Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

PARTICIPACIÓN DE CIVILES EN EL TERRORISMO DE ESTADO

Casos paradigmáticos de complicidades
Domingo 20 de marzo de 2011.

Acindar prestó sus instalaciones para la represión

Una de las empresas cuya complicidad con el terrorismo de Estado resulta paradigmática es Acindar, no sólo porque el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz fue su presidente, sino también por la represión desatada contra sus trabajadores y todo el pueblo santafesino de Villa Constitución el 20 de marzo de 1975. Carlos Sosa es uno de los sobrevivientes de aquella redada y junto con Alberto Piccinini y Carlos Actis y la Liga por los Derechos del Hombre son ahora querellantes en la causa contra Martínez de Hoz.

Carlos Sosa era ferroviario y vivía en Villa Constitución. Si bien no era metalúrgico, como delegado y secretario sindical sí compartía las luchas de los trabajadores de Acindar, un proceso de participación sindical que implicó paros, tomas de la fábrica y la solidaridad de todo el pueblo. Esta lucha llegó a su punto máximo en lo que se conoció como “el villazo”, cuando la lista Marrón, integrada por trabajadores de base organizados, vencieron a “a la burocracia sindical de la UOM central que manejaba Lorenzo Miguel en 1974”, cuenta Sosa. Alberto Piccinini, que ahora también es querellante en la causa, pudo ser delegado apenas tres meses porque en la madrugada del 20 de marzo de 1975, a las seis de la mañana, la Policía Federal, la policía provincial y un grupo de policía rural autodenominado “Los pumas”, desataron una cacería que terminó con más de 500 trabajadores y vecinos secuestrados.

El abogado que construyó la querella, Olivier Reboursim, detalló que “la empresa prestó sus instalaciones en lo que terminó siendo el primer centro clandestino de detención de la Argentina en el albergue de trabajadores solteros de la empresa. También puso a disposición su helipuerto para el operativo de los helicópteros de la Policía Federal y provincial y para los más de 100 autos. Así como en su momento les tocó a los responsables materiales, o sea a los cuadros del Ejército y las Fuerzas de Seguridad, desde ahora hay que actuar contra los responsables ideológicos y materiales, que se beneficiaron desde el punto de vista económico con el golpe de Estado y la dictadura”, opinó.

Nuria Giniger es antropóloga y en su beca de doctorado está investigando el disciplinamiento y control laboral en fábricas. “El caso de Acindar es paradigmático no sólo por el entramado económico de financiamiento a la dictadura sino por cómo se pone en juego la organización del trabajo para marcar a delegados y a activistas”, profundizó.

Para Carlos Sosa la historia continúa. “Con la lucha del pueblo de Villa Constitución, como dirían los paisanos, les pisamos el poncho. Ellos la quisieron ahogar a sangre y fuego, y en parte lo consiguieron, sufrimos una gran derrota. Pero siempre el espíritu de esa epopeya obrera y popular siguió vivo, y el 6 de diciembre de 1982 recuperamos el sindicato. Ahora queremos justicia”, reclamó.

“Quisieron ahogar a sangre y fuego y en parte lo consiguieron, pero siempre siguió el espíritu de esa epopeya obrera y popular. El 6 de diciembre de 1982 pudimos recuperar el sindicato para los trabajadores”, relató Sosa al hacer un balance de la historia del gremio metalúrgico.

Las listas que demuestran cómo marcaban obreros

Las confeccionaba la bonaerense

Militares y policías se infiltraban en las fábricas con complicidad de los empresarios e identificaban a los delegados para entregarlos.

Durante los años previos al golpe, y en la dictadura también, la Policía Federal junto con las fuerzas militares infiltró en las fábricas a sus agentes, camuflados como jefes de Seguridad o empleados de vigilancia, para recopilar información sobre la actividad política y sindical de los trabajadores. Con una minuciosidad burocrática dejaron sentados en los archivos todos los datos que ahora son utilizados en los juicios por genocidio gracias al trabajo de recuperación histórica que hizo la Comisión Provincial por la Memoria.

En esos papeles que elaboraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), quedaron registrados años de espionaje llevados a cabo por la Policía Bonaerense. Cada agente infiltrado en las plantas fabriles elaboraba un informe de 17 puntos en los que detallaba el nombre del establecimiento, la dirección, su rubro, su producción, la cantidad de obreros y empleados administrativos y hasta su horario de trabajo. También detallaba si estaban afiliados a algún sindicato, cuál era, qué tendencia política los caracterizaba, y si había habido “elementos o grupos” pertenecientes a organizaciones guerrilleras.

En los casos en que los obreros militaban en organizaciones políticas, la descripción policial era más amplia. El informe de Terrabussi es uno de los más llamativos: “Este establecimiento modelo no escapa al cuadro general de la zona (General Pacheco), lo que se ve agravado por su proximidad con la planta Ford, siendo eco de sus problemas. Algunos de sus delegados integraban la Coordinadora de Gremios, siendo los restantes y gran parte de las bases arrastrados por el criterio de los principales activistas zonales con el resultado de medidas de fuerza y constantes conflictos. Se detectó la actuación en la planta de dos células, una del PC y la otra del PCR.”

El último de los ítems del informe debía consignar el nombre de los gerentes o dueños de las plantas, sin embargo en la mayoría sólo se lee la frase “no se ha podido establecer”, una forma de ocultar y resguardar la identificación de los que ocupaban los altos cargos. Otra de las maneras mucho menos sutiles de ocultamiento de los nombres jerárquicos es el tachado con marcador negro, como aparece en varias copias de los informes.

Los escabrosos registros detallaban al dorso el domicilio exacto de cada uno de los trabajadores señalados. La hipótesis de los sobrevivientes es que los mismos responsables de las áreas de personal informaban las direcciones. Uno de los ejemplos paradigmáticos es el de Floreal Avellaneda, obrero de la fábrica Tensa, ubicada en la localidad de Munro, a quien fueron a buscar a su casa y lo terminaron secuestrando junto con su hijo adolescente, el Floreal “Negrito” Avellaneda, a quien finalmente asesinaron, y cuyos responsables fueron condenados el año pasado. Otro de los formularios que se resguardan en el archivo de la DIPBA son los de los mismos represores que actuaban como espías en las fábricas. El detalle titulado “Personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales en establecimientos fabriles, Delegación Inteligencia de Morón” incluye la jerarquía, el nombre y apellido, el cargo o función que supuestamente desarrollaban dentro de las plantas y la empresa. Por ejemplo, Rubén Lavallén, (ver nota central) simulaba ser jefe de Seguridad de la plata de González Catán de Mercedes Benz, pero en realidad era subcomisario de la policía federal. Lo mismo pasaba con Ariel Campos, mayor del Ejército, que mientras fingía ser jefe de Seguridad en la planta de La Matanza de YPF recolectaba información sobre la participación política de los trabajadores. En la Chrysler Fevre estaba el comisario Francisco Catáneo, en Deutz Argentina, el subcomisario Jorge Calvigno, o en GoodYerar, el oficial principal de la policía federal Carlos Esteban García.

Las puntillosas descripciones de los represores les terminaron jugando de manera desfavorable y sirven ahora como prueba en su contra en los juicios.

“No todos los vigilantes tienen manga blanca”

Por Pablo Llonto

Empresarios que solicitan por escrito la captura de activistas sindicales, gerentes de personal que entregan listas de los delegados luchadores, agentes de inteligencia infiltrados en las fábricas, policías que simulan ser trabajadores, jueces y fiscales que miraban para otro lado cuando les denunciaban los secuestros de comisiones internas completas, periodistas que incitaban al despido y “aniquilamiento” de militantes sindicales o políticos… así de espantoso fue el sistema nacional que implantó la delación para llevar adelante un plan de exterminio en las fábricas, empresas, lugares de trabajo. No es la historia de un país fantasma. Es la otra historia de la Argentina civil que durante los años de la dictadura sentenció a muerte a miles de trabajadores. Nuestra justicia tiene una gran deuda, apenas insinuada con el procesamiento de Martínez de Hoz y unos pocos cómplices que aguardan su indagatoria en las diversas causas abiertas de punta a punta del territorio.

La interminable batalla que muchas abogadas y abogados (Florencia Arietto, quien empuja la causa Mercedes Benz, es uno de los mejores ejemplos) sostienen en Tribunales para que se comprenda el grado de participación de los civiles en el terrorismo de estado, permanece oculta para los grandes medios. Seguramente es parte de la sospechosa manera que eligieron para referirse al pasado. Como si la barbarie sólo hubiese vestido de gorra. Para esa prensa, que jamás investigó el desastre que causaron a los argentinos los dueños del poder económico y civil, vale un viejo adagio de las tribunas futboleras de antaño: no todos los vigilantes tienen manga blanca.

Fuente: Tiempo argentino

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