Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

LOS REPRESORES CONDENADOS

En 2010 se sentenció la misma cifra de genocidas que durante el resto de la etapa democrática
Martes 4 de enero de 2011.

El que pasó fue, sin dudas, un año muy auspicioso para quienes procuran la verdad sobre el abismo de tortura y muerte abierto a partir de 1976 (tal vez un tiempo antes), y la condena de sus perpetradores. En 2010 fueron castigados la misma cantidad de verdugos que en los restantes 32 años de vida democrática: 98. A los 196 condenados -desde el fin de la dictadura- podrían sumárseles, a la brevedad, los 70 imputados de los once juicios en trámite y, ya este año, los acusados de los 7 debates que ya tienen fecha de inicio.

Las estadísticas fueron publicadas el último miércoles por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti y depende de la Procuración General de la Nación. Durante 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 personas: 110 resultaron condenadas -98 de los cuales no tenían dictámenes anteriores- y 9 fueron absueltas (desbaratando la acusación de que los juicios son revanchas políticas). El año se cerró con 820 procesados: la mitad (412) está en etapa de juicio o a punto de ingresar en ella.

El avance no sólo es cuantificable sino simbólico. Se logró sentar en el banquillo a represores encumbrados, como Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta, y juzgar parte de lo sucedido en centros de exterminio monstruosos, como Campo de Mayo, la propia Esma y el circuito Abo. En el interior del país -con la excepción de Bahía Blanca, bastión de los nostálgicos de la muerte-, también fue un año agitado. En Córdoba se volvió a condenar a Jorge Rafael Videla junto con una veintena de torturadores. En Mendoza debieron presentar la renuncia los camaristas Otilio Romano y Luis Miret por presunta complicidad con la dictadura. Los juicios que concluyeron en la capital y en San Rafael, “develaron la enorme crueldad con la cual se desenvolvieron en la provincia, con tormentos impensados, violaciones a las mujeres y el secuestro de niños para ser interrogados”, comentó la abogada querellante Viviana Beigel a Miradas al Sur. Desde San Luis, Lilian Videla, de la Apdh, destacó una buena conexión con la fiscalía y la Unidad Fiscal de Mendoza, y lamentó que “muchos familiares ya no están y otros no quieren recordar”.

Pero siempre hay otras lecturas posibles. Desde la recuperación de la democracia, incluyendo el histórico juicio a los comandantes en 1985, se han juzgado a 217 personas: 196 condenados y 21 absueltos. A nivel macro, si se lo compara con el espesor del aparato represivo puesto en funcionamiento por las Fuerzas Armadas, las policías provinciales y sus cómplices civiles, el número parece escaso.

Una respuesta posible podría residir en la base de la pirámide: la incorporación de nuevos acusados al proceso de juzgamiento parece ir drenando muy lentamente. El informe de la Procuración resalta como un cálculo amigable los 186 nuevos procesados durante 2010. Sin embargo, la suma se relativiza en proporción con la gran cantidad de procesos abiertos y de imputados -por las partes- en ellas. La clandestinidad de la represión y el tiempo transcurrido -argumentos reiterados por los operadores judiciales- han sido, en efecto, obstáculos indisimulables. Pero los plazos para nuevos procesamientos en muchos juzgados federales son cansinos, y los criterios revisables. El botón de muestra: el expediente sobre el Pozo de Quilmes que instruye el juzgado federal 3 de La Plata. En la causa, que lleva cuatro años abierta, hay más de 90 imputados y sólo 4 procesados. Y son, para colmo, los sospechosos de siempre: la dupla más procesada del Circuito Camps: Ibérico Saint Jean y Jaime Lamont Smart, gobernador y ministro de gobierno bonaerenses durante la dictadura, respectivamente. También el multicondenado Miguel Etchecolatz y el comisario Lucas Gumersindo Belich, uno de los jefes del centro. Sin embargo, guardias identificados por nombre y apellido no fueron indagados y los militares argentinos y uruguayos mencionados por ex detenidos tampoco han sido investigados. “Casos de demoras injustificados hay una lista enorme. Pretendemos que la Justicia sea más rápida, pero los nuevos procesados muestran que la maquinaria está en marcha y vamos a tener juicios los próximos años”, señalan desde la Unidad Fiscal. La otra cuenta pendiente es el cumplimiento de las penas. De los 1016 procesados y condenados, sólo 486 están detenidos. El asunto se agrava con una peligrosa inclinación de los jueces a cambiar cárceles comunes por detenciones domiciliarias: de esos 486, el 42,4% cumple arresto en su casa. Las excarcelaciones de los procesados también aumentaron en 2010: el porcentaje de torturadores que espera el juicio en libertad pasó de 29,5% a 42,8%. El aumento se debe, en parte, a los criterios fijados por la Cámara de Casación Penal en 2008, cuando consideró que los imputados no ponen en riesgo las investigaciones. Lo hizo a pesar de la desaparición de Julio López, las amenazas a testigos, la decena de prófugos y los levantamientos carapintadas de los ’80.

Muchas querellas pensaban que los testigos que iban a desfilar por los estrados no tenían información novedosa que aportar, que los relatos serían meras remakes de sus deposiciones en etapas instructorias o en otras causas. No fue así. Los sobrevivientes son portadores de información que el paso del tiempo o la angustia vivida han sepultado. La memoria suele desenredarse en momentos cruciales, y las preguntas de las partes hacen aflorar, a menudo, datos valiosos. Por eso, los juicios no sólo han condenado a los genocidas; han disparado nuevas investigaciones y presuntos culpables, como ocurrió en la sentencia de la Unidad 9 de La Plata, donde se ordenó investigar autoridades militares y jueces.

Fuente: Miradas al Sur


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