Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

TUCUMÁN. MEGACAUSA ARSENALES

21 procesados, violaciones, secuestros en el contexto de genocidio
Martes 4 de enero de 2011.

Militares, gendarmes, policías y civiles, entre ellos un sacerdote y el titular de una de las escribanías más importantes de la provincia, fueron procesados por la Justicia Federal en la megacausa Arsenales. Están acusados de “violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, delitos sexuales, homicidio agravado y asociación ilícita agravada, en el contexto del crimen de genocidio”. Además de procesar a un civil y a un cura, el juez federal Daniel Bejas acusó a los partícipes directos de los crímenes, es decir, mandos medios y bajos de las fuerzas armadas y de seguridad. Es la primera vez que se procesa a los represores por abusos y violaciones sexuales.

El magistrado consideró que el de Arsenales fue un “centro de detención emblemático y funcionalmente determinante en el cumplimiento del plan de represión puesto en marcha en la provincia de Tucumán, habiendo funcionado como destino final del circuito represivo”. La documentación aportada por un ex detenido en el caso Jefatura probó que a los condenados a muerte se los identificada con las letras DF (destino final). Los dos civiles procesados son el escribano Juan Carlos Benedicto, acusado de torturas seguidas de muerte y el sacerdote José Eloy Mijalchik, por “haber colaborado en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos (...) en calidad de partícipe necesario”. Benedicto está acusado de haber participado en una feroz golpiza que una patota integrada por militares, gendarmes, policías y civiles propinó a detenidos desaparecidos en la Colonia de Menores (llamada Reformatorio), como represalia por un supuesto atentado contra una ambulancia en la zona de Caspinchango, en el marco del Operativo Independencia. En esa oportunidad habrían asesinado a una decena de prisioneros. El cura Mijalchik (Padre Pepe) fue visto por varios prisioneros en el interior del campo de concentración de Arsenales.

En los fundamentos del procesamiento del sacerdote, el magistrado afirmó que “fuera de los actos de culto que exigen tener jurisdicción para su validez, resulta probable que la cúpula institucional de la Iglesia Católica, al momento de los hechos, haya consentido o visto con beneplácito que sus párrocos colaborasen con las autoridades militares en el cumplimiento de lo que se consideraba la restauración del espíritu nacional”. El juez Bejas consideró que “los delitos sexuales (...) no fueron objeto de acción penal, habiendo permanecido invisibilizados hasta fechas recientes”, pero al tipificarlos como de lesa humanidad, “su análisis (...) en la presente megacausa resulta imperativo a la luz de la obligación internacional de investigación y juzgamiento”. Al fundamentar esta decisión inédita, Bejas citó la jurisprudencia internacional y las convenciones a las que adhirió nuestro país, que obliga al Estado a su cumplimiento y afirmó que “los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos clandestinos, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, sí habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente”.

Los procesados son los ex oficiales del Ejército Pedro Osvaldo Caballero, Camilo Angel Colotti, Adolfo Ernesto Moore, Ariel Orlando Valdivieso, Carlos Eduardo Trucco, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Ernesto Alais, Hugo Enzo Soto, Luis Orlando Varela, Augusto Leonardo Neme y Miguel Alfredo Manuel Paz; los gendarmes Ernesto Rivero, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, José Carlos Sowinsky y Tomás Adolfo Guemes; el policía Roberto Heriberto Albornoz y los civiles Juan Carlos Benedicto y José Eloy Mijalchik.

El juez Bejas ordenó la prisión preventiva, con cumplimiento en cárceles comunes de Varela, Moore, Trucco, Valdivieso, Guemes, Barraza y Benedicto; el arresto domiciliario de Colotti, Neme, Godoy y Paz; el levantamiento de la detención domiciliaria, previo pago de una caución real de 300.000 pesos de Ojeda Fuente, Torres, Montes de Oca, Rivero y Sowinsky y la libertad, mientras dure el proceso, de Alais y Mijalchik, con pago de caución de 300 mil y 150 mil pesos respectivamente. El magistrado dictó la falta de mérito de Luis Daniel de Urquiza y sobreseyó a Horacio Alberto Vaccaro, ambos militares.

QUIÉNES SON LOS CIVILES

El sacerdote José Eloy Mijalchik es el párroco de la iglesia de San José Obrero, ubicada en El Colmenar, en las afueras de San Miguel de Tucumán, muy cercana al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Desde el 18 de mayo de 1982 es el capellán auxiliar del Regimiento 19 de Infantería. En marzo de 2006, el Papa Benedicto XVI le otorgó el tírulo de Prelado de honor de Su Santidad. Un año antes ya había sido denunciado por su participación en los crímenes cometidos en el campo de concentración del Arsenal. Este año, en el transcurso del juicio por los crímenes cometidos en la Jefatura de Policía, un testigo aportó valiosa documentación, entre la que había papeles en los que Mijalchik aparece como colaborador de la policía. Antes, un sobreviviente del Arsenal, en testimonio a quien esto escribe, contó que en situación de esclavitud realizaba tareas encomendadas por los represores, se topó con el sacerdote, que estaba observando a los prisioneros encapuchados, engrillados y tirados en el piso. Le preguntó entonces a Mijalchik si no rezaría por ellos. “Para lo que les va a servir”, le contestó.

Cuando se hicieron públicos los documentos aportados por el ex detenido Juan Carlos Clemente que lo incriminaban, el sacerdote dijo “esto es cosa de los zurdos”. Además, precisó: “Me quieren agarrar porque soy capellán castrense y asisto espiritualmente al general Menéndez, como se la dí a Zimmermann y Cattáneo hasta que murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron”. Mario Albino Zimmermann fue el jefe de Policía de Bussi durante la dictadura y Alberto Cattáneo fue el segundo comandante de la V Brigada y presidía la Comunidad de Servicios de Inteligencia que resolvía a quiénes detener, a quiénes liberar y a quiénes asesinar. El escribano Juan Carlos Benedicto es el titular de la escribanía Nº 25, ubicada en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

Fuente: Miradas al Sur


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