Plataforma Argentina contra la Impunidad
Derechos Humanos

NIÑOS ROBADOS EN EL FRANQUISMO. IMPUNIDAD EN ESPAÑA

Sábado 15 de enero de 2011.

LA COMUNIDAD DE MADRID ABRIO SUS ARCHIVOS SANITARIOS Y HAY TRES CLINICAS EN LA MIRA

Investigan el robo de bebés durante el franquismo

Una de las clínicas está vinculada con la esposa de José María Aznar. Mientras juzgados madrileños activan causas, el Tribunal Supremo debe decidir si los casos corresponden a la Justicia local o a la Audiencia Nacional.

Un día el cielo se llenó de globos. De globos con historias, lanzados al aire por familiares de niños arrancados por el franquismo. El cielo se pintó de colores porque después de un largo batallar, la comunidad de Madrid anunció que abrió sus archivos para dar con algunos de los miles de bebés que fueron arrebatados. “Sabemos que estos globos no van a llegar justo donde ellos están pero es algo simbólico”, explicó a Página/12 Mar Soriano, al teléfono desde su casa en Madrid, después de participar en la ceremonia en el parque Puerta del Sol la semana pasada. Busca a su hermana robada en los años ’60 en una clínica madrileña. “Lo que las familias quieren es que esos niños sepan que han sido queridos.”

Hace dos semanas el gobierno de la capital española anunció que abrió una investigación en sus archivos sanitarios para encontrar irregularidades que permitan dar con los bebés robados en las maternidades.

En la capital española hay tres clínicas denunciadas por haber convertido la sustracción de niños en una rutina: la Clínica San Ramón, la maternidad Santa Cristina y la Clínica O’Donnell. La última tuvo como fundador y director al ginecólogo José Botella Llusía, tío de Ana Botella, la mujer del ex presidente derechista José María Aznar.

En esas tres clínicas como en otras que pueblan el territorio español, entraban madres embarazadas por una puerta y por la otra ingresaban las futuras familias apropiadoras. Las madres recibían la noticia de que su hijo había muerto mientras los apropiadores se iban a casa con un recién nacido. “Les daban las criaturas a familias ‘de bien’, afines al régimen”, explicó a este diario el sociólogo Francisco González de Tena. Esa práctica se repitió semana tras semana desde los años ’50 hasta casi los años ’80 y sus víctimas, en su mayoría, fueron las madres solteras y pobres, portadoras de un grave pecado para el régimen ultracatólico.

El robo de niños en la España franquista se extendió desde los años ’40 hasta la caída del régimen. Sólo hasta la década de 1950, el juez Baltasar Garzón estimó que se habían apropiado de más de 30 mil niños y niñas de madres republicanas que estaban en las cárceles del régimen. A lo largo de los años, la práctica siguió teniendo a nuevas víctimas.

En Madrid, dos juzgados territoriales se declararon incompetentes para juzgar los casos de los niños robados a lo largo de la dictadura franquista. Los jueces devolvieron la investigación al Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, que era ocupado por el juez Garzón. El magistrado que llevó adelante en España causas contra los represores argentinos fue acusado el año pasado de prevaricato y apartado de la investigación.

En 2008, Garzón había dicho que en el país ibérico se llevó a cabo un plan sistemático de sustracción de niños. Ahora le tocará a la máxima instancia judicial española dirimir a quién le corresponde investigar el robo de bebés: a la Audiencia Nacional o a los juzgados locales. “El Tribunal Supremo tendría que decidirlo a la brevedad”, explicó a este matutino el abogado Fernando Magán, hijo de un republicano represaliado y abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Magán explicó que uno de los escollos que los familiares de las víctimas deben sortear es la actitud de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Semanas atrás, organizaciones de derechos humanos se reunieron con el fiscal Javier Zaragoza, quien se mostró esquivo a impulsar la investigación judicial pero sí les propuso crear una oficina administrativa para atender a los familiares.

“Esa es una táctica dilatoria, es una forma de contener el deseo de saber de las familias”, denunció el abogado de la ARMH. Y agregó: “Es absurdo que un fiscal haga una recomendación de este tipo ya que no es su función. Está ejerciendo de político. No se está sometiendo a la ley de procedimiento criminal”.

Una oficina similar a la propuesta por el fiscal Zaragoza existe desde 2009 para canalizar la búsqueda en las más de mil fosas comunes pero poco se ha avanzado en esa tarea, a pesar de que así lo ordena la ley de Memoria Histórica promulgada en diciembre de 2007. “Esa norma es deficiente, insuficiente, incompleta y vergonzosa. Nosotros somos los que le tenemos que dar información al Estado, que es el que debería hacerlo. Hemos sido pioneros en los derechos humanos a nivel internacional pero lo que pasa al interior de nuestras fronteras quieren olvidarlo y taparlo”, se quejó Pedro Romero, que tiene un abuelo asesinado y otro desaparecido por la dictadura franquista y actualmente dirige la Asociación La Memoria Viva.

A pesar de que los principales juzgados de España tratan de dar vuelta esta página de la historia, las organizaciones de víctimas del franquismo no se dan por vencidas. En España, la Convención sobre la Desaparición Forzada entró en vigor hace menos de tres semanas. Ese tratado estipula que la desaparición de personas es un delito continuado, es decir, que es un crimen que se prolonga hasta que la persona no aparezca. Por lo tanto, no sería un delito prescriptible. “Se nos abre un nuevo panorama”, se alegró Magán.

Por eso en la Puerta del Sol el cielo se cubrió de colores. Globos para remontarse a una infancia que no se pudo compartir. Para volar porque el dolor sigue estando, pero ahora hay esperanza.

RAMON SAEZ VALCARCEL, JUEZ FEDERAL DE ESPAñA

“La sustracción se sigue negando”

Ramón Sáez Valcárcel es uno de los tres jueces de la Audiencia Nacional que apoyaron las investigaciones de Baltasar Garzón sobre los crímenes franquistas, que le terminaron costando un juicio por prevaricato. Desde Madrid, el magistrado accedió a dialogar telefónicamente con Página/12 y comparó los casos de robos de niños durante la dictadura de Francisco Franco y el último régimen de facto argentino.
 ¿Qué parecidos encuentra entre la apropiación de bebés que se ejecutó en España y Argentina?

 Solamente en España y en Argentina, que son dos sociedades católicas, han desaparecido, secuestrado y tratado de apropiarse a los hijos de los enemigos políticos. Arrebatárselos tuvo una finalidad y es que los niños sean educados dentro de una “familia de orden” para “recuperarlos” para su sociedad de valores católicos. En Argentina, la desaparición y el privarle de la identidad y de la familia al niño se hace de una manera clandestina. Sin embargo, en España se realiza a plena luz: es decir, lo hace el Estado con una normativa publicada. Estaba dentro de la construcción de un nuevo orden perverso.

 ¿Qué pasa con el reconocimiento judicial de estos crímenes en España?

 De hecho, no hay procedimiento. El robo de niños corre la misma suerte que el resto de los crímenes de la represión, se sigue negando.

 ¿Cómo explica esa negación de los crímenes y ese letargo de la Justicia?

 Por un lado, porque la dictadura fue muy larga y eso propició que el crimen pudiera ser ocultado de manera sistemática. En la transición al Estado democrático pesó mucho el recuerdo del horror y la apelación al no mirar hacia atrás, que es una de las claves de la impunidad.

 ¿Cómo evalúa que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya propuesto a los familiares de las víctimas canalizar el reclamo por vía administrativa y no por la judicial?

 Mientras las vías institucionales estén cerradas, cualquier avance en el conocimiento de lo que ocurrió y en la reparación de las víctimas puede ser un paso adelante. Pero también se puede mirar de otra manera. Justamente porque no se abren vías penales, se proponen pseudo-alternativas.

 ¿Cree que la puesta en vigencia de la Convención sobre Desaparición Forzada puede dar nuevo ímpetu a las investigaciones judiciales?

 Considero que no va a modificar la situación de los procedimientos y el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones. Es una cuestión que está dejada de lado.

“Vamos a La Moncloa”

Mar Soriano tiene una hermana robada durante el franquismo. Beatriz nació en 1964 en la maternidad madrileña O’Donnell. Los médicos les dijeron a los padres que la beba había muerto, pero nunca les entregaron el cuerpo. “La sensación de robo siempre estuvo en mi familia”, contó a este diario Soriano. La familia calló durante mucho tiempo, pero hace unos quince años reanudó la búsqueda y encontró un certificado de defunción que decía que la beba había muerto de otitis. “Localicé al médico que atendía a mi madre hace 46 años y él mismo dijo que era imposible que un niño muriera por esa causa”, explicó la mujer que dirige la Plataforma del Grupo de Afectados de Clínicas de toda España y que desde allí motoriza la búsqueda de las decenas de miles de niños robados durante la dictadura franquista. “Hay elementos más que suficientes para que la Justicia española investigue y no lo está haciendo. Los familiares somos quienes realizamos la investigación que tendría que estar haciendo el Estado democrático. El gobierno no se ha hecho cargo. Todavía no hemos tocado la puerta de La Moncloa, pero por supuesto la tocaremos”, prometió.

Voluntad eugenésica

En agosto de 1938, el psiquiatra Antonio Vallejo Nágera recibió un telegrama de Francisco Franco. “Tenemos ahora una ocasión única de comprobar experimentalmente que el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna favorece su asimilación por los deficientes mentales”, escribió el psiquiatra formado en la Alemania nazi. La solución parecía casi obvia para el funcionario del dictador Franco: había que separar a los niños de sus padres “rojos” para evitar la propagación de la peste. En 1940, el Ministerio de Justicia estableció que los niños podrían estar cerca de sus madres presas hasta los tres años, después de esa edad serían dados a familiares o enviados a hogares comandados por la Iglesia Católica. Un año después se dictó una ley que permitía al Estado cambiar el apellido de los hijos de los desaparecidos, presos o muertos durante la Guerra Civil Española. “Había una clara voluntad eugenésica, de limpieza ideológica. Se actuaba sobre un grupo de mujeres indefensas, que estaban en las cárceles y que lógicamente no tenían ni siquiera la capacidad de oponerse al robo de sus hijos”, explicó a Página/12 el sociólogo Francisco González de Tena. “La Iglesia ejerció el rol de cómplice necesario, de encubridor”, denunció el autor de Niños invisibles en el cuarto oscuro.


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