Opinión de orquestar una empresa de concientización revolucionaria”, “creyó posible redefinir los fundamentos de nuestra cultura” y es “uno de los principales responsables de la subversión cultural, que armó las conciencias de la guerrilla”, escribió.

“No puedo creer que Jimmy sea responsable”, declaró días atrás Juan Romero Victorica, fiscal ante la Cámara de Casación, en referencia a su amigo Smart. “No voy a aceptar que torturó y secuestró”, agregó. Romero fue denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos por “no representar al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad” y por ignorar jurisprudencia que establece la obligación de juzgar delitos de lesa humanidad. La Procuración General de la Nación analiza la denuncia. Casación debe resolver si confirma o rechaza la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que ordenó revocar el arresto domiciliario y enviar a una cárcel a Saint Jean y Smart. Excepto apropiadores de bebés y agentes de inteligencia, los civiles que actuaron a la par de militares, policías y capellanes durante la dictadura no han sido alcanzados por el corto brazo de la Justicia. ¿Será el abogado Smart el primer alto funcionario civil del Estado terrorista juzgado por secuestros y torturas?

Por Diego Martínez

fuente: Página12


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