Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

JUICIO AL TERRORISMO DE ESTADO EN BAHÍA BLANCA

Viernes 8 de julio de 2011.

Un poder que muestra sus límites

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por jueces de otras localidades como Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava va a analizar los primeros casos de 90 víctimas en la jurisdicción del V Cuerpo.

Luego de 25 años de esfuerzos individuales en la justicia y de organizaciones de DDHH comenzaron las audiencias del primer juicio oral y público en la ciudad de Bahía Blanca.

Hasta 2003 suponíamos que era un sueño casi imposible a nivel nacional. Luego pasó a ser factible con la nueva Corte Suprema y la abolición de las leyes de impunidad por el Parlamento. Y así comenzamos a creer que la justicia también llegaría a Bahía Blanca. No era tarea fácil en una ciudad donde el imaginario dominante conoce, sufre, vive y teme el poder articulado de una manera tan visible y pública entre el poder mediático de La Nueva Provincia y sus satélites, el poder militar del V Cuerpo de Ejercito y de la Base Naval de Puerto Belgrano, el poder judicial de amigos y parientes de linaje, el poder religioso de los obispos Mayer, Ogñénovich y el cura Vara como cómplices en la represión, el poder económico de exportadores y cerealeros y el poder cultural de una universidad que parió a un rector como Remus Tetu y a profesores delatores de sus colegas como Nicolás Bazán. Ese poder racional, burocrático y moderno, se creyó sagrado, se supuso Dios y decidió quién vivía, quien moría, quién era torturado, quién hablaba y quien callaba. Hoy ese poder comienza a mostrar sus límites…

Hoy llega el turno de la justicia democrática. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por jueces de otras localidades como Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava va a analizar los primeros casos de 90 víctimas en la jurisdicción del V Cuerpo. Este abarca el sur de la provincia de Buenos Aires y parte de Río Negro y Neuquén. Allí operaron los centros clandestinos de detención La Escuelita de Bahía Blanca y la Cárcel de Villa Floresta.

La causa llamada “V Cuerpo del Ejército” tiene imputados a 13 militares, 4 policías y 2 agentes penitenciarios acusados de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio agravado. La demora en la justicia permitió que los principales responsables del V Cuerpo murieran impunes. Los generales Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi (ambos denunciados públicamente por el obispo Miguel Hesayne), Adel Vilas y Santiago Cruciani (torturador en la Escuelita) murieron sin ser llevados a la justicia. Mientras tanto, el jefe de Inteligencia de este Cuerpo, Aldo Mario Alvarez, está prófugo.

De los 19 que ocupan el banquillo de los acusados puedo mencionar algunos casos sobresalientes. El teniente coronel Julián Oscar Corres fue apodado “Laucha” por quienes pasaron por La Escuelita. Luego de fugarse de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista con complicidad empresarial-católica. Otro es el teniente coronel Miguel Ángel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”. Luego fue asesor de su tocayo, el ministro Miguel Ángel Toma y director del Registro de las Personas durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde.

Durante varios meses más de 300 testigos pasarán a declarar por el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Ante la falta de un espacio adecuado en el Tribunal para un juicio de esta envergadura, la Universidad ofreció su espacio. Esto es además un ámbito simbólico ya que alumnos, trabajadores y docentes de la UNS estuvieron entre los “blancos” predilectos de la represión en la zona. La mayoría de los/as jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino “La Escuelita” eran alumnos de esta universidad.

Varios de ellos – como Jorge Riganti, Liliana Pizza, José Peralta, Graciela Tauro, María Elena Peters, “Pancho” Carricaburu, David “Watu” Ciruello –asesinado en el interior de la UNS-, María Luisa Buffo, José Percas, Zulma Matzkin, Eduardo Korsusky hablaron ante cientos de estudiantes y profesores en el mismo recinto donde hoy son juzgados sus represores. ¿Cómo no reconocer en nuestra democracia y en una decisión política amplia esta posibilidad de juzgar con leyes, fiscales y abogados defensores a quienes impusieron su verdad a sangre y fuego? ¿Cómo no ver en estos juicios signos de nuevas esperanzas y utopías reflejados en los cientos de jóvenes que estuvieron en la calle el día del comienzo de las sesiones?

Es digno de destacar el aporte de la Comisión provincial por la Memoria de documentos de inteligencia de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Prefectura Naval Argentina. En el Centro de Documentación y Archivo de la CPM se localizaron: fichas personales que la DIPPBA abrió a las víctimas, denuncias de secuestros, pedidos de captura, allanamientos, solicitudes de paradero que sólo tramitaron burocráticamente, enfrentamientos fraguados entre personal del Ejército y civiles perseguidos que estuvieron en el centro clandestino La Escuelita, donde fueron torturados. La construcción del “mal absoluto” en la rutinaria banalidad de confeccionar miles de “fichas” de “subversivos” luego víctimas del terrorismo de Estado.

Además, surgieron comunicados del V Cuerpo del Ejército con nóminas y fotografías de detenidos o “buscados”, con informes sobre “infiltración ideológica” en secundarias y en la UNS. También legajos de docentes cesanteados en esa universidad fundamentadas en “antecedentes ideológicos” recolectados por la ¡“comunidad informativa” más importante de la provincia! Quiero resaltar el potencial probatorio de estos documentos creados en el lugar y el momento de los hechos investigados por los propios imputados.

Todos estos materiales contribuyen a demostrar la persecución ejercida desde 1974 - 1975 cuando son asesinados en la ciudad el sacerdote Carlos Dorñak, Marisa Mendivil, Fernando Alduvino, Carlos Davit, Daniel Bombara y tantos otros de manera coordinada por los Servicios de Inteligencia de distintas fuerzas armadas y de seguridad (Batallón de Inteligencia 601, SIDE, DIPPBA, Sección informaciones de la Prefectura Zona Atlántico Norte, Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, Destacamento de Inteligencia 181, entre otros).

Antes del inicio de las audiencias, la Comisión por la Memoria firmó un convenio con el INCAA y la Universidad del Sur para el registro audiovisual de todo el juicio. El convenio garantiza el registro completo del juicio y el material audiovisual quedará bajo la guarda de la Comisión Provincial por la Memoria, que garantizará la accesibilidad pública.

En ese mismo salón de actos que el 25 de mayo de 1973 recibió el nombre de Mártires de Trelew (luego dejado de lado por el represor Remus Tetu) ahora comienzan a ser visibilizados, recordados, muestran sus cuerpos, nombres y militancias los Mártires del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. A ellos nuestro reconocimiento y homenaje.

Por Dr. Fortunato Mallimaci Integrante de la Comisión Provincial por la Memoria.

Fuente: blog.comisionporlamemoria.org

Imágenes del día del inicio al Juicio en Bahía Blanca

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