Plataforma Argentina contra la Impunidad
Justicia

JUICIO EN JUJUY POR LA NOCHE DEL APAGÓN

Las vinculaciones políticas, económicas y judiciales que permitieron al empresario Carlos Blaquier huir a Europa para esquivar a la Justicia. El primer juicio por violaciones a los DD.HH. en Jujuy comenzará en julio, con cuatro ex militares acusados.
Domingo 27 de mayo de 2012.

ESPERANDO A BLAQUIER EN LEDESMA

Nosotros somos la principal garantía para que Carlos Pedro Blaquier comparezca ante el juez. Esperamos 36 años para que se haga justicia y no vamos a ser tan tontos como para malograr esta oportunidad generando disturbios o agrediéndolo.” Con estas palabras indignadas Hugo Condorí, el único sobreviviente de los dirigentes gremiales de la empresa Ledesma secuestrados en vísperas del golpe de marzo de 1976, responde en Miradas al Sur a las palabras de Horacio Aguilar, el abogado defensor de Blaquier, que sostuvo que su defendido se presentaría ante el juez “sólo cuando estén dadas las condiciones de seguridad”. Mientras el empresario está de viaje por Europa, organizaciones sociales y de derechos humanos siguen movilizándose y reclamando en Jujuy su detención, para que sea investigado a raíz de su complicidad en torturas, desapariciones y asesinatos de obreros en el ingenio Ledesma durante la última dictadura militar. Para Aguilar, esas manifestaciones populares son una muestra de las escasas condiciones de seguridad para su defendido.

Blaquier está de viaje por Francia e Inglaterra presuntamente para hacerse estudios médicos a raíz de su delicada salud. Salió del país el 15 de abril. Debía declarar tres días después ante el nuevo juez federal subrogante, Fernando Poviña, que reemplazó al renunciante Carlos Olivera Pastor, un magistrado cuestionado tanto por los organismos de derechos humanos como por el fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos, Jorge Auat. Desde la anulación parlamentaria de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no prosperó en Jujuy un solo juicio por delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Pero Auat fue más lejos en sus precisiones: acusó al presidente de la Cámara Federal de Salta (instancia superior de la Justicia Federal jujeña), Renato Rabbi Baldi Cabanilla, de “ser el protector de Olivera Pastor” y de “feudalizar la jurisdicción judicial para que no prosperen los juicios por delitos de lesa humanidad”.

La instancia fiscal a cargo de Auat emitió varios documentos desde 2006 en los que denuncia la situación “alarmante” de la Justicia Federal jujeña que rechazó el 88 por ciento de los llamados a declaración indagatoria solicitados por los fiscales. El último rechazo producido por Olivera Pastor fue precisamente el del octogenario Blaquier el pasado 12 de marzo. Auat sabe de qué habla cuando se refiere a la feudalización judicial. Rabbi Baldi Cabanilla desembarcó en la Cámara Federal de Salta en 2009 en reemplazo del juez Ricardo Lona, acusado de tener vinculaciones con la Masacre de Palomitas ocurrida en Salta en 1976 cuando Lona era juez de primera instancia.

En 2010 Cabanilla interfirió en los trámites de allanamiento de la vivienda del represor Alejandro Marjanov, detenido en 2010, quien según la Justicia fue coautor y autor mediato en asociación ilícita, secuestros, torturas y homicidios ocurridos en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, donde se desempeñó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181, entre 1976 y 1978. Es que Marjanov está casado con una hermana de Cabanilla, según denunció el diario Tiempo Argentino en abril pasado. Aguilar, el defensor de Blaquier, tambien tiene una curiosa historia. Repite, a la lejanía, la pirueta del actual abogado de Ernestina Herrera de Noble, el ex juez federal, Gabriel Cavallo, que fue el primero en declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2001, para ser el abogado de Clarín en la investigación sobre los hijos adoptivos de la dueña del multimedio. Pese a su juventud, Aguilar fue juez federal en Jujuy, tuvo en sus manos la causa en la que se investigan precisamente las detenciones y desapariciones en el Ingenio Ledesma y antecedió en el cargo a Olivera Pastor. Es que tras su renuncia a la magistratura le cayeron dos ofertas tentadoras. Ocuparse de la suerte judicial del titular del directorio del grupo Ledesma y obtener una asesoría de parte del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey –de quien fuera amigo adolescente– en “temas jurídicos, de administración general y derechos humanos”. Así lo señala el decreto 1261/09 del 9 de abril de 2009 y su prórroga por un año rubricada bajo el decreto 1443/10, un año después. Aguilar conoce el paño de los pasillos del poder judicial, político y económico.

Aires de justicia. El 16 de abril desde Tucuman llegó el juez federal Fernando Poviña y en poco más de un mes tomó mas medidas procesales en la causa que sus dos antecesores. “Nos parece un juez probo por la forma en que ha movido el expediente”, señala a Miradas al Sur el abogado Pablo Pelazzo querellante de los organismos de derechos humanos jujeños. “De todas maneras por las palabras de Aguilar, Blaquier piensa presentarse ante el juez cuando le dé la gana. Reclamamos dos veces la detención de Lemos y Blaquier y ya el lunes pasado solicitamos su detención internacional porque consideramos que obró de mala fe para salir del país, sin avisar al juzgado y sabiendo que iba a ser citado”, asegura Pelazzo. El 12 de julio comenzará el primer juicio oral en Jujuy con apenas cuatro acusados: los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Rafael Mariano Braga, Antonio Vargas y José Bulgheroni. El testigo más importante será Hugo Condorí, único sobreviviente de la dirigencia gremial diezmada por la dictadura. La semana pasada intentaron secuestrar a uno de sus nietos que pudo zafarse de quien lo llevaba por la fuerza. “Hicimos la denuncia ante la policía, la fiscalía y el gobierno provincial y ahora tenemos custodia”, señala a Miradas al Sur.

¿Qué le imputa Condorí a la empresa Ledesma para considerar que fue cómplice de la desaparición, cárcel y asesinato de sus compañeros? “Desde la intervención del sindicato en 1975 por autorización del Ministerio de Trabajo y con la complicidad del gobernador Carlos Snopek, se produjeron hechos de represión en el ingenio en los que actuaron las policías Provincial y Federal, la Gendarmería y el Ejército, y todos utilizaron infraestructura y automóviles de la empresa para movilizarse dentro y fuera del ingenio. Todos ellos sabían”. Condorí fue detenido durante el gobierno de Isabel Perón en 1975 y permaneció preso durante la dictadura militar. “La represión llegó a Jujuy mucho antes del golpe. En 1971 ingresó al directorio de la empresa el brigadier Martínez, como era costumbre en esos años cuando se colocaba un militar en el directorio de las grandes empresas, y ya hubo acciones de inteligencia y represión sobre los obreros”, explica Condorí. Para el abogado Pelazzo la relación entre el Ingenio Ledesma y el ejército se remonta a los últimos años del siglo pasado. “Poco antes de 1890 fue el ejército el que se encargó de reclutar por la fuerza a los indígenas para trabajar como esclavos en el ingenio. Y fueron las Fuerzas Armadas las que en 1976 se encargaron de imponer por la fuerza el nuevo orden esclavo en el ingenio a instancias de la patronal encabezada por Blaquier”.

“¿Sabe qué da más bronca?”, pregunta Condorí. “Que todavía andan por ahí quienes hablan de la teoría de los dos demonios. En Jujuy nunca hubo dos demonios, ni actividad guerrillera con enfrentamientos y combates. Lo que hubo fue una defensa de parte de quienes se sintieron despojados de sus derechos. Es muy duro ver y padecer las injusticias. Y cada uno sabe cómo reacciona para defenderse con sus armas: el derecho de huelga, la protesta, una manifestación o lo que crea conveniente para hacer frente a esa serie de actos injustos que someten al pueblo.” ¿Volverá Blaquier para presenciar el comienzo del juicio en la mañana del 12 de julio?

BLAQUIER

El tipo, uno de los empresarios más poderosos del país, esquivó esta semana una cita que pensaba no tener nunca: con la Justicia, para dar explicaciones por las desapariciones de la Noche del apagón, ocurrida hace 36 años. Carlos Pedro Blaquier debía declarar el jueves ante un juez federal de Jujuy. No lo hizo. Alegó que está en tratamiento por problemas cardíacos. Durante dos días no se supo de él, sólo que el 15 de abril había salido del país. Ayer, uno de sus abogados confirmó lo que se sospechaba: Blaquier está en Europa haciéndose estudios médicos.

A BLAQUIER SE LE VINO EL APAGÓN

Carlos Pedro Blaquier Estrugamou vive en La Torcaza, sobre la avenida Sucre, en una de las mansiones más impresionantes de las barrancas de San Isidro. Son pocos los embajadores que no hayan pasado por La Torcaza. En el inmenso salón comedor, Blaquier suele sentarse en la cabecera y alterna poemas, chistes verdes y loas al rey de Francia Luis XIV y a Julio Argentino Roca. Los invitados, de regalo, muchas veces se llevan un librito con los detalles de la mansión.

LEDESMA: LA MADRUGADA DEL APAGÓN

Las coincidencias son estremecedoras. Treinta y cinco años atrás, los camiones del Ejército, de la Gendarmería y del Ingenio Ledesma salieron a cazar obreros y militantes amparados en la noche. Tomaron la precaución de cortar el suministro eléctrico. Fue un 27 de julio de 1976. Cuatrocientas personas fueron a parar a un campo de concentración improvisado en terrenos del Ledesma.

UN EX JUEZ IMPLICADO Y COMPLICADO

Araíz de la publicación de Miradas al Sur sobre la participación del ex juez federal Manlio Torcuato Martínez en los centros clandestinos de detención en Tucumán, y de haber cajoneado más de 350 habeas corpus por personas detenidas y desaparecidas, durante su paso en tribunales federales en la dictadura, la unidad fiscal de seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos, a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, pidió la indagatoria del funcionario judicial al juez federal Nº1 Daniel Bejas, que lo citó a declarar en la semana que pasó.

EL SEGUNDO DEMONIO: LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA

Las fechas, los aniversarios, cargan con la potencia de lo simbólico. Pero este 24 de marzo no fue un aniversario más del golpe. Por muchas razones, que exceden a la cifra redonda de los 35 años transcurridos desde 1976. En este último año, la dictadura dejó de ser exclusivamente militar para encontrar en el discurso y en los hechos que producen la memoria y la justicia su verdadera entidad, lo que realmente fue y sigue siendo: una dictadura cívico-militar que intentó aniquilar a parte de un grupo nacional, a un sector de la sociedad argentina.

EL JUEZ QUE INTERROGABA EN LOS CHUPADEROS

El pasado 17 de abril, este diario abordó el tema de las complicidades del sistema judicial durante la última dictadura militar. En línea con aquella nota, Miradas al Sur accedió de manera exclusiva a las actas labradas por un ex juez de instrucción durante la represión ilegal. El funcionario judicial Manlio Martínez tomó declaraciones a testigos en centros clandestinos de detención como la tenebrosa escuelita de Famaillá, mientras el genocida y represor Antonio Domingo Bussi gobernaba la provincia.

Fuente: Miradas al Sur


Firmas: 0

Foro

Fecha Nombre Mensaje