Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

LA MAGISTRATURA INVESTIGA EL PAPEL DE LOS JUECES DURANTE LA DICTADURA

Se abre una nueva etapa en la búsqueda de responsables, jueces, cómplices de los represores. 20 pedidos de juicios políticos
Lunes 18 de abril de 2011.

Los magistrados que fueron cómplices de los represores

El Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar el papel de los jueces durante la dictadura. Hay numerosas denuncias y pedidos de juicio político en todo el país y muchos de los involucrados son camaristas.

El lunes pasado, en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Estela de Carlotto recordó en voz alta lo que le mandó decir en 1978 el entonces juez de menores Gustavo Mitchell a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace, podría aparecer en una zanja”. Lo que hacía Estela era buscar a su nieto nacido en cautiverio. Todavía lo busca. Mitchell hoy integra la Cámara de Casación, el tribunal penal de más jerarquía. Justo unos días antes del testimonio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ante el Tribunal Oral Federal 6, el Consejo de la Magistratura había tomado una decisión que no tuvo gran difusión pero que marca un nuevo rumbo: desentrañar qué papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y cómo actuaron años después, cuando les tocó juzgar a los represores pasó a ser una prioridad para el organismo. Creó, para eso, una subcomisión especial que se ocupará de controlar que avancen y no mueran las investigaciones por la posible complicidad ejercida, desde los juzgados, con los crímenes dictatoriales.

Actualmente tramitan pedidos de juicio político de este tipo contra más de veinte jueces de todo el país, y muchos de ellos tienen rango de camaristas. En Mendoza, caso emblemático, hay varios jueces acusados en cadena, en historias que combinan sus vinculaciones con crímenes de lesa humanidad y el armado de una red de impunidad (para sí mismos y para los genocidas); en Salta, el presidente de la Cámara Federal quedó envuelto en un escándalo por alertar a su hermana sobre la detención de su hermano militar y procurarle un allanamiento “discreto”; aparecen en la lista nombres conocidos como el juez Conrado Bergesio, por la causa sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble; un camarista cordobés denunciado como personal de inteligencia; otros por demoras; y hasta un planteo que compromete a un juez miembro del propio Consejo.

Dentro de ese universo que ganó visibilidad en los últimos tiempos y que se suele nombrar como “la cara civil” de la última dictadura, los jueces ocupan una importante porción y empiezan a ser investigados. Aunque subsisten ciertas resistencias corporativas, para la mayoría de los miembros del Consejo –que tiene la facultad de promover la destitución de magistrados– hoy importa y mucho qué hacían Sus Señorías ante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, y qué hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos.

La subcomisión creada dos semanas atrás tiene varias razones de ser, que fueron definidas así: “La trascendencia institucional del tema”, “la eventual responsabilidad internacional” por la falta de juzgamiento, y la necesidad de “evitar las demoras” o la “paralización” de este tipo de expedientes, “como fue habitual hasta ahora”. Su función será controlar la evolución de las investigaciones, que son instruidas por distintos miembros del Consejo. La integrarán probablemente tres consejeros a designar y estará dentro de la estructura de la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la encargada de dar el primer paso para iniciar el camino al juicio político, o para descartarlo.

La experiencia mendocina se convirtió en piedra basal desde que fue destituido el camarista Luis Miret. Con él quedó al descubierto un entramado de complicidades que explican por qué esta provincia tuvo serios escollos para llevar a sus represores al banquillo.

Demoras y sorpresas

El juez subrogante de Jujuy Carlos Olivera Pastor acumula denuncias en el Consejo por cómo tramita las causas, al punto que de sus investigaciones sólo se concretó un juicio oral, por un solo hecho y con Luciano Benjamín Menéndez como único imputado. La Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos de la Procuración lo cuestionó por liberar a un imputado a pesar de que un recurso de la fiscalía lo impedía, y le objetó su costumbre de abrir casi una causa por víctima en lugar de agrupar hechos y que se hagan los juicios en un tiempo razonable y con los acusados con vida. En Jujuy hay sólo trece procesados pese a que la fiscalía pidió ochenta indagatorias.

El juzgado de Olivera Pastor está ahora bajo una auditoría del Consejo, informaron en el organismo. La semana pasada fue tema central de la reunión de la Comisión Intrapoderes para Agilización de Causas de Lesa Humanidad que creó la Corte. Allí, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, negó que hubiera retrasos en esa jurisdicción, pero recibió un tirón de orejas de los presentes, entre ellos el juez Daniel Rafecas. Rabbi Baldi, para colmo, acaba de ser denunciado porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca iba a detener a su marido, Alejandro Osvaldo Marjanov, por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército, y que allanarían su casa. Aunque era ajeno a la causa, Rabbi Baldi llamó a un inspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió que el allanamiento se hiciera “con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”, según declaró el funcionario policial. El militar fue finalmente detenido en Bahía Blanca. Y todo esto sin contar que el trámite de tan delicadas medidas tardó meses porque los jueces se excusaban o tomaban licencia, incluido Olivera Pastor.

Otro juzgado que será “compulsado” por el Consejo es el de Manuel Blanco, de La Plata, denunciado por organismos en 2009 por dilaciones en causas como la de la Unidad 9, la del centro clandestino La Cacha, la de la comisaría 8ª, otras por apropiación de menores y también la de la desaparición de Jorge Julio López.

Pasado y presente

“Desde que era pinche, Rueda trabajaba para los servicios de inteligencia” de la dictadura y “conocía la situación de los detenidos en el D2, igual que otros “funcionarios judiciales”. Luis Rueda es el presidente de la Cámara Federal de Córdoba y así lo describió en medio de uno de los juicios en esa provincia el ex comisario Carlos Yanicelli, uno de los acusados. El Consejo de la Magistratura tomó cartas en el asunto y Yanicelli amplió su denuncia el año pasado ante los ex consejeros Carlos Kunkel y Luis Bunge Campos. Ahora está en manos de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba.

Mitchell, el camarista mencionado por Estela Carlotto, ya estaba bajo la lupa en el Consejo por su presunto aporte a la apropiación de por lo menos un menor durante la dictadura. La denuncia fue presentada por María Isabel Chorobik de Mariani (fundadora de Abuelas), dos nietas que recuperaron su identidad, Hebe de Bonafini y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros. Pidieron su expulsión al responsabilizarlo por entregar en julio de 1976 un bebé de 20 días, Simón Riquelo, a un subcomisario vinculado con el secuestro de su madre, la uruguaya Sara Méndez, de cuyos brazos había sido arrancado.

El relato de Carlotto del lunes último fue girado al Consejo por decisión del TOF6 y también al juez Norberto Oyarbide, que lo investiga. La presidenta de Abuelas contó que en 1978, cuando buscaba a su nieto, fue a la Casa Cuna, donde sabía que había una chiquita cuyos datos y fechas podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura, asesinada. Se habían llevado ya a la chiquita, pero Estela pudo ver que el juez era Mitchell. Fue a verlo, pero él no la atendió sino que le mandó un mensaje: que se “cuidara” porque “por lo que hacía podía aparecer en una zanja”.

En un rubro conexo, hay un expediente contra Bergesio, el juez de San Isidro que tuvo la causa para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Se lo cuestionó por dilatar la definición sobre los estudios de ADN, y por no procurar condiciones mínimas de conservación de las muestras de material genético y sangre (guardadas en una caja fuerte). Se objetó incluso que intervino el Cuerpo Médico Forense y no el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su sucesora en la causa, Sandra Arroyo Salgado, es una de sus denunciantes. El 30 de abril se cumplen diez años del trámite de esta causa, y aún no hay muestras de ADN fiables de los jóvenes. Paradójicamente, el camarista Mitchell podría intervenir en esta causa.

Una de las presentaciones más recientes ante el Consejo apunta al juez de Mar del Plata Rodolfo Pradas, sospechado de facilitar la fuga de los acusados de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) antes y después del golpe. Otra dice que el juez Gustavo Duprat, de Bahía Blanca, desestimó un pedido para la detención de ocho represores a pesar de que estaba excusado.

Así, frente a éstos y otros jueces denunciados, será la nueva subcomisión la que seleccione qué pesquisas son relevantes y cuáles deberían ir al archivo. Por ejemplo, hay denuncias de casi tres años atrás (el plazo de caducidad) contra los santafesinos Marcelo Bailaque y Ricardo Vázquez; otras un poco más nuevas contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo; y una de las más desconcertantes (por el personaje implicado) es la que cuestiona al juez Alejandro Sánchez Freytes, integrante del propio Consejo, por haber dado una indemnización (pensión por invalidez) por “las dolencias” que padece producto de sus “actos de servicio” a Luis Alberto Manzanelli, interrogador en el centro clandestino La Perla.

DENUNCIA DE LOS ORGANISMOS DE MENDOZA

El presidente de la Cámara de Casación Penal mendocina es acusado de buscar que la Corte Suprema remueva a los jueces que avanzaron con las causas por delitos de lesa humanidad.

Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.

“Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz.”

El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.

Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.

Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.

Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: “Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos”, indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.

La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: “Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad”, indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.

DOS FISCALES Y UN JUEZ JUZGADOS EN CORDOBA

“Hubo una dictadura cívico-militar”

La suerte de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga comenzará a resolverse hoy, cuando la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expida sobre el pedido de prescripción elevado por los defensores, en la causa donde se investiga la responsabilidad de los magistrados durante la dictadura. Tal como informó Página/12, las defensas argumentan que el delito –esto es, privación ilegítima de la libertad agravada– no configura un tipo penal susceptible de ser encuadrado como delito de lesa humanidad. Esa había sido la calificación de Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal subrogante de La Rioja, quien se hizo cargo de la causa tras el planteo de inhibición presentado por Alejandro Sánchez Freytes, juez federal de Córdoba. El fiscal general subrogante del Tribunal Oral Nº 2, Carlos Gonella, sostuvo que “empezamos a ver que hubo una dictadura cívico-militar” porque “surge la responsabilidad penal de sectores de la Iglesia y del Poder Judicial”. Gonella había solicitado el lunes pasado que se rechazaran los recursos presentados por los tres imputados y que se dejaran firmes los procesamientos. En este sentido también se expidieron los abogados querellantes Juan Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Miguel Hugo Vaca Narvaja, quienes solicitaron máxima celeridad en el esclarecimiento de los hechos.

Vaca Narvaja dijo que “muchos detenidos” denunciaron ante jueces o defensores oficiales que “estaban siendo torturados, golpeados o que se habían cometido asesinatos”. Sin embargo, “estas personas nunca actuaron en su carácter de funcionarios públicos”, recordó.

“Nos seguimos preguntando si esta Justicia federal está en condiciones de llevar adelante la investigación –dijo Vaca Narvaja–, porque el fiscal que actúa en la causa (en referencia a Gustavo Vidal Lascano), tiene vínculos de amistad y de compañerismo con gente que está imputada.”

Una red de amigos de la dictadura en Mendoza

Mendoza fue pionera en poner a sus jueces en entredicho, con impulso del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos. El juez Luis Miret fue removido por el jurado de enjuiciamiento el mes pasado, acusado de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía local, hechos que conocía –desde 1975– por recibir las denuncias en su despacho y por lo que pudo ver con sus propios ojos al punto de decirle cara a cara a un detenido recién torturado que tenía que “aguantar”. En el plano penal, Miret fue procesado por el juez Walter Bento, que también imputó a otro camarista mendocino, Otilio Romano, como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras fue fiscal y juez. Procesado y todo, el poderoso Romano sigue impartiendo justicia. Lleva cerca de un año logrando eludir una citación del Consejo gracias a una medida cautelar del juez ad hoc Carlos Parellada, amigo suyo. Recién en diciembre, tras una intervención de la Corte Suprema y de otros camaristas, cayó la cautelar y está cerca de ser citado como sospechoso.

A Parellada también se le abrió investigación en el Consejo. Otra, similar, apunta al conjuez Luis Santamaría, funcionario de la dictadura, quien repuso a Miret en la Universidad de Cuyo (allí daba clases de ética), de donde había sido expulsado. También se abrieron expedientes contra Julio Petra Fernández, Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, que aun recusados por su cercanía a Romano por pedido suyo apartaron al juez Bento de la causa. Petra y Romano fueron fotografiados cenando en un restaurante del centro de Mendoza con champagne después de ese fallo. Petra también está denunciado, entre otras cosas, por firmar la liberación masiva de los represores de Mendoza, San Juan y San Luis; por haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) con una falta de mérito extendida a expedientes por 18 desapariciones que aún no habían llegado al tribunal. Y hasta por sustraer (para prolongar sus efectos) la cautelar que evitaba el juzgamiento de su amigo Romano.

Por Alejandra Dandan e Irina Hauser

Fuente: Página 12


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