Plataforma Argentina contra la Impunidad
Derechos Humanos
Justicia

FIN DE LA AMNISTÍA EN URUGUAY

EL SENADO URUGUAYO APROBO DEJAR SIN EFECTO LA LEY QUE IMPEDIA JUZGAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Miércoles 13 de abril de 2011.

El Frente Amplio terminó con la amnistía en Uruguay

El proyecto interpretativo que anula la Ley de Caducidad era rechazado por la oposición y por tres senadores del Frente Amplio. Finalmente ganó la anulación de la legislación de amnistía.

El Senado uruguayo aprobó ayer el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad. Durante 25 años, esa norma impidió que se persiguiera y se juzgara a los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura que gobernó al país entre 1973 y 1985. Los opositores Partido Nacional y Partido Colorado votaron en contra de la iniciativa promovida por el gobernante Frente Amplio (FA). Pero también hubo discrepancias dentro de las filas de esa coalición de centroizquierda. El histórico militante tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro se encolumnó por disciplina partidaria a favor del proyecto presentado por el FA, pero anunció que renunciaba a su banca.

La sesión comenzó cerca de las 10 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche, cuando el FA hizo valer sus 16 votos frente a los quince de la oposición. Sea cual fuere su color partidario, la mayoría de los senadores tenía algo que decir al respecto de la Ley de Caducidad, que desde 1986 impide que sean juzgados los represores uruguayos. Hace tiempo que la Ley de Caducidad ocupa el centro de la discusión política en la República Oriental. Un debate acalorado que divide a quienes se manifiestan a favor de extirparla del ordenamiento jurídico y entre los que quieren mantenerla, alegando que fue ratificada por la ciudadanía en dos plebiscitos.

Ese clima se respiró en el Senado. Por el oficialismo, le tocó romper el hielo al senador Oscar López Goldaracena, un conocido jurista y activista de derechos humanos. “Esta Cámara tiene la posibilidad de empezar a enmendar el error político de haber dictado una ley que ampara la impunidad de criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya”, comenzó el abogado que representa al Movimiento Independiente por los Derechos Humanos, en el FA. López Goldaracena remarcó que era importante eliminar los efectos de la Ley de Caducidad para evitar que las atrocidades perpetradas por los militares vuelvan a repetirse.

Aunque no todo fue una postura uniforme dentro de la coalición de centroizquierda. Desde que en octubre del año pasado se aprobara en la Cámara de Diputados, el proyecto interpretativo estuvo paralizado en el Senado, donde tres senadores oficialistas se negaban a acompañar la iniciativa de su bloque. En marzo, el FA pudo destrabar la situación y alcanzó los votos necesarios para que el proyecto saliera. Sin embargo, los senadores díscolos siguieron haciendo sentir su rechazo. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa salió del recinto e hizo ingresar a su suplente que votó junto al FA. El legislador frenteamplista Jorge Saravia se mantuvo firme en su postura de no apoyar la iniciativa para interpretar la Ley de Caducidad y denunció que se trataba de un “disparate jurídico”.

Pero la novedad del día la trajo el ex tupamaro Fernández Huidobro, que renunció a su banca porque tuvo que obedecer el mandato de votar a favor de la iniciativa. “Se dice con razón, dentro de nuestra fuerza política, que hay que acatar el mandato de la mayoría. Creemos que es así y por eso lo estamos acatando, votaremos por disciplina. Pero el pueblo también fue mayoría dos veces”, disparó, refiriéndose a los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la mayoría de la sociedad se negó a anular la Ley de Caducidad. El presidente José Mujica fue anoche hasta el despacho de Huidobro y le expresó su solidaridad.

Desde el Partido Nacional, el primero en hacer uso de la palabra para protestar contra la iniciativa oficialista fue el senador Francisco Gallinal. “Lejos de ser interpretativa, esta ley es innovativa”, se quejó. “No acompañamos porque hay dos pronunciamientos populares en este sentido. Ese es un argumento formal, que a nuestro juicio es muy importante”, dijo el referente blanco a Página/12. “Entendemos que esta propuesta le genera grandes problemas a la sociedad, ya que significa trasladar toda la cuestión al Poder Judicial”, agregó. Gallinal invocó nuevamente el Pacto del Club Naval de 1984, cuando las principales fuerzas políticas y los militares en el poder negociaron la apertura democrática. “Este proyecto interpretativo rompe el equilibrio que supuso la salida institucional de 1985, donde se aprobaron dos amnistías: una para los militares y otra para los presos políticos tupamaros”, apuntó el político conservador.

Los organismos de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles y de trabajadores hicieron poco caso a los dichos de los partidos tradicionales. Desde las barras del Senado, algunos siguieron de cerca a los senadores. Otros estuvieron afuera escuchando el debate por altavoces. Todos coincidieron en que el de ayer fue un día para celebrar. Pero saben que todavía falta camino para recorrer hasta que el 4 de mayo próximo la Cámara de Diputados ratifique el proyecto aprobado ayer por los senadores.

“Uruguay se va a poner en una buena posición en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos humanos frente a la comunidad internacional. Después de casi medio siglo de existencia de esta ley, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman y con esta resolución que hoy tomó el sistema político, nos están dando la razón. Esto también le demuestra al movimiento popular que la perseverancia y la lucha de la sociedad terminan dando resultados”, resaltó Raúl Olivera, de la central obrera PIT CNT. El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) fue más cauto a la hora de las celebraciones. “Nunca nos bajamos del caballo de la nulidad. No lo logramos. Por supuesto que apoyamos y creemos que hay que hacer todo lo necesario para acabar con la impunidad. El Estado no puede seguir sin dar respuestas a lo que dijo la Corte Interamericana, que señaló que la Ley de Caducidad es un obstáculo para la Justicia. Para nosotros, no es la mejor salida pero hay que seguir avanzando en el Nunca Más y para que estas cosas queden saneadas”, afirmó Ana Aguerre.

Desde Crysol, la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay, definieron la de ayer como una jornada de emociones. “Para nosotros, la anulación de la Ley de Caducidad es una de las razones fundamentales de nuestra lucha. Venimos exigiendo esto para que se investigue qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos y para que se juzgue a los torturadores, y así se abra el camino para conocer la verdad”, concluyó Julio Martínez

TRES ARTICULOS VIOLAN LA CONSTITUCION URUGUAYA

Por qué queda sin efecto la ley

El proyecto interpretativo que aprobó ayer el Senado pretende dejar sin efecto la ley 15.848, más conocida como Ley de Caducidad. En concreto, como se trata de una norma interpretativa no anula a la sancionada en 1986, pero hace que algunas partes de ella dejen de estar vigentes. Según el proyecto interpretativo, los artículos de la Ley de Caducidad que violan la Constitución uruguaya son:
- Artículo 1: Allí se reconocía que prescribió la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales.

- Artículo 3: En esa parte se establecía que el juez que recibiera una denuncia debía pedir al Poder Ejecutivo que determinara si ese hecho estaba comprendido dentro del artículo 1, es decir si ya había cesado la voluntad estatal de castigar ese crimen.

- Artículo 4: El juez podía remitir al Poder Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la ley (diciembre de 1986) para que dispusiera investigaciones.

En el proyecto interpretativo se deja en claro que no puede invocarse la cosa juzgada ni las prescripciones para los secuestros, desapariciones o asesinatos. También que todas las causas judiciales que quedaron suspendidas por la vigencia de la Ley de Caducidad serán reiniciadas de oficio. De acuerdo con lo que explicó a este diario el senador Oscar López Goldaracena, se le introdujeron algunas modificaciones a la iniciativa que en octubre pasado obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En los últimos retoques se hizo especial énfasis en la independencia del Poder Judicial. Pero además, se toman en cuenta todas las veces que la Corte Suprema de Justicia uruguaya declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y se generalizan esos efectos. “Las modificaciones que se realizaron no hacen a la esencia del proyecto aprobado en Diputados, pero sí lo mejoran. Los cambios se hicieron obedeciendo a algunos planteos de constitucionalistas.

“Básicamente, se declara incompatible la Ley de Caducidad con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por Uruguay para asegurar la total vigencia de los derechos humanos”, explicó a Página/12 el diputado oficialista Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo en el Frente Amplio. Puig confirmó que el 4 de mayo se estará votando el proyecto en la Cámara de Representantes. Se espera que la ratificación de los diputados sea sólo un trámite.

LA VERSIÓN MILITAR

Cuando la soga aprieta, es momento de ventilar cualquier argumento, incluso aquellos que pueden no ser ciertos. Por lo menos, así parece actuar el vocero de la organización castrense Libertad y Concordia, José Carlos Araújo. “Habíamos acordado que los desaparecidos habían caído en combate y que el tema se terminaba ahí”, sentenció en referencia a las conclusiones de encuentros que militares habrían mantenido con tupamaros. Exaltado por la votación en el Congreso, Araújo remarcó que el presidente de Uruguay, José Mujica, había participado de algunas de esas reuniones: “Allí asumió un compromiso entre ex combatientes”, sostuvo. El diario uruguayo El País difundió las supuestas revelaciones que Aráujo esbozó en el marco del programa radial que conduce. Allí, además de hablar de presuntos acuerdos entre funcionarios del gobierno y militares retirados, opinó sobre el tratamiento en el Senado del proyecto de modificación de la Ley de Caducidad: “Para nosotros es un triunfo (la votación a favor de la anulación). Ahora quedará demostrada la catadura moral con la que se mueven nuestros enemigos. Es una profunda inmoralidad, antidemocrática y antiartiguista”, concluyó. El vocero aseguró en el éter que existen documentos que certificarían lo acordado en los encuentros entre las Fuerzas Armadas y la agrupación en la que militó Mujica, aunque se negó a revelar el contenido de tales papeles. La veracidad de la información, no obstante, no fue confirmada por autoridad alguna del gobierno.

La ola imparable

Por Martín Granovsky El propio Pepe Mujica suele levantar una ceja cuando lo dice: “Quieren hacernos pelear entre nosotros”. Y agrega: “No hay que darles el gusto”. No le pone sujeto a la frase, y eso es parte de su picardía política, pero la repite cuando queda involucrado en una situación que no buscó: la de un Pepe caricaturizado como una suerte de oriental moldeado a gusto del establishment.

El 30 de marzo, Mujica dijo durante un acto en la embajada argentina: “No soy hombre de lamentarme ni de lamerme las heridas. Aprendí que en la vida hay deudas que nunca se pagan y cuentas que nunca se cobran. Elijo, sin olvidar el pasado, mirar hacia adelante”.

Sus críticos por izquierda hicieron lo mismo que sus aduladores por derecha: esquivaron la expresión “sin olvidar el pasado”. Es decir, quisieron menemizarlo.

El problema para Mujica es que hasta la votación de ayer en el Senado parecía eterno el vigor de dos consultas vinculantes. Una en 1989, por la que la mayoría del pueblo se pronunció a favor de la impunidad para los militares que habían violado los derechos humanos. Otro referéndum, con el mismo resultado, se realizó en octubre de 2009, junto con las últimas elecciones presidenciales que ganó, justamente, Mujica. Dirigentes del Frente Amplio acostumbran reflexionar que la simultaneidad fue un error. El tema no estaba candente y los candidatos se concentraron en sus campañas, con lo cual una consulta que podría haber tenido otro resultado en otro momento, por ejemplo en estos días, repitió la frustración del ’89.

Uruguay tiene una característica peculiar. Salvo la consulta sobre la caducidad, cada referéndum dio un triunfo a la izquierda. Logró mayoría para rechazar una Constitución que quería dejar de regalo la dictadura, para oponerse a la enajenación de empresas públicas y para que no se privatizaran el agua potable y las cloacas. En la última victoria, en particular, sí fue útil la simultaneidad entre la campaña por el agua y la presidencial. Como el tema estaba instalado en la discusión cotidiana de los uruguayos, Tabaré Vázquez y el Frente Amplio lo capitalizaron para vencer en las presidenciales del 31 de octubre de 2004, que dieron lugar al primer gobierno del Frente el 1º de marzo de 2005.

La coalición de gobierno quedó, así, en una disyuntiva. Por un lado las consultas ya eran parte de su tradición política de legitimación popular. Por otro, en materia de derechos humanos habían dado un resultado contrario al que buscaban. Con otra singularidad más: incluso en medio de la vigencia de la Ley de Caducidad de 1986, el avance en la comprensión cada vez más masiva del pasado dictatorial permitió o sirvió de presión, según el caso, para que una parte de la Justicia encontrara recovecos legales y pudiera juzgar a oficiales en actividad y en retiro. A la vez, Mujica recortaba presupuesto a las Fuerzas Armadas. Este cuadro explica la discusión intensa sobre el tema dentro del Frente Amplio. El FA decidió por mayoría reformar la Ley de Caducidad. Por respetar esa mayoría es que anunció la renuncia a su banca de senador el ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, preso de la dictadura como Mujica, quien insistió en que seguiría comprometido con el gobierno y el FA. Fernández Huidobro votó a favor de la iniciativa por disciplina partidaria, al revés de su colega Jorge Saravia, que votó en contra. Recién después Fernández Huidobro renunció. La renuncia es una facultad individual. El voto es una decisión política, es decir de compromiso colectivo.

“La Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, dijo este año en el caso Gelman vs. Uruguay el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desató la discusión de ayer en el Senado.

Más allá del debate en Uruguay y sus costos –si es que los tiene–, quizá convenga inscribir el fallo de la Corte Interamericana y sus consecuencias en una ola que supera a los uruguayos, piensen lo que piensen y hayan adoptado la táctica que fuese: la ola del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los exiliados argentinos y los organismos de derechos humanos tomaron principios que venían del Juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis, el Juicio a las Juntas de 1985 los recuperó, la doctrina creció con los juicios por la verdad, se hizo más intensa con la discusión que desató el apresamiento de Augusto Pinochet en Londres, se consolidó con los juicios en Chile y se afirmó tras la anulación de la Obediencia Debida, el Punto Final y el indulto. Hasta Brasil de las Fuerzas Armadas intocables creó, con Lula, su Comisión Nacional de la Verdad para investigar la dictadura 1964-1985 y la presidenta Dilma Rousseff definió que la cuestión de los derechos humanos –tanto para intervenir contra la lapidación de una iraní como para cuestionar las torturas de la base norteamericana de Guantánamo– será parte de su estrategia diplomática.

Una ola imparable.

Fuente: Página 12


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