Plataforma Argentina contra la Impunidad

QUERELLA CONTRA MAGISTRADOS Y PERSONAL DE LA JUSTICIA. MARÍA ISABEL (CHICHA) CHOROBIK DE MARIANI

Jueves 1ro de abril de 2010.

AL SR. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dr. Esteban Righi

Marìa Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Pavón, Clara Petrakos, Rosaria Isabella Valenzi, Paula Logares, Genoveva Dawson de Teruggi, Rosaria Isabela Valenzi, Mirta Baravalle, (querellantes en la causa que se le sigue a Jorge Rafael Videla, Nicolaides, Riveros y otros), que actúan representados por intermedio de su abogado apoderado Alejo Ramos Padilla, juntamente con la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, representada por la Sra. Sara Derotier de Cobacho, y la FUNDACIÓN ANAHI POR LA JUSTICIA, LA IDENTIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS, que también actúan bajo el mismo patrocinio letrado, constituyendo todos domicilio legal a los efectos de la presente en Talcahuano 240, piso 4to. de la Ciudad de Buenos Aires, nos presentamos y respetuosamente decimos:

OBJETO

1. Que de conformidad con los artículos 82, 174, sgtes y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación, venimos a presentar formal querella criminal contra los siguientes magistrados y ex funcionarios judiciales:

a) Wagner Gustavo MITCHELL, actual miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Nación, con domicilio legal en la sala de su público despacho en Comodoro Py 2002, 1er. Piso, y se desempeñó como Juez a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción nro. 16.-

b)Jorge MARTINEZ SOBRINO, actual Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la Capital Federal, con domicilio en Comodoro Py 2002, 6to. piso, y que se desempeñó como titular de la Secretaria de Actuación del referido Juzgado.-

c)José Domingo ALLEVATO, abogado, con domicilio en Sánchez de Bustamante 2686, 3er. Piso, de Capital Federal. Que se desempeñó como titular de la Secretaria tutelar del referido juzgado.-

2. Al mismo tiempo habremos de dar cuenta de una grave situación institucional que amerita la intervención inmediata de los distintos poderes del Estado, en especial de esta Procuración General de la Nación, dado que se ha comprobado que uno de los magistrados que lleva adelante el proceso conocido como “practica sistemática de robo de bebes” ha participado en los hechos delictivos que pretende juzgar y se ha mantenido en silencio durante más de un año disponiendo de la prueba que da cuenta de su participación en esos hechos.-

En ese contexto y al margen de la necesaria intervención que oportunamente tendrá el Consejo de la Magistratura es necesario que se adopten los recaudos para evitar que el magistrado denunciado siga disponiendo de la pruebas que lo comprometen y eventualmente se produzcan otras sustracciones o destrucciones de documentos de indiscutible eficacia probatoria.-

INTRODUCCION PREVIA

Sr. Procurador, este expediente es la demostración de la complicidad judicial -que aún existe- con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia su origen e identidad y la entrega a los “apropiadores” a través de un marco de “supuesta legalidad judicial”.-

La gravedad institucional que reviste el caso puede sintetizarse del siguiente modo: Existen magistrados que en la actualidad juzgan su propia participación en el robo de niños, entre ellos: el Dr. Jorge Martínez Sobrino, a cargo del juicio que debe examinar, nada más ni nada menos, que la existencia de un plan o una práctica sistemática de robo de bebes; y un miembro del más alto tribunal penal de la Nación que bien podría intervenir en las vías recursivas.-

En este sentido en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, de los que forman parte las acciones que perjudicaron a los más de 500 niños robados participaron muchos funcionarios y magistrados. Es que esta clase de delitos tiene como característica fundamental y distintiva; que sólo pueden ser cometidos por los representantes del Estado y/o con la complicidad de este. En el caso concreto, veremos, que para obtener y llevar adelante las apropiaciones y consolidar los despojos y la impunidad se recurrió a la actividad y complicidad de algunos magistrados del Poder Judicial de la Nación de entonces.-

Sin embargo, el problema es aún más grave, y hasta escandaliza, porque recuperada nuestra democracia y el necesario respeto por los derechos humanos, nos percatamos de esta insólita situación donde los mismos magistrados que fueron participes de aquellos hechos, en vez de haber sido juzgados y condenados por haber generado tanto dolor, fueron ascendidos a las más altas magistraturas del Poder Judicial, y al mismo tiempo se transforman en jueces de sus propias acciones y de la actividad de sus cómplices, lo que se desarrolla en un ambiente de silencio por parte de la denominada “corporación judicial” que parece no tener límites.-

Es el caso concreto del Dr. Martínez Sobrino que, en los próximos meses, y en el rol de juez, pretende llevar adelante el juicio más importante en materia de robo de niños, cuando debería haber sido juzgado por las acciones que lo tuvieron como participe y que forman parte del objeto procesal de esa causa. La situación es macabra y resulta inexplicable para las abuelas, nietos, familiares que formulan esta presentación y estamos convencidos que también para la sociedad en general que reclama transparencia en la justicia.-

Sabemos de la gravedad institucional que tiene la denuncia que formulamos y del desprestigio que estos jueces generan al Poder Judicial y al buen funcionamiento del sistema democrático, pero estamos convencidos de que existen jueces y funcionarios que pretenden que se termine con este sistema de complicidades y encubrimientos, especialmente el de aquellos que desde el Poder Judicial han participado en los hechos de terrorismo de estado que tanto daño nos han causado.-

Es por otro lado una verdad incontrastable para el pueblo argentino que existe un sector del Poder Judicial, que se autodenomina “la familia judicial” y que continúa obstaculizando el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos y afectando la paz social, por ello es que resulta necesario erradicar del poder judicial y especialmente del juzgamiento de estos hechos a aquellos magistrados que tienen los comportamientos que en este escrito denunciamos.-

HECHOS

I. Hace ya varios años y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la Capital Federal, del que forma parte el Dr. Martínez Sobrino, tramitan los expedientes 1351 y 1499. En ellos se juzga a los genocidas Videla, Nicolaides, Bignone, Riveros, Acosta y otros en orden a los delitos de sustracción retención y ocultamiento de menores; siendo los firmantes de este escrito querellantes en ambas causas.-

En aquellas causas se analiza los hechos que perjudicaron a casi medio centenar de niños víctimas del terrorismo de estado y se analizan los criterios de asignación, el ocultamiento de los menores a sus familias y la participación de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios y magistrados del Poder judicial en estos hechos. Tal es el caso de los hechos que perjudicaron al joven Simon Riquelo, secuestrado, apropiado y privado de su identidad el 14 de julio de 1976 con la intervención de los Dres. Mitchell y Martínez Sobrino.-

Su participación incluso fue reconocida por los magistrados denunciados, a tal punto que el Dr. Martínez Sobrino cuando ya se encontraba a cargo de las causas mencionadas, en una de las causas conexas, reconoció su intervención en el caso que pretende juzgar, admitiendo circunstancias tales como que a veces se evitaba a las instituciones y las formas burocráticas. Llegó al punto, incluso, de admitir que pocas horas después del secuestro, se reunió con el Dr. Mitchell y dispusieron entregar al menor, al Subcomisario Parodi, que en definitiva a través de un expediente ideológicamente falso se apropió del niño, inscribiéndolo como su hijo adoptivo.-

Por su parte el alto magistrado de la Casación, Dr. Mitchell, también se pronunció en el expediente que hoy forma parte del objeto procesal de la causa y que juzga su ex Secretario Martínez Sobrino, señalando entre otras cosas, que, con intervención de los Dres. Martínez Sobrino y José Domingo Alevatto, dispuso la entrega del menor al sub-comisario Parodi.-

Es decir que ambos magistrados participaron en el despojo de la identidad, de los criterios de asignación, del ocultamiento a sus verdaderas familias, y como veremos en la confección de un expediente ideológicamente falso para finalmente, y sobre esa base, realizar una adopción irregular.-

Pero la actividad de estos magistrados no termina allí, pues incluso después de recuperada la democracia, mantuvieron silencio y el joven Riquelo continuó por más de veinticinco años privado de su familia, de su origen y de su identidad; todo ello, pese a que eran públicos en el momento del despojo y hasta el día de la fecha los reclamos de las abuelas y de los familiares de desaparecidos. Si cualquiera de ellos hubiera actuado con la mínima decencia el daño no se hubiera continuado, pues al menos debieron recurrir a la CONADEP o las Abuelas de Plaza Mayo para informar esto hecho -evitando la continuación del delito- y sin embargo hicieron todo lo contrario y lo que es aún peor, uno de ellos pretende juzgar el caso que lo tuvo como participe a él y al Dr. Mitchell, y ni siquiera presenta una excusación.-

II. Como dijimos en esas causas que tiene a su cargo del Dr. Martínez Sobrino se investiga y se juzga la participación de los nombrados en aquella práctica sistemática de sustracción, retención, ocultamiento y privación de la identidad de los niños llevada a cabo desde el Estado (ya sea que los niños hayan nacido en un centro clandestino de detención o secuestrados y apropiados en oportunidad de producirse el secuestro u homicidio de sus padres). También se investiga y se juzga su participación en el modo y los criterios de asignación de los niños, las maternidades clandestinas y el ocultamiento de los menores a sus familias.-

Los menores sustraídos eran hijos de personas que fueron secuestradas o víctimas de homicidio en procedimientos ilegales o en los centros clandestinos de detención, hechos que eran llevados adelante por fuerzas represivas con la complicidad y colaboración de algunos jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.- Así fue como a través del Poder Judicial muchos de los hijos de las “detenidas” embarazadas que daban a luz en los “centros clandestinos de detención”, o los niños que eran sustraídos de sus familias en oportunidad en la que se llevaban adelante el secuestro u homicidio de sus padres -como es el caso que estamos analizando-, eran objeto de una misma metodología. En ese proceder, en muchos casos, contaban con la participación y colaboración de magistrados y funcionarios judiciales, todo ello con el objeto de asegurar que los niños secuestrados llegasen a manos de determinados matrimonios vinculados a las fuerzas de seguridad, a parientes de los magistrados y/o a personas con poder económico y mediático (conforme a la discusión que hoy es de público y notorio conocimiento).-

De este modo a través de la intervención de los magistrados y funcionarios judiciales se “blanqueaba” (para utilizar un término poco feliz de aquellos tiempos) también a los niños que les eran entregados y de este modo el Poder Judicial participaba en las medidas necesarias para consolidar el secuestro y el ocultamiento de los niños y cortar todo lazo con la verdadera familia.-

Este procedimiento judicial consistió en algunos casos en labrar actuaciones “absolutamente irregulares” con “datos y declaraciones falsas” para sostener ilegítimamente que el menor secuestrado había sido víctima de un abandono. Al mismo tiempo esa actuación judicial se complementaba con la falta de la más mínima investigación para conocer el paradero de la familia biológica; no por desidia judicial, sino para consolidar el despojo mediante una entrega inmediata a las personas vinculadas con los participes de los crímenes de lesa humanidad y finalizar con una adopción basada sobre documentos ideológicamente falsos.-

III. Para consolidar el secuestro y ocultamiento de los niños, y cortar de este modo todo lazo con la verdadera familia y callar todo reclamo, no se reconocieron limites: asesinaron -salvo excepciones a los padres y al resto de la familia; se les negaba información o se amenazaba a las abuelas que se acercaban a los juzgados (tal como veremos más adelante procedió el magistrado Mitchell) y se realizaban medidas concretas tendientes a ocultar todo rastro que permita identificar el verdadero origen de los niños, como por ejemplo la falta de la más mínima investigación judicial que permitiera encontrar a las familia del “supuesto menor abandonado” para de este modo consolidar el secuestro y la privación ilegal de la libertad y todo ello pese a que se labraba un expediente penal y un tutelar para sostener una aparente y falsa legalidad. En esta actividad estuvieron involucrados los actuales jueces denunciados.-

IV. En este contexto se encuentra probado que día 13 de julio de 1976, a las 24 horas, irrumpieron en el domicilio de la calle Juana Azurduy 3163 de Capital Federal, donde residía la Sra. Sara Mendez junto a su hijo Simon Riquelo de tan solo 20 días de vida, y la enfermera Asilú Manceiro Pérez, un grupo de aproximadamente 15 personas vestidas de civil que se presentaron como pertenecientes al ejército uruguayo y argentino. Sara Mendez (al igual que Asilu) fue torturada y luego “trasladada” al centro clandestino de detención “Automotores Orletti” no volviendo a tener noticias del destino de su hijo, hasta el año 2002 fecha en que se realizó un examen genético que, no sólo trajo verdad, sino que puso en evidencia el espurio silencio de los indignos jueces.-

Asimismo, se logró acreditar que, en ese procedimiento que determino la detención ilegítima de Sara Mendez y la sustracción del menor participaron, entre otros, Eduardo Ruffo y Osvaldo A. Parodi.-

Es precisamente en el requerimiento de elevación a juicio formulado en la causa conexa que se le sigue a Eduardo Ruffo por estos hechos donde se corroboró que los “grupos de tareas” de la dictadura militar incluían dentro de sus “operativos” un móvil específico para los niños y que en la mayoría de los casos se los derivaba a casas cunas, hospitales y otras reparticiones de menores donde quedaban o eventualmente eran entregados a amigos; y agregamos nosotros a personas allegadas, parientes o personas con alto poder económico, tal como surge de las propias declaraciones que se acompañan.-

El 13 de julio de 1976 cuando Sara Mendez y Asilú Manceiro Perez fueron secuestradas del domicilio mencionado y el niño Riquelo sacado de los brazos de su madre y trasladado al Sanatorio “Norte” donde con intervención de la Comisaría 33 de la P.F.A. habría tomado intervención Osvaldo Parodi; el Subcomisario que en pocas horas y por la actividad de Mitchell, Martínez Sobrino y Alevatto obtendría primero la tenencia y luego la adopción definitiva, sin que se realizará desde los estrados judiciales la más mínima medida de investigación tendiente a localizar a los padres o la familia del menor secuestrado, y todo ello frente a la infinidad de habeas corpus que en aquella época se presentaban.-

Este accionar de los policías Ruffo y Parodi y de los jueces Martínez Sobrino y Mitchell surge claramente de la prueba que actualmente y hace años se encuentra a disposición del Tribunal Oral Federal nro. 6 y que integra el propio juez denunciado.-

5. El expediente 4627 “n.n. s/abandono de menor” del Juzgado del Dr. Mitchell, Secretaria del Dr. Martínez Sobrino.-

I. De la lectura de este minúsculo expediente no existe constancia alguna de que se haya dispuesto de alguna medida de prueba conducente, útil, cierta o creíble para buscar el paradero de los padres o de los familiares del niño supuestamente abandonado.-

Cualquier investigador inexperto sabe que si aparece un niño abandonado, es un hecho de extrema gravedad, y es elemental, por lo menos, tomarle declaración a las personas que aparecen en el sumario (veremos que la única declaración que existe en este, además de la del apropiador, es la del policía que realizó el hallazgo y que cuando fue requerido por la justicia democrática señaló que esa declaración era falsa).-

Los investigadores Mitchell y Martínez Sobrino, lejos de practicar una investigación, verificar los habeas corpus, reclamar partidas, verificar nacimientos o atender a familiares que buscaban niños; hicieron todo lo contrario, callaron, falsearon y hasta amenazaron.-

II. El expediente de referencia se inició el 14 de julio de 1976 a las 4.00 A.M. con intervención del Juez Mitchel, el Secretario Martínez Sobrino y a través de la Comisaría nro. 33. Esto es a pocas horas del secuestro de Sara Méndez, madre del niño robado, y mientras la “trasladaban” al centro clandestino de detención para ser torturada.-

A fs. 1 obra la declaración de Vicente Alberto Caccaviello, policía de la Comisaría 33 en donde se señala que por comando radioeléctrico se le solicitó se constituyera en el Sanatorio Norte, y que fue atendido por el Dr. Schatternhaffer que le refirió que hace instantes personas que ignora habrían dejado sobre la acera del citado nosocomio un niño aparentemente de 20 días de vida. En la causa conexa 16983/04 (que los jueces Mitchell y Martínez Sobrino tuvieron a su disposición) el propio Caccaviello manifestó ignorar los hechos relativos al menor afirmando que de haber sido él quien lo encontrara allí, lo recordaría (ver fs. 656). También existe un informe de la Cámara Nacional Electoral del cual surge que se carece de todo tipo de información relativa al supuesto Jefe de Guardia, Dr. Alberto Schatternahaffer.-

A fs. 2 obra una constancia en la cual se da cuenta de la intervención del Juzgado de Instrucción del Dr. Mitchell y de la Secretaría a cargo del Dr. Martínez Sobrino, y donde se dispone mantener “al menor en la dependencia policial” “hasta que el magistrado interventor disponga el temperamento a adoptar”.- A fs. 3 obra una declaración del apropiador Subcomisario Osvaldo Armando Parodi, de la Comisaría 33, que presta a las 8.00 hs. del día 14 de julio de 1976 y donde manifiesta que como Jefe de Guardia de la Dependencia fue impuesto del hallazgo en la puerta del Sanatorio Norte de un menor de unos 20 o 25 días de vida, y refiere: “Que en razón de hallarse consolidado su hogar consideró que el mismo es el lugar más adecuado para que se aloje el menor hasta tanto se clarifique su situación y que en caso de no surgir otras alternativas o novedades su intención es presentarse al Juzgado interventor, con el objeto de solicitar la tenencia definitiva del menor de marras”

Francamente es triste ver como los Dres. Mitchell y Martínez Sobrino, que representan al Poder Judicial de la Nación, permiten que uno de los secuestradores disponga que su casa es el lugar más adecuado para alojar al menor y nada les llamé la atención, ni siquiera que habiendo pasado sólo cuatro horas del supuesto hallazgo el Subcomisario de la misma Seccional que “lo había encontrado abandonado” declaré su intención de quedarse con el niño y anticipe que para ello habría de “presentarse en el juzgado interventor”.-

Parodi que se adjudicó la guarda provisoria del menor en forma inmediata, y le hizo saber al Juez y el Secretario esta circunstancia (que lejos de apartarlo lo autorizaron a quedarse con él, y evitaron todo tipo de investigación) ni siquiera debió formular esa presentación que anticipaba, ya que 19 de agosto de 1976 sin que se haya dictado ninguna medida de investigación, se dicta la siguiente resolución:

“1 SOBRESEER PROVISIONALMENTE en el presente sumario n° 4627 en el que no se procesó a persona alguna...

2) CONVERTIR EN DEFINITIVA LA DISPOSICION PROVISORIA del menor víctima en autos que oportunamente se adoptara..., lo que se hará saber al la Secretaria tutelar a sus efectos. Notifíquese, tómese razón, practíquense las comunicaciones que correspondan y oportunamente archívese el presente. FIRMADO: W. GUSTAVO MITCHEL, Juez de Instrucción, Ante mí: JOSE M. MARTINEZ SOBRINO, Secretario.- Esta es toda la investigación que realizan Mitchell y Martínez Sobrino y entre aquella declaración de Parodi (a las 4 horas del “supuesto hallazgo”) y esta resolución, la única medida de prueba para buscar a los padres y la familia fue la de emitir una circular solicitando la individualización y comparendo de los familiares sin ningún tipo de precisiones que puedan dar lugar a que efectivamente la medida tenga un resultado positivo.-

Mitchell y su secretario Martínez Sobrino fueron muy veloces para disponer y entregar a sus apropiadores al niño “supuestamente abandonado” y como veremos, feria de por medio, en un mes dispusieron definitivamente del menor apropiado a favor del Subcomisario Parodi. Lamentablemente, esa velocidad no la tienen hoy para juzgar los más graves crímenes de lesa humanidad y la demora que precisamente tiene ese Tribunal que él integra para juzgar estos hechos es una clara demostración de los que estamos señalando, y obedece al intento de ocultar su propia responsabilidad.-

Luego se supo de la destrucción del expediente tutelar a cargo del entonces Secretario Allevato.-

Otros testimonios vinculados al Juez Mitchell y su modo de proceder frente a los menores víctimas de delitos.-

En el libro “Botín de Guerra” de Julio Nosiglia publicado en marzo de 1985, se refieren otros hechos vinculados al Juez Mitchel, el autor decía, refiriéndose a la búsqueda de la Sra. Estela Carlotto, lo siguiente “... me acuerdo de una nenita a la que habían puesto por nombre María Julieta y que estaba en la casa Cuna de la Capital. Había nacido el 25 de mayo (de 1978) así que entraba dentro de las fechas probables que yo me había fijado... fui a la Casa Cuna, vi el legajo de la niña... y después me lo negaron. El Director por poco no me echo... No -me dice- acá no hay chiquitos N.N., ni hijos de desaparecidos... No, no, no, de ninguna manera... Vaya si quiere y hable con una de las asistentes. Efectivamente, hable con una de ellas. Me mostró un libro registro de chicos N.N... pero abandonados por sus madres. Le pregunté si entre ellos no había una María Julieta y me contestó: Sí, pero esa nena ya egresó... ya esta dada... A los dos días el Juez Dr. Mitchell la mandó egresar... y creo que se la dio a una familia amiga de él. Ese mismo día me fui a tribunales a hablar con este Juez Mitchell. Pero no lo encontré. Entonces encomendé a un abogado la tarea de entrevistarlo. Este abogado conocía a Mitchell. Primero, paso por la oficina de legajos, para consultar el correspondiente a María Julieta, pero se topo con dos fornidos custodios que le impidieron realizar toda consulta. Subió entonces, hasta el despacho del Juez. Me contó que le dijo: -Mirá Mitchell estoy siguiendo el caso de una niña -María Julieta- que está asentada y que dicen que vos la egresaste de la Casa Cuna a los dos días. Y hay una abuela que piensa que puede ser su nieta. Figurate, es una niña encontrada en un ascensor en perfecto estado de nutrición y limpieza, bellísima... las mismas empleadas de la Casa Cuna la bautizaron como María Julieta... Me contó también la reacción de Mitchell: -Escúchame... decile a esa abuela que se olvide de todo este asunto... si no quiere aparecer en una zanja. El abogado se asustó muchísimo: Era, sin duda una amenaza directa. Se ve que el Juez había regalado esa nena y no la podía sacar de donde estaba...”.-

Medidas Urgentes. Hemos visto y acompañamos la documentación necesaria que da cuenta de que ya se ha destruido prueba; y especialmente hemos dado cuenta que elementos probatorios de importancia se encuentran en manos del Dr. Martínez Sobrino (participe de los hechos denunciados y que tiene la pretensión de juzgarlos).-

Esto nos lleva a la necesidad de requerir medidas extraordinarias y urgentes, pues la gravedad institucional del hecho que denunciamos no sólo pone en riesgo uno de los más importantes procesos en trámite en este país, sino que además corremos el peligro de poner en peligro la posibilidad de poder encontrar elementos probatorios que nos permitan descubrir la verdadera identidad de muchos otros niños que aún viven privados de su identidad (En este sentido recuérdese que en su declaración Mitchell manifestó que en esa época y en un solo juzgado tenía de cuatro a seis bebés abandonados por año).- Por ello, es que solicitamos:

1) Se intervengan el entonces Juzgado de Instrucción y de Menores correspondiente al Dr. Mitchell, y los otros juzgados de menores correspondientes para secuestrar todos los expedientes penales y tutelares vinculados al hallazgo de niños de 1976 a 1983.-

2) Se practique una investigación en la justicia civil respecto de las adopciones derivadas de estos expedientes y se proceda al secuestro de todas esas causas para su mejor análisis.-

3) Corresponde también reclamar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reasuma la superintendencia del Tribunal Oral Federal nro. 6 de la Capital Federal, de modo de preservar la prueba y asegurar que no continúe bajo la custodia y responsabilidad del Dr. Martínez Sobrino y o del personal a su cargo. Debe tenerse en cuenta que la Cámara Nacional de Casación Penal se encuentra integrada por uno de los jueces denunciados lo que la inhabilita para continuar ejerciendo la superintendencia del TOF 6.-

4) Asimismo la intervención por superintendencia de la Corte Suprema de Justicia debe estar orientada a garantizar la transparencia y continuidad del juicio contra Videla, Nicolaides y los demás nombrados; y para que este hecho que mantuvieron oculto las autoridades judiciales, no constituya un elemento para generar nuevas dilaciones que tienden a encubrir a miembros de las fuerzas de seguridad, y funcionarios y jueces que han participado de los crímenes de estado; de modo que esos juicios sean llevados a cabo este año y sin nuevas dilaciones.-

5) Asimismo, resulta indispensable que en forma urgente se proceda al secuestro de los expedientes de referencia para colocarlos en manos de un magistrado hábil para continuar con el juzgamiento.-

6) Corresponde también que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga la vocalía del Dr. Gustavo Wagner Mitchell o disponga lo necesario de modo de determinar si ha omitido excusarse en causas que lo involucran, similares a la presente.-

7) Finalmente, corresponde que se promueva de inmediato el jury de enjuiciamiento de los magistrados de referencia, que entendemos que por la gravedad debe ser impulsado por la Procuración General de la Nación, ya que existe una grave afectación al servicio de justicia. La suspensión de los magistrados denunciados debe ser inmediata, ya que la prueba que acompañamos así lo amerita y el sólo hecho de haber mantenido el silencio durante tantos años sin excusarse lo justifica.-

CONSIDERACIONES FINALES.

Sr. Procurador General de la Nación, sabemos de las dificultades que existen para investigar a los propios miembros del Poder Judicial, y especialmente cuando estos ocupan altos cargos como es el caso de los denunciados, por eso venimos a solicitar que nos acompañe en esta denuncia, y que dé instrucciones a fiscales que no tengan ninguna vinculación con los magistrados denunciados.-

No nos cabe duda acerca de la legitimidad de nuestro reclamo y de la necesidad de que se realicen los mayores esfuerzos para que termine la impunidad de todos aquellos que participaron en la práctica sistemática de robo de bebes, ya sea que se trate de miembros de la fuerzas de seguridad, magistrados o personas poderosas vinculadas al poder político o a los monopolios concentrados de los medios comunicación que hoy insisten y articulan medidas y discursos para mantener como rehenes a más de 400 jóvenes a quienes se los continúa privando de su identidad.-

Resulta inexplicable para quienes formulan esta presentación que cuando por fin se habría de comenzar uno de los juicios más importantes en esta materia, nos enteramos de la corrupción que existe en el Poder Judicial de la Nación y de la complicidad de estos con los criminales de estado y con los hechos que nos perjudicaron.

Sr. Procurador, no es posible tolerar que estos hombres sigan en las altas funciones que ocupan y nos sentimos verdaderamente defraudados cuando venimos a reclamar justicia y nos encontramos que aquellos que supuestamente deben impartirla han participado en los crímenes que nos perjudicaron; y que aún continúan perjudicando a nuestros nietos.-

PETITORIO. 1. Se tenga por formulada la presente denuncia y oportunamente se nos tenga como parte querellante, con la personería invocada y con domicilio constituido.-

2. Se acompañan la documentación que acreditan la referida personería.-

3. Se acompaña copias de los expedientes “Ruffo, Eduardo Alfredo” y del expte. 4627 mencionados en esta presentación para su inmediata certificación.-

4. Se realicen con urgencia las medidas de prueba solicitada.-

5. Nos reservamos el derecho de ampliar y de ofrecer nuevos elementos probatorios, una vez que se realicen las medidas urgentes solicitadas.-

PROVEER DE CONFORMIDAD SERA JUSTICIA


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