Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

COMIENZA HOY EL SEGUNDO JUICIO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN CAMPO DE MAYO

El ex dictador Reynaldo Bignone será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Riveros y Verplaetsen van por su segunda condena. Debuta el coronel Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601.
Martes 3 de noviembre de 2009.

Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.

Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.

Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.

Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.

El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.

Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.

Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.

CACHO SCARPATI, UNO DE LOS POCOS SOBREVIVIENTES DE LOS CAMPOS

Scarpati se fugó de Campo de Mayo y dio sus primeros testimonios en España. Duro militante de los ’70, murió el año pasado, a los 68 años. Sus relatos forman parte de la acusación contra Riveros y los demás represores.

Militante de la Resistencia, miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas, oficial mayor de Montoneros, Juan Carlos Scarpati fue secuestrado el 28 de abril de 1977, luego de recibir ocho balazos, incluidos dos en la cabeza que le hicieron perder el conocimiento mientras lo trasladaban a Campo de Mayo. Durante veinte días en estado de coma, cuadro que no impidió interrogarlo, fue asistido por una cautiva que se negó a quitarle la vida. “La muerte era un estado de liberación que no todos tuvieron la suerte de alcanzar”, escribió años después.

Cuando pudo caminar, lo obligaron a realizar tareas de mantenimiento con la capucha verde oliva a media asta, un salto cualitativo en un chupadero donde la regla era pasar día y noche sentado en el suelo, con capucha y grilletes, sin apoyarse, sin hablar y sin moverse, y que además le permitió conocer en detalle los recovecos del mayor centro clandestino del Ejército.

Pronto comprendió que el destino unánime de quienes caían en manos del general Riveros era “el traslado” y comenzó a soñar con la fuga. El 17 de septiembre, en La Plata, donde un compañero había sugerido que el “Loco César” podía marcar una emisora de Radio Liberación, aprovechó un descuido, redujo a un guardia y escapó. Recuperó a su hija y a los tres meses logró salir a Brasil.

En 1979 hizo su primera denuncia pública desde España ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la Cadhu. Dibujó planos, detalló nombres de guerra y apodos de interrogadores, miembros de patotas y guardias. Contó que las sesiones de tortura incluían el uso de picanas automáticas, que durante horas efectuaban descargas eléctricas cada cuatro segundos, además de submarinos, ataques con perros de guerra, palizas hasta el desmayo y prácticas de karate, siempre con el enemigo atado y encapuchado.

“El traslado era sencillo”, dijo: subían a 40 o 50 cautivos adormecidos a un camión, que los llevaba hasta la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, donde los embarcaban en aviones con destino a alta mar. Antes les sacaban la ropa y la quemaban. Por las letras y números que les asignaban, calculó que hasta su fuga habían pasado 3500 secuestrados por Campo de Mayo. Dio los nombres y apodos que conoció, tarea que continuó durante tres décadas.

“Detrás de cada nombre hay una historia de horror que cuesta imaginar y sin embargo ocurrió”, escribió en 1979. “No fue obra de ‘monstruos’ que cualquier ser normal reconocería apenas los viera. Su aspecto es normal y su actitud también. Tienen hijos, esposas y se creen buenos padres, defensores de ‘la libertad’ y ‘las buenas costumbres’. Las torturas, los desaparecidos, los ‘traslados’, forman parte de la ‘guerra sucia’: es una política previamente calculada y fríamente ejecutada, y no producto de ‘excesos de algunos grupos’ como se pretende hacer creer.” Ese mismo año participó de la elaboración de un documento crítico de las organizaciones armadas y de la fundación en el exilio de la Agrupación Eva Perón. Ya en democracia recorrió los restos de “El Campito” con la Conadep y se convirtió en el principal testigo de la causa.

El 24 de marzo de 2006 habló en Campo de Mayo. “No se entiende la saña y las desapariciones sin la historia previa”, dijo, y enumeró: bombardeos de Plaza de Mayo, secuestro del cadáver de Evita, secuestro y desaparición de Felipe Vallese, fusilamientos en José León Suárez, en la cárcel de Las Heras, en Campo de Mayo y en Lanús; presos del Conintes, traición de Frondizi, cárcel “por querer traer a Perón”. “Hoy todo el mundo reivindica la lucha de los ’70, pero algunos no estuvieron”, advirtió, y reclamó “que cada agrupación levante a los caídos con su identidad política”.

“Hay que empezar a hablar no sólo de si se luchó o no, sino por qué se luchó. La oligarquía y el imperialismo, con el Ejército como mano de obra, luchó por un país con industrias caídas, entrega del patrimonio nacional, desocupados, hambre y exclusión. Nosotros luchamos por una patria más justa, un país con justicia social. La memoria debe ser integral”, reclamó. “Los desaparecidos no eran seres anónimos, tenían un proyecto político, eran luchadores de organizaciones concretas”, machacó. “Los sueños no se sueñan, los sueños se construyen”, enseñó.

Cacho Scarpati murió a los 68 años, el 16 de agosto de 2008, detalle que no le impide estar presente. El Peronismo 26 de Julio, organización que fundó en 1985 y donde aún se lo considera secretario general, se concentrará a primera hora frente al galpón que oficiará de tribunal para exigir “castigo y cárcel común a los responsables de la ignominia” y para homenajear a su líder “como ejemplo de la victoria”.

¿QUIÉN FUE BIGNONE?

Tras la guerra de las Malvinas, el general Cristino Nicolaides designó en nombre del Ejército al entonces general retirado Reynaldo Benito Antonio Bignone en el Poder Ejecutivo. Las crónicas de la época hablaban de la designación por “un solo voto”, el voto del Ejército, en una estructura en la que la Junta de Comandantes se disolvía. Bignone asumió el 1º de julio de 1982 como cuarto jefe del gobierno de la última dictadura. Tenía 54 años. A fuerza del trabajo de los organismos de derechos humanos, en el país se abría el camino de la recuperación democrática. En ese contexto, Bignone inició la negociación con los partidos políticos nucleados en la multisectorial que lideraba Raúl Alfonsín y preparaba la firma de un paquete de leyes de amnistía a los militares.

“¿Cualquier gobierno surgido de las elecciones es mejor que un gobierno militar?”, preguntó por aquellos días la revista Gente. “¡No!”, respondió el general Bignone. “El fundamento esencial del sistema democrático es que surja el mejor gobierno y entonces le digo que sí, que el mejor gobierno surgido de elecciones, es mejor que un gobierno militar.”

Los sobrevivientes de los campos clandestinos recordaron años después otras frases. “En una guerra sucia, el inocente paga por los culpables.” Y Bignone es la misma persona que años más tarde, en 2003, admitió ante una cámara oculta que los instructores franceses enseñaron a los militares argentinos el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina de personas. O que el Episcopado argentino aprobó aquella práctica. “Fue una copia”, le dijo a la periodista Marie-Monique Robin, intentando comparar la batalla de Argel con la Argentina. “Inteligencia, cuadriculación del territorio dividido en zonas. La diferencia era que Argelia era una colonia y lo nuestro fue dentro del país, era una diferencia de fondo pero no de forma en la aplicación de la doctrina.”

Bignone nació en Morón, el 21 de enero de 1928. A los 19 años entró a la Infantería de Marina del Ejército, estudió en la Escuela Superior de Guerra y en la España de Franco. En 1964 ascendió a jefe del VI Regimiento de Infantería, en 1975 a secretario del Estado Mayor del Ejército y quedó como director del Colegio Militar del Palomar. Tras participar del derrocamiento de Isabel Perón, el 28 de marzo de 1976 envió a una patota que ocupó el policlínico Posadas de Haedo, convertido en centro clandestino en un operativo que terminó con 40 secuestrados. Fue subjefe del Comando de Institutos Militares debajo de Santiago Omar Riveros. Dicen que su retiro en 1981, tras la caída de Videla y el distanciamiento con las cúpulas militares que siguieron, le dio una imagen ideal a la que apeló el Ejército para la transición.

Ante la sociedad, dijo que venía a restaurar la democracia. Pero su mandato iba a incluir una tarea clave: la negociación con las fuerzas políticas para el retiro ordenado, sin investigaciones ni sanciones de los dictadores, como recuerdan Eduardo Kimel y María del Carmen Ruiz en 20 años de historia política argentina. El 28 de abril de 1983 firmó el decreto 2726 para destruir la documentación sobre detenciones, tortura y asesinato de desaparecidos. Y dictó el documento final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo, que dictaminaba la muerte de los desaparecidos. El 23 de septiembre firmó la ley de Amnistía o Pacificación Nacional para los miembros de las FF.AA. sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión que el Congreso después anulará.

El Juicio a las Juntas de diciembre de 1985 juzgó a nueve integrantes de las tres primeras juntas. La última, presidida por Bignone, fue excluida. En 1984 quedó detenido por la desaparición de dos conscriptos, pero quedó en libertad por las leyes de la impunidad. Fue detenido nuevamente en 1999, en el marco de la investigación por el robo de bebés y el secuestro y desaparición de médicos del Hospital Posadas.

Por Diego Martínez

Fuente: Página 12


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