Plataforma Argentina contra la Impunidad
Derechos Humanos
Justicia

TUCUMÁN: SENTENCIA JUICIO JEFATURA II ARSENALES II

Justicia o impunidad: Poco para tanto horror: 4 perpetuas y 4 absoluciones
Domingo 15 de diciembre de 2013.

En la megacausa “Jefatura II - Arsenales II”, el Ministerio Público Fiscal había pedido condenas a perpetua para 33 de los 37 imputados. El juez Juan Reynaga votó por ellas, pero sus colegas Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas las impidieron en casi todos los casos.

La noticia de la sentencia en la megacausa “Jefatura II-Arsenales II” no fue la condena de 37 represores sino las absoluciones y las reducidas penas resueltas por el tribunal. Sólo cuatro condenados a perpetua, cuando la fiscalía había pedido esa pena para 33 de los 41 imputados. Otros cuatro acusados fueron absueltos, en aplicación del “principio de la duda”, pese a que para dos de ellos también se había solicitado perpetua. Un solo militar del Ejército fue condenado a perpetua, de los 11 para los que se había pedido la pena máxima.

La disparidad de opiniones para evaluar las pruebas presentadas y las sentencias resueltas por la Justicia no solo era patrimonio de los familiares de las víctimas y los militantes de organismos de derechos humanos al terminar la audiencia el viernes pasado. El propio Tribunal Oral Federal exhibió una llamativa disparidad de criterios: dos de sus integrantes –Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas– impusieron sus puntos de vista que arrojaron las condenas y absoluciones resueltas, en tanto el tercer integrante, Juan Carlos Reynaga, votó en disidencia en la mayoría de los casos, inclinándose siempre por votar las penas solicitadas por la fiscalía. El Ministerio Público Fiscal había pedido 33 condenas a perpetua, las que en su totalidad apoyó el juez Reynaga. Sus colegas impusieron su criterio y sólo concedieron cuatro. Lo más llamativo fueron las absoluciones del sacerdote José Mijalchik y el escribano Juan Carlos Benedicto. La presencia del cura en el centro clandestino fue probada con el testimonio de varios sobrevivientes. Además, su vínculo con los represores quedó en evidencia cuando el ex detenido desaparecido Juan Carlos Clemente reveló documentos que había sustraído durante su cautiverio en la Jefatura de Policía. Allí había varios papeles escritos de puño y letra por Mijalchik, quien al ser consultado por el periodismo dijo que “eso es una cuestión de los zurdos”. Benedicto era un joven militante de grupos de ultraderecha que fue reconocido por los testigos como integrante de una patota secuestradora y torturadora que en la ex Colonia de Menores (El Reformatorio) mató a golpes a varios prisioneros en represalia por un supuesto atentado terrorista que está probado cometieron los propios integrantes de la inteligencia militar.

Mijalchik es sacerdote de la parroquia Cristo Obrero, ubicada en una populosa barriada de las afueras de San Miguel de Tucumán, vecina de lo que fue el centro de exterminio del Arsenal. No es un curita de barrio, como pretendieron mostrar sus defensores: distinguido por el Vaticano, que lo nombró “Prelado de su Santidad”, presidió en los últimos años la ceremonia más importante de la feligresía católica provincial, la procesión que cada 24 de septiembre se hace para honrar a la Virgen de la Merced y recordar la Batalla de Tucumán. La fiscalía había solicitado para él una pena de 15 años de cárcel. Reynaga votó por una condena de 10 años. Fue absuelto por el voto de Casas y Jiménez Montilla.

La escribanía del civil absuelto, Juan Carlos Benedicto, es una de las más importantes de Tucumán. Entre sus clientes figuran grandes empresas locales y nacionales y reparticiones del Estado provincial. El Ministerio Público había pedido para él prisión perpetua. Jiménez Montilla y Casas lo absolvieron, en tanto Reynaga votó por su condena a 15 años de cárcel. Ni tuvieron en cuenta que se escapó cuando estaba encarcelado y permaneció prófugo durante seis meses, hasta que fue apresado en Paraguay. La certeza que tenía Benedicto sobre su culpabilidad, motivo de su fuga, no rozó la sensibilidad de la mayoría del tribunal.

A pesar de la bronca, el dolor y la impotencia que desde el viernes embargan a los sobrevivientes y familiares de las víctimas cuyos casos se ventilaron en este juicio, los integrantes del Ministerio Público y los abogados de la querella estiman positivo que se haya condenado a la mayoría de los acusados. También consideran apelar ante la Casación, apoyados en el voto y los fundamentos del doctor Reynaga. Sin embargo, hay que tener muy presente que la influencia del integrismo católico en Tucumán es muy poderosa y tiene una presencia significativa en la vida de la provincia, atravesando todos los estamentos sociales, incluida la Justicia. Párrafo aparte merece la actuación de una abogada de la querella, que con sus cuestionamientos a cuatro de los más importantes testigos, brindó argumentos a los abogados defensores para poner en duda sus declaraciones. Justamente, el beneficio de la duda generada de esa manera fue determinante para que los jueces dictaran las absoluciones.

Las condenas.

Lo más significativo de la sentencia es que los imputados deberán cumplir sus condenas en cárcel común, salvo un par de excepciones por motivos de salud.

El militar Luis Orlando Varela, condenado a perpetua, fue reconocido por los testigos como el jefe de la patota que, operando desde el Arsenal, se denominaba “Grupo Calle”. Lo conocían con el sobrenombre “Naso” y pertenecía al Destacamento 142 de inteligencia.

Los otros tres sentenciados a perpetua fueron los policías provinciales Roberto Albornoz, Luis de Cándido y Ricardo Sánchez, que ya habían sido condenados en juicios anteriores. Albornoz (a) “Tuerto” fue el jefe del SIC (Servicio de Información Confidencial), en cuya sede en la Jefatura de Policía funcionó un centro clandestino de detención desde fines de 1974. Tres militares que oficiaron como supervisores del SIC (Mario D’Ursi, Luis Ocaranza y Jorge Lazarte) fueron condenados a 12 años el primero y a 10 años los otros dos.

También fueron condenados otros militares: Adolfo Ernesto Moore y Ramón Alfredo Ojeda Fuente (20 años), Fernando Torres, Camilo Colotti y Ramón Ernesto Cooke (16 años), Hugo Enzo Soto y Pedro Osvaldo Caballero (15 años) y Ariel Osvaldo Valdivieso y Carlos Eduardo Trucco (14 años). Todos los gendarmes condenados tuvieron activa participación en los crímenes cometidos en el Arsenal: Alberto Héctor Montes de Oca, Benito Palomo, Marcelo Omar Godoy, Ernesto Rivero y Tomás Adolfo Güemes (18 años) y Juan Carlos Sowinsky (17 años). Inexplicablemente, el gendarme Celso Alberto Barraza fue absuelto, a pesar del reconocimiento efectuado por una ex prisionera que lo identificó en el Arsenal porque lo conocía por vínculos familiares.

Los policías provinciales condenados lo fueron por su actuación en el centro clandestino que funcionó en el SIC: Juan Alberto Abraham, Rolando Reyes Quintana, Hugo Javier Figueroa, Félix Insaurralde, Oscar Humberto Gómez, Antonio Vercellone y Ángel Custodio Moreno (16 años), Guillermo Agustín Ugarte (15 años), Miguel Chuchuy Linares (14 años), Ramón César Jodar (12 años), María Luisa Acosta de Barraza y Pedro Joaquín Pasteris (10 años) y María Guerra (2 años). Esta última fue condenada por apropiación de la vivienda en la que vivía Diana Oesterheld, hija del recordado autor de El Eternauta. Ella y su marido fueron secuestrados, pero lo Justicia no consideró pertinente vincular el delito ahora penado con apenas dos años de cárcel y sus desapariciones.

En esta megacausa fueron procesadas 41 personas acusadas de haber cometido delitos de lesa humanidad: homicidios agravados, torturas, abusos deshonestos y violaciones agravadas, allanamientos ilegales de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios calificados en perjuicio de las 208 víctimas cuyos casos fueron probados en el debate.

El centro clandestino de detención que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán, fue el centro de exterminio más grande que existió en el país durante el terrorismo de estado. Los crímenes allí cometidos están probados, a punto tal que es el único lugar de esas características donde se encontraron fosas con restos identificados por la encomiable labor del Equipo Argentino de Arqueología Forense. Se calcula que más de mil personas fueron asesinadas allí.

El resultado del juicio oral parece poco para tanto horror.

Fuente: Miradas al Sur, Domingo 15 de Diciembre de 2013

En la imagen: El cura José Mijalchik se rió obscenamente al conocer el fallo absolutorio.

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