Plataforma Argentina contra la Impunidad
Derechos Humanos

ROBARON LEGAJOS DE REPRESORES ACUSADOS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS BONAERENSE

La titular de la Secretaría y otras siete personas fueron atadas por dos delincuentes que se llevaron material relacionado con los crímenes de la dictadura y delitos cometidos por miembros de la Bonaerense
Lunes 4 de enero de 2010.

Dos desconocidos ingresaron en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, ataron a su titular, Sara Derotier de Cobacho, y a otras siete personas que se encontraban en la oficina y robaron documentos de investigaciones que realiza la Secretaría sobre delitos que involucran a la Policía provincial, además de material relacionado con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Los ladrones se llevaron la computadora personal de la funcionaria, teléfonos celulares y también unos ocho mil pesos, aunque en la gobernación se mostraron convencidos de que el móvil del robo no fue el dinero. El gobernador Daniel Scioli descartó la posibilidad de un delito común y calificó lo sucedido como una “actitud mafiosa e intimidatoria”. Pareció aludir así a la fuerza con la que está en crisis: hace quince días, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, había acusado a la policía de instigar robos y asesinatos para “desestabilizar” el gobierno provincial. Un ex agente de la Bonaerense fue detenido y acusado de haber participado en el asalto.

El robo ocurrió el miércoles 30 de diciembre entre las 17.15 y las 17.30, aunque trascendió recién ayer. Los delincuentes, armados y a cara descubierta, redujeron a las personas que había en la Secretaría, que unos minutos antes habían realizado el brindis de fin de año. Ataron sus manos con precintos y obligaron a Cobacho a que les diera la llave de la caja fuerte. De su interior se llevaron las denuncias contra la policía que había recibido la oficina, muchas de ellas formuladas por efectivos en actividad, y papeles con datos de las investigaciones en curso. También robaron expedientes de ex agentes penitenciarios y de otros represores acusados por crímenes cometidos durante la dictadura en juicios que están por entrar en la etapa de audiencias orales.

Cobacho aseguró que los ladrones parecían conocer el lugar y tenían “un proceder muy policíaco” (ver entrevista aparte), empezando por los precintos que usaron para atarlos. Las armas que llevaban y el hecho de que entraran y salieran sin dificultades del edificio, situado en la céntrica cuadra de 53 y 8, en La Plata, a metros de donde permanecía la custodia de la Legislatura, le reforzaron esta impresión. Si bien en la entrada del edificio la Secretaría había mandado a instalar una cámara de seguridad, el día anterior la cámara había amanecido rota.

Un detenido

Como los ladrones actuaron a cara descubierta, la secretaria y sus asistentes pudieron colaborar con la confección de identikits. Al día siguiente del robo fue detenido un ex agente de la Bonaerense de apellido Mateos. El ex policía fue arrestado en su casa; en el allanamiento le encontraron once mil pesos -de la Secretaría se llevaron sólo ocho mil- y unos teléfonos. En cambio, no fueron hallados ni los documentos ni la notebook sustraídos.

El fiscal Marcelo Martini, a cargo del caso, detalló que “hay una huella dactilar que lo involucró, encontrada en el lugar del robo” y por la que fue ordenado el arresto. El detenido se negó a declarar y deberá ahora pasar por varias ruedas de reconocimiento, previstas en principio para el próximo jueves. La causa quedó caratulada como “robo calificado por el uso de armas y privación ilegítima de la libertad” y todavía no han declarado en ella todos los damnificados.

Ayer, en las primeras declaraciones públicas después de que trascendiera lo sucedido, el gobernador Scioli respaldó a su funcionaria. “Nada hará quebrar la voluntad y el trabajo de Sara y del gobierno provincial por el esclarecimiento de delitos de este tipo”, declaró, tras considerar que el episodio había sido un mensaje mafioso.

La provincia atraviesa una de las recurrentes crisis con la actuación de la Policía Bonaerense. El capítulo actual empezó hace poco más de un mes, con los asesinatos de tres mujeres -Renata Toscano (de 43 años), la maestra Sandra Almirón (37) y la bioquímica Ana María Castro (54)-, todas atacadas mientras estaban en sus autos, en supuestos intentos de robo. Los crímenes generaron movilizaciones de vecinos que tuvieron fuerte repercusión y se sumaron a las críticas por las fallas en la investigación sobre la muerte de la familia Pomar. El ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli, denunció poco después que los homicidios pudieron ser “instigados por personal policial” para “desestabilizar” a la gobernación. Stornelli apuntó sus sospechas de que la policía estaba reclutando a menores en los asentamientos para cometer estos delitos y lo interpretó como una reacción a su decisión de desplazar de sus cargos al jefe del área de Delitos contra la Propiedad Automotor, el comisario Marcelo Andrade, y sus subalternos.

Ayer, Derotier de Cobacho señaló que en diciembre -luego de que Stornelli formulara esta acusación- la Secretaría de Derechos Humanos había comenzado a recibir denuncias diarias sobre la Bonaerense. La funcionaria apunta sus sospechas sobre la policía y los papeles con datos de los denunciantes que guardaba en la caja fuerte sobre hechos de corrupción de esa fuerza, muchos de los cuales no tenían todavía estado judicial.

EL RELATO DE SARA DEROTIER DE COBACHO

No fue un grupo comando, fueron dos individuos armados que sin disparar un tiro se llevaron un valioso botín de la Secretaría de Derechos Humanos provincial. “Estoy bajoneada, pero se ve que estoy trabajando bien que me prestan tanta atención... justamente los que estamos denunciando”, dijo a Página/12 Sara Derotier de Cobacho, a cargo de esa dependencia oficial. Los ladrones se llevaron expedientes con material de juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pero en esta entrevista la funcionaria puso el acento en las denuncias que viene recibiendo desde hace un mes sobre delitos actuales en la Policía Bonaerense, sobre todo aquellos referidos al reclutamiento de menores por parte de los uniformados para obligarlos a delinquir. “Carlos, fueron polis, ¿verdad?”, le preguntó Cobacho al ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, la misma noche del robo.

“Eran las cinco y cuarto del miércoles. Habíamos hecho el brindis de fin de año y todos se estaban yendo. Estaba con mi equipo de la privada. Dos personas dijeron que querían hablar conmigo porque venían a traerme un presente. Cuando el chico de la mesa de entradas les preguntó sus nombres lo redujeron, no tuvo tiempo de tocar el botón del teléfono. Con el ruido salió el mozo y también lo redujeron y lo mismo a dos compañeros que entraban, que vieron mi ventana abierta y pasaron a saludar. Encañonados los hacen subir la escalera en fila india”, relató Derotier de Cobacho.

 ¿Qué armas tenían?

 Uno tenía una 9 milímetros, creo. El más grandote tenía una 32 niquelada, cosa rara en un policía...
 ¿Eran policías?

 Es mi sospecha, debido a la forma en que estoy trabajando, últimamente estaba recibiendo denuncias pesadas que tenía en mi notebook, que no la dejo nunca, la tengo siempre conmigo.

 ¿Denuncias sobre la dictadura o actuales?

 Tenía el caso del centro clandestino de Arana completo, del Pozo de Banfield, todo lo del chico (desaparecido en una comisaría, Luciano) Arruga, denuncias de corrupción policial en Almirante Brown, en Malvinas Argentinas y Ezeiza.
 ¿En estos días acudieron a usted para aportar datos?

 La semana previa a Navidad. Policías que no dieron su nombre pero, por ejemplo, me dejaron un teléfono que lo tenía en el celular que se robaron.

 ¿Esos contactos los perdió?

 Y, seguramente ahora no vienen más. Me llevaron el Nextel, ahí tenía todo lo importante, el teléfono de (Daniel) Scioli, de los ministros, y los que yo consideraban no tenían que estar en el otro celular, pero me llevaron los dos. Me pedían la llave de la caja fuerte, sabían que tenía ahí varias carpetas, cerca de 40 expedientes, lo del chico Arruga con nombre y apellido, y estas últimas que estaban en mi notebook. Los tipos insistían con mi notebook, sabían muy bien lo que buscaban. No les quería dar la llave pero cuando le gatillan el arma a mi secretario en la cabeza, se las di. Pensé, esto no es joda, son milicos o polis. Nos ataron con esa cinta plástica dura que lastima. Tenían una actitud muy policial, uno daba órdenes, el otro obedecía. Fue a cara descubierta, uno tenía anteojos, que se le caen cuando se agacha porque la caja fuerte está al ras del piso.

 ¿La lastimaron?

 No. Fueron bruscos de palabra sólo conmigo. Pegaron una patada al escritorio que sonó como un tiro, pero no dispararon. El que daba las órdenes estaba iracundo. Preguntaba “dónde está, dónde está”, pero no decía qué. Era la notebook, que estaba al lado del escritorio. Cuando me sacan la llave de mi monedero, se llevan 8 mil pesos de la jubilación de senadora provincial, porque en la secretaría estoy ad honorem. Y se llevaron una pulsera de oro, pero como un souvenir más, su motivo era otro. Todos los demás tenían dinero del aguinaldo y no robaron nada.

 ¿Cuál era el verdadero motivo?

 Son los juicios que se aproximan, saben que estoy investigando y la gente habla conmigo, cosas del pasado y del presente, que siempre se juntan. A mí lo que más me embroma es que tenía todo del caso Arruga.

 ¿Datos sobre policías que obligan a menores a cometer delitos?

 Sí, el ministro (de Seguridad Carlos) Stornelli conocía esto.

 ¿Qué se puede reconstruir de todo eso?

 Estaba por hacer copia de lo que tenía en la computadora pero no llegué. Se perdieron las denuncias nuevas, los nuevos contactos.
 ¿Usted tiene custodia?

 En casa sí, en la secretaría trato de actuar con libertad y sin las fuerzas de seguridad. Eso me recrimina Scioli, pero tengo que darle confianza a los que vienen a denunciar, mi oficina es de puertas abiertas. Por eso primero pensé que eran los de ATE que venían a tomar el despacho, porque están con reclamos salariales (se ríe).


 ¿Sabe si hay detenidos? ¿Recuperaron algo?

 Uno solo, debe ser uno de los denunciados por mí. No recuperaron nada.

 ¿Esto es obra del aparato represivo que no fue desmantelado, como pedían los organismos de derechos humanos en los ’80?

 Tengo consigna en mi casa porque me pasaron varias cosas, desde dos tiros hasta llamadas y autos estacionados.
 ¿En qué medida tiene que ver con los juicios?

 Creo que todo se anuda, entraron muchas denuncias de rangos muy bajos de la policía sobre corrupción de unos y otros. Hay más casos como el del chico Arruga, hay muchos más chicos muertos. No están los represores de antes pero están muy bien adoctrinados los que quedaron. Es un universo muy grande, penitenciarios, policías.

 ¿El robo que sufrió pudo haber sido planeado en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz?

 (Luis) Patti tendría mucho que ver porque soy querellante de Patti, puede ser por lo de antes o por lo de ahora, hay varios comisarios echados por denuncias de la Secretaría de Derechos Humanos. El detenido estuvo en un determinado lugar donde estuvo Patti, tengo una denuncia, tiene entre 35 y 45 años. Es un hecho actual referido a la muerte de un menor.

 ¿Esto quedará como un episodio más sin resolver, como los casos de los secuestrados Luis Gerez o Juan Puthod?

 Calculo que si son los que yo digo fueron exonerados hace tres meses. Tengo entendido que el gobernador estaba furioso. Yo hice cargo a Stornelli de todo. Trajeron a la Científica, levantaron huellas.

 ¿Cuál es la responsabilidad del poder político, de los sucesivos gobiernos bonaerenses?

 No podés tapar el sol con la mano, son demasiadas las denuncias, todos los días una nueva, yo mando todas las denuncias.

 ¿Cuántas se esclarecen?

 Muy pocas, pero lo hago. Ahora salí fuerte con los menores.

 Scioli dijo que fue una “actitud mafiosa que no va a quebrar la voluntad de Sara”. ¿Coincide?

 Mi voluntad no, ahora falta tener el acompañamiento necesario, el respaldo. ¿Mafia? Y sí, es corrupción policial.

INTIMIDAN A UNA QUERELLANTE DE LA CAUSA FECED

“Ojalá que esto, en vez de asustarnos, nos dé fuerzas para juntarnos”, dice, desde Rosario y sin alardes de dramatismo, Josefina González. Tiene 33 años, es estudiante de Derecho y está casada hace un mes y medio con el abogado Federico Reynares Solari. Conocida como “la Tana” por sus amigos, es una de las querellantes en la megacausa Feced. Se supone que González debería estar protegida: está inscripta en el programa de protección de testigos de Santa Fe. Sin embargo, el miércoles 30 de diciembre, entre las 16 y las 16.15, desconocidos ingresaron a la vivienda que comparte con su marido. No robaron nada a pesar de que a la vista había dinero para un viaje. Sí revisaron fotos de álbumes y portarretratos. También revolvieron los cuartos. En una puerta del fondo dejaron un pañuelo que González tenía como recuerdo de la marcha por los 1000 jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Sobre el pañuelo aparecieron manchas de sangre.

La causa Feced investiga crímenes cometidos en la Jefatura de Policía de Rosario durante la dictadura. El nombre de la megacausa, que involucra a 87 víctimas y 166 testigos, proviene del nombre del ex jefe de la policía de Rosario Agustín Feced. Por esos hechos están imputados seis represores: entre ellos el general Ramón Díaz Bessone, a cargo del II Cuerpo de Ejército. Y la historia familiar de Josefina González está trágicamente ligada a la represión en lo que fue el centro clandestino que funcionaba en el Servicio de Informaciones de la policía rosarina. Su mamá, Rut González, fue secuestrada el 19 de julio de 1976 junto a sus dos hijas: Mariana, que tenía tres años, y la propia Josefina, entonces de cinco meses.

Rut estuvo detenida casi tres meses hasta que la asesinaron el 5 de octubre. Ese mismo día fueron asesinadas la tía de Josefina, Estrella González, y su marido Héctor Vitantonio. Diez meses antes de esos hechos, las patotas que actuaban en la represión ilegal habían hecho desaparecer al papá de Josefina, Dardo José Tosetto, y a su abuela materna, Amorosa Brunet de González. “En la causa Feced yo soy testigo pero también querellante”, dice Josefina. “También soy querellante porque en la causa se investiga el secuestro de mi hermana, que tenía tres años, y el mío, que tenía cinco meses. Las dos recibimos golpes, a mí me dejaron el bazo inflamado y luego me lo tuvieron que sacar. Y me falta la punta de una oreja”, cuenta a Página/12 la joven estudiante de Derecho.

La violación del domicilio de Josefina está siendo investigada por la Justicia y el gobierno santafesinos. El próximo martes se realizará una conferencia de prensa en la Secretaría de Derechos Humanos provincial. Allí se pedirá el esclarecimiento del hecho. Josefina todavía se pregunta cómo pudo ser que ingresaran a su casa si debería estar custodiada. “Aparentemente, la persona que estaba afuera se había retirado al baño. Todavía mucho no sé, estoy esperando a ver qué me dicen”, comenta Josefina. Pero nada evitará el impacto que significó encontrar los cuartos revueltos, constatar que las fotos de casamiento habían sido retiradas del álbum y vueltas a colocar, descubrir que alguien había dejado a la vista unas fotocopias de la declaración indagatoria a Díaz Bessone.

Fuente: Página 12


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